REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria.
En 2018 cumplimos 58 años de publicación contínua en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs

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jueves, 21 de febrero de 2019

la discusion por el proyecto de nuevos derechos de pesca en la anchoveta para CHI


La publicación del proyecto de norma que modifica los derechos de pesca de anchovetas para CHI ha generado una interesante polémica. El cambio de proyecto de un día para otro genera críticas  porque sugiere que la primera publicación no fue debidamente revisada y/o que su publicación originó que se disponga, por alguna razón, un cambio en la página 17 y 18 reemplazando los porcentajes y una nueva publicación, lo que política y mediáticamente no se ve bien.

Existe insuficiente claridad en la exposición de motivos de la norma, que es un documento técnico pero poco comunicador. No todo se explica en términos económicos, sino que se requiere una explicación simple también, sobre todo cuando se tenía que haber intuido que se generarían suspicacias alrededor de un tema sensible como son los derechos de pesca.

La exposición de motivos desliza, sugiere o deja abierta a la interpretación y/o especulación, que con esta norma se pretendería incluir el pago del Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo a través de Empresas Certificadoras/Supervisoras y del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), en los derechos de pesca, lo que conlleva a deducir que los administrados ya no realizarían esos pagos directamente a los proveedores de dichos servicios. De hecho muchos piensan que es el propósito de la norma. 

Textualmente, la página 9 dice “un factor determinante para el pago por derecho de pesca resulta ser la demanda de recursos que exige la gestión de la pesquería más grande del mundo, la cual requiere llevar a cabo actividades de monitoreo, investigación, regulación, supervisión, promoción de la actividad, entre otros. Esto último queda reflejado en el numeral 3.2 de reglamento de la Ley General de Pesca el cual indica que los gastos que el Estado efectúa para garantizar la conservación y aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos (…) constituyen parte de los costos de explotación de los recursos renovables y, consecuentemente, son cubiertos con el pago de los derechos de pesca (…)”  Al introducir este texto, ¿se pretende invocar a esta norma para asumir que el Estado asuma el pago directo del Programa de vigilancia y control?

Si esa es la intención debe decirse claramente y sin timidez, porque si los números son correctos, el hecho no tiene nada de malo, sino que por el contrario avanzaría hacia una simplificación de las tasas que paga la industria. Simplificar los pagos que hace el industrial es correcto, pero además ofrece la ventaja de que la industria dejaría de pagar directamente al costo de la supervisión y control a la empresa y el pago lo asume directamente el Estado, o sea PRODUCE. De alguna manera el Estado recupera el control del circuito de pagos a los programas y sistemas de vigilancia y control reduciendo riesgos de corrupción.

El DL 1084, en su art. 33.3: Los establecimientos pesqueros que procesen los recursos extraídos sobre la base de un LMCE sufragarán el costo de las labores de certificación, de vigilancia y control que desarrollen la(s) empresa(s) seleccionada(s) de acuerdo con los parámetros y procedimientos que se establezcan mediante Reglamento”. 

Por tanto cuando en el análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional se dice que no se modifica o deroga otro dispositivo normativo, no es tan exacto. Hay que considerar que el reglamento de la Ley de Pesca es más antiguo que la Ley del canon pesquero y que el DL 1084. Salvo que hubiese una interpretación legal que diga que el pago puede ser indirecto a través de los derechos de pesca, ocurre que estos no son pagados por los establecimientos pesqueros, sino que los sujetos del pago son los armadores. Por tanto, el DL 1084 tendría que modificarse en el párrafo mencionado. Este detalle no es parte de la exposición de motivos que se explaya en conceptos generales en sus primeras páginas pero omite este análisis, salvo que no sea la intención de la norma; pero si así fuese ¿para que se menciona el punto? Estas son las cosas que opacan la sustentación de la norma y la tiñen de un matiz de color gris.

Los cálculos y cifra podrían ser válidos para la empresa que tiene flota y planta, más no así para los armadores que solo poseen embarcaciones y no tienen que pagar al Programa de Control y Vigilancia, como es el caso puntual y principal de los armadores de Ley 26920, la flota llamada vikinga. Esa flota tendría que tener una tasa diferente.

Se deben mencionar con claridad y mostrar más didáctica y ampliamente los números en el punto de absorber los pagos del SISESAT y del Programa de Control y Vigilancia para convencer de que la nueva tasa incluye el pago neto de derechos de pesca, el pago al SISESAT y al Programa de control y vigilancia, (si realmente esta fuese la intención del Ministerio) por lo cual ya no procede que las empresas efectúen esos pagos directamente al proveedor. Debe demostrarse que no hay una rebaja, sino que la tasa se mantiene y que más bien hay un aumento disponible para su empleo por PRODUCE, o no.

Debe expresar con claridad en cada escenario ¿Cuánto queda disponible de la recaudación de derechos de pesca una vez deducido el 50% que se transfiere al MEF para el canon pesquero, el pago del SISESAT y el pago Programa de Vigilancia y Control? (Si fuese ese el espíritu de la norma).

En la página 18 dice “es por esta razón que se considera un pago de derecho mínimo de 0.39% del valor FOB del precio de la harina de pescado con el objeto de que el derecho recaudado en un escenario bajo cubra el costo del Programa de Vigilancia y del SISESAT. Sin embargo, cabe acotar que actualmente el costo del Programa y del SISESAT no se financia con el derecho de pesca recaudado. De cubrirse dichos aportes con el derecho de pesca, se deberá evaluar lo dispuesto en la Ley del Canon Pesquero”. Pero ¿Por qué decir esto? ¿No se pudo ser más preciso? Nada de lo que dispone la ley de canon pesquero tiene que ver con el motivo de la norma. ¿Qué hay que evaluar?

Este comentario es revelador y a la vez insuficiente porque deja entender que no se tiene una posición y cálculo claros de si los nuevos derechos de pesca cubrirán estos costos o no. Esto debido a que si se quiere incluir estos costos en el nuevo derecho de pesca, debería haber calculado directamente sus recomendaciones con el 50% de la recaudación, porque la ley del canon pesquero le quita el 50% al Ministerio. Por tanto, para el supuesto (porque la norma no lo dice expresamente) pago del programa de control y vigilancia y del sisesat y para uso de PRODUCE de acuerdo a las normas vigentes no se puede estimar con el 100% de la recaudación.

Por tanto, los números pudieran no ser tan claros ni tan sustentadores. Si esta no es la intención, las frases y sustentos de la exposición de motivos deberían ser más cuidadosas y no dejar lugar a que se pueda leer entre líneas o deducir ideas que probablemente no estaba en la intención del redactor del documento. ¿O sí?

Mientras esta demostración aritmética no se haga en forma clara y sencilla y no se digan las cosas sin dejar espacio a interpretaciones erradas, la norma generará suspicacias, debates alejados de objetividad, reclamos, quejas y conflictos, que es lo que menos que le interesa tener al Gobierno.

La página 8 ratifica un concepto conocido al decir que “la anchoveta en sus estado natural es de propiedad de la Nación”.  Por tanto no es propiedad de los armadores pesqueros ni de los pescadores, sino de todos los peruanos, quienes legítimamente representados por la autoridad de pesquería esperan una justa participación en el negocio pesquero, que no necesariamente tiene que estar vinculada a la renta económica. El impacto sobre el ecosistema se produce en el momento de la extracción de la anchoveta y en ese momento tiene un costo que no se ha calculado. Vincularlo al mercado significa que el precio de haber capturado el recurso depende del mercado. Creo que son cosas independientes, porque forzando el escenario ¿Qué pasa si por alguna razón los precios bajan a mínimos? Se pagaría menos derechos de pesca, mientras que si los precios son altos se pagaría más. Pero ocurre que el acto propio de la captura y extracción es similar en ambos escenarios y no tienen relación que los vincule con el precio del mercado de la harina elaborada con esa anchoveta.

El tema que no se analiza es ¿Cuál es el valor de la anchoveta en el agua? Hoy día en este sistema, es cero. Debería asignársele un precio, que es el que el armador debería pagar.

Por otro lado:
·       En la hoja de cálculo que se encuentra con la exposición de motivos, no se han puesto las fórmulas, sino los resultados, lo que dificulta hacer el seguimiento de los cálculos efectuados.
·       En la hoja de estructura de costos menciona como costos semi variables para la flota de acero el mantenimiento correctivo del aparejo y servicios de muelle. Pero no aplica esos conceptos para la flota de madera. ¿Es correcto esto? ¿La flota de madera no hace mantenimiento correctivo de aparejos y no paga servicios de muelle?
·       Si la embarcación de acero es propiedad de la planta no paga servicios de muelle y si no lo es ¿sí paga mientras que la de madera no?
·       La supervisión de la descarga la considera como costo de la flota de acero más no de la de madera. ¿Se refiere a los supervisores del Programa de Vigilancia y Control? Si es así, el costo lo asume la planta que recibe la descarga  y la procesa y no la embarcación, de acuerdo a lo que dice el DL 1084. Entonces ¿por qué lo carga a la E/P de acero?


Marcos Kisner Bueno
Presidente Revista Pesca

lunes, 18 de febrero de 2019

NOVEDADES EN LOS DERECHOS DE PESCA DE ANCHOVETA


Para Consumo humano indirecto

La Resolución Ministerial  055-2019-Produce, publicada en el diario oficial El Peruano, dispone publicar el proyecto de “Decreto Supremo que modifica los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo  0122001-PE”

En la parte considerativa de la norma se indica que resulta necesario modificar los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo  012-2001-PE, a fin de establecer un nuevo mecanismo para el cálculo de los derechos de pesca por la explotación de recursos con destino al consumo humano indirecto.

Se proponen tasas diferentes en función de los volúmenes de desembarque:

ü  Igual o menor a 3.1 millones de toneladas, será el equivalente al 0.39% del valor FOB de la harina de pescado.
ü  Mayor a 3.1 millones de toneladas y menor o igual a 3.6 millones de toneladas será el equivalente al 0.51% del valor FOB de la harina de pescado.
ü  Mayor a 3.6 millones de toneladas y menor o igual a 4 millones de toneladas,  será el equivalente al 0.75% del valor FOB de la harina de pescado.
ü  Mayor a 4 millones de toneladas,  será el equivalente al 0.98% del valor FOB de la harina de pescado.
S
    Sin embargo, estas cifras que se encuentran en la pagina 18 de la exposición de motivos no son coherentes con la tabla de la página 19 del mismo documento. Debe definirse cual es la válida.


Para consumo humano directo

Por otro lado, la RM N° 044-2019-PRODUCE del 13 de febrero, dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el ROP del recurso anchoveta para consumo humano directo, aprobado por DS N° 005-2017-PRODUCE.

Esta modificación se introduce en cumplimiento de la quinta disposición complementaria transitoria del ROP del recurso anchoveta para consumo humando directo, aprobado por DS N° 005-2017-PRODUCE, que dice que los titulares de permiso de pesca para operar embarcaciones de menor escala están exonerados del pago de derechos de pesca hasta el 31 de diciembre de 2018.

En función a lo expuesto, el proyecto de norma fija el derecho de pesca de anchoveta destinada al CHD en 0.20% de la UIT para los armadores de las embarcaciones pesqueras mayores a 32.6 metros cúbicos de bodega y las comprendidas en el numeral 1.2 del inciso a) del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado con DS N°012-2001-PE, que dice:

“1.2. Menor escala: la realizada con embarcaciones de hasta 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega, implementadas con modernos equipos y sistemas de pesca, cuya actividad extractiva no tiene la condición de actividad pesquera artesanal”.


miércoles, 30 de enero de 2019

Revista Pesca febrero 2019: editorial


La gestión de los recursos pesqueros tiene que hacerse sobre la base de información técnica y científica adecuada. Promocionar el consumo de productos pesqueros es beneficioso dentro del concepto de seguridad alimentaria; pero estimular o incentivar la actividad extractiva sin saber certeramente si el ecosistema marino de Humboldt y los ríos, lagos y lagunas peruanas admiten mayor esfuerzo pesquero, se convierte en una promoción irresponsable.
No solamente para ejecutar programas de incentivos es preciso conocer los límites sanos de extracción de los hábitats de los recursos pesqueros, sino también para efectos de su regulación. La fijación de cuotas o límites a la extracción de todos los recursos, así como su administración,  necesita investigación adecuada y que sea pública.
En este sentido la información científica disponible por la comunidad pesquera peruana ¿es suficiente? La data actualmente existente y proporcionada por el ente científico ¿permite realmente regular la extracción debidamente?
El establecimiento de cuotas individuales de pesca para la anchoveta y la merluza fue facilitado debido a que ambos recursos habían sido exhaustivamente estudiados por años y se tenía abundante información sobre los mismos, así como una data precisa sobre el tamaño de la flota pesquera dedicada a su extracción.
Algo similar podría decirse del jurel y caballa; pero ¿es la misma situación con los demás recursos donde la dimensión de la flota no es muy precisa y además existe un alto componente de informalidad?
El discurso político no es suficiente. Para ir hacia la sostenibilidad se necesita información científica sólida, no solamente de la anchoveta, sino de todos los recursos. Para obtenerla es necesario hacer investigación.
No se puede gobernar, administrar ni ordenar lo que no se conoce. Mientras no conozcamos a profundidad nuestros recursos pesqueros, sus biomasas, los límites máximos de extracción de cada recurso, y sus períodos de desove para fijar vedas, el ordenamiento seguirá siendo un componente más de declaraciones líricas en los discursos políticos.
Un país sin visión del largo plazo, sin objetivos que se respeten de un gobierno al siguiente, solo creará agendas de corto plazo sin garantía alguna de continuidad ni éxito. Pensar en la conveniencia del momento, relegando la necesidad e importancia del planeamiento integral y de largo plazo es lo que está dañando a la República y a su pesquería desde hace mucho tiempo.

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes, que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas publicadas.

Siendo la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común, la Revista Pesca pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual. Se publica en forma mensual, en formato digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector  pesquero y mantenerse informado sobre su temática.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a FEBRERO 2019 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.


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lunes, 28 de enero de 2019

Para mejor entender la problematica de los derechos de pesca en el Perú


Se afirma que la industria de anchoveta para CHI está grabada con una serie de sobrecostos que ponen en riesgo su propia existencia, razón por la cual los derechos de pesca no deben ser incrementados.

Debe recordarse que algunos de esos “sobrecostos” fueron creados por el DL 1084, norma que hasta donde podemos recordar no fue elaborada por el Ministerio de la Producción sino por la Consultora Apoyo, quien realizó el estudio que finalmente sustentó la propuesta de norma. Este hecho, en su momento, generó la polémica sobre quién fue la entidad que realizó el pago por este servicio, puesto que no había evidencia de que haya sido efectuado por el Ministerio.

Se puede suponer, presumir, o especular que fue la propia industria quien presentó la propuesta de norma a través del estudio formulado por Apoyo. Por tanto, los sobrecostos que se generaron contaron con la aprobación de la industria. Reclamar o expresar una queja hoy, a once años de la promulgación de la norma, no pareciera ser totalmente pertinente para cuestionar la propuesta de incremento de los derechos de pesca de anchoveta para la elaboración de harina. Si hoy se critica la existencia de algunos sobrecostos, como los generados por el DL 1084, debería tomarse en cuenta que fueron propuestos o aprobados por la misma industria en 2008.

ANTECEDENTES
El DL 1084 creó el aporte al FONCOPES y el pago del US$ 1.95 por TM de anchoveta desembarcada como aporte social de carácter temporal destinado al Fondo Intangible constituido para apoyar la solución definitiva del sistema de jubilación vigente de los pescadores. También establece el pago al sistema de control y vigilancia privado que se establece en la norma.

Los dos primeros deberían haber cesado al cumplirse los diez años de su vigencia, tal como establece la primera disposición final de la misma. El último sigue vigente.

La primera disposición complementaria final del reglamento del DL 1084 dice a la letra: “Del aporte social de carácter temporal destinado al Fondo Intangible constituido para apoyar la solución definitiva del sistema de jubilación vigente de los pescadores. Los Establecimientos Industriales Pesqueros - EIP obligados a pagar el aporte social de carácter temporal previsto en la Primera Disposición Final de la Ley, destinado a la creación de un fondo intangible que solucione definitivamente el problema existente en el sistema de pensiones de los pescadores (jubilados actuales y futuros), deberán presentar ante la entidad Fiduciaria la Liquidación Mensual expedida por el Ministerio de la Producción en la que se detallen las toneladas métricas descargadas de los Recursos extraídos en el ámbito geográfico de aplicación del mecanismo de ordenamiento pesquero establecido por la Ley”
La ley 30003 que establece otro aporte para la jubilación de los pescadores industriales, es una norma emanada del sector Trabajo y no Producción, que también puede considerarse que constituye un sobrecosto. El REP es el Régimen Especial Pesquero, regulado por la mencionada ley y que es administrado por la Oficina de Normalización Previsional – ONP. Este régimen tiene en cuenta la estacionalidad y el riesgo propio de la actividad pesquera en el país, así como los aportes que efectúen los trabajadores pesqueros y armadores.
En el Convenio Colectivo contenido en la “Acta” del 12 de Junio de 1985, refrendado por la Resolución Sub Directoral Nº 280-85-ISD-NEC de fecha 13 de Junio de 1985, levantada por ante la Primera Región de Trabajo y Promoción Social de ese entonces, se estableció acordar:
“PRIMERO: Las partes convienen, por la pesca descargada en las Plantas de PESCA PERU en todo el litoral, como participación de pesca, el pago de la contraprestación por tonelada métrica de pescado a la tripulación de cada embarcación, con el 22.4 % establecido sobre el 10 % de la cotización C&F Hamburgo, República Federal Alemana, Información Reuter, de la Tonelada Métrica de harina de pescado, menos US $ 30.00 por concepto de flete, de acuerdo con las normas legales vigentes y los Convenios suscritos por los Armadores y Pesca Perú.”; y,
“SEGUNDO: “Los Armadores convienen, que por la pesca descargada en las Fábricas Conserveras a partir del 1º de Junio del presente año, pagarán el 22.4 % de la participación correspondiente a la tripulación, sobre el 8.50 % del precio de la tonelada métrica de harina de pescado según la cotización C&F Hamburgo , República Federal Alemana, Información Reuter, menos USA $ 30.00 Dólares por concepto de flete, de acuerdo con las normas legales vigentes y los convenios suscritos por los Armadores.”.
En 1988 el flete subió a US$44.00, lo que afectó negativamente al trabajador.
Para compensarlo se estableció un aporte de US$0.26 por TM desembarcada que sería abonado a la CBSSP a fin de incrementar el fondo de jubilación. Esto se mantuvo hasta el año 2002, cuando la CBSSP fue disuelta.
Los US$ 0.26 por TM de anchoveta descargada fueron restituidos por la Ley No. 28193 el 20/3/2004 y su modificatoria, la Ley No. 28320, a partir del año 2004 que constituye una contribución de las empresas industriales pesqueras al Fondo de Jubilación del Pescador que administra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador - CBSSP; hasta la promulgación de la Ley 30003 el 21/3/2013, que deroga el aporte obligatorio regulado por el literal b) del artículo 3 de la Ley 28193, ley que prorroga el plazo de vigencia del Comité Especial Multisectorial de Reestructuración de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, modificado por la Ley 28320, así como toda norma referida a la CBSSP que se oponga a lo establecido en la Ley.

El aporte extraordinario a favor del Fondo Extraordinario del Pescador (FEP), cuyo fin es financiar la Pensión de Rescate Complementaria, la Transferencia Directa al ex Pescador (TDEP) y el Régimen Especial de Pensiones para Trabajadores Pesqueros, administrado por la ONP (REP) de US$ 1.40 por TM de los recursos hidrobiológicos capturados y destinados al CHI o al CHD, fue introducido por la Ley N° 30003 para las embarcaciones pesqueras de mayor escala a partir de abril de 2013. Su recaudación está a cargo de la SUNAT, quien lo transfiere al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) en forma mensual.
La Ley N°30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 en su segunda modificación complementaria modificatoria, modifica el artículo 31 de la Ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los trabajadores y pensionistas pesqueros, de acuerdo al siguiente texto:
-     “Artículo 31.- Creación de aporte a cargo de los armadores. Créase a cargo de los armadores de embarcaciones pesqueras de mayor escala, a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, un aporte obligatorio de determinación mensual a favor del Fondo Extraordinario del Pescador (FEP), equivalente a S/. 3,92 (TRES Y 92/100 NUEVOS SOLES) por cada tonelada métrica de los recursos hidrobiológicos capturados y destinados al consumo humano indirecto o directo en el mes respectivo.
-     Mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas podrá modificarse el monto fijo del aporte señalado en el párrafo anterior, previo estudio actuarial, máximo cada dos años, que incluya el total de las prestaciones señaladas en la presente Ley, así como el cálculo de sus probables contingencias; lo que permitirá actualizar las variables paramétricas, manteniendo su equilibrio financiero con el fin de asegurar su sostenibilidad.
-     La recaudación de dicho aporte está a cargo de la Sunat, quien lo transfiere al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR). Los aportes a cargo de los armadores así como las retenciones del aporte a que se refiere el artículo 29 de la presente Ley se rigen por las normas del Código Tributario, debiendo pagarse estas últimas dentro de los plazos establecidos para las obligaciones de carácter mensual.
-     De conformidad con lo que indica el reglamento de la Ley 30003, corresponde a la ONP la administración del REP sujetando sus funciones a lo dispuesto en la Ley N° 28532, Ley que establece la reestructuración integral de la ONP, y sus normas modificatorias y reglamentarias. La ONP también está a cargo de la TDEP, de acuerdo a los procedimientos que se determinen mediante normas complementarias de dicha entidad.
El DOCUMENTO DE TRABAJO N° 002-2016-DECHI, Evaluación de las cuotas individuales transferibles en la pesquería de anchoveta peruana (Engraulis ringens) Stock Norte – Centro formulado por Cesar A. Yonashiro y Noé A. Balbín, funcionarios de la  Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Indirecto del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, menciona que una consecuencia previsible de la disminución de la flota es la disminución del empleo para los tripulantes de embarcaciones pesqueras para consumo humano indirecto. En el DL 1084 se prevé este escenario y se crea el Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero (FONCOPES). Este fondo es financiado por los titulares de los permisos de pesca con un PMCE asignado. Mediante este fondo, los trabajadores o tripulantes de embarcaciones dentro del régimen del DL 1084 tienen acceso a un programa de beneficios y un programa de jubilación anticipada. En ese sentido, con la disminución de la flota pesquera también se debería evaluar si el FONCOPES ha atendido adecuadamente a los tripulantes que han salido de la pesquería.

CONCLUSIONES

En 2008, en el DL 1084 se creó un aporte social de US$ 1,95 por TM por 10 años, a ser realizado por las plantas pesqueras para construir un fondo que permitiese dar un beneficio a quienes luego de la quiebra se quedaron sin pensión. El aporte se podría utilizar una vez que culminase el proceso de reforma integral del sistema de pensiones.

En marzo de 2013 se aprobó la Ley N° 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, mediante la cual se dio la reforma integral al sistema. Por efecto de esta norma, el aporte de los US$1.95 existente en el fideicomiso del Scotiabank fue transferido al FCR en 2014, dado que la aprobación del reglamento de esta ley se dio mediante el DS Nº 007-2014-EF de fecha 15 de enero de 2014.

No se establece en la Ley 30003 ni su reglamento cómo se continuará el aporte del US$1.95 establecido por el DL 1084 por diez años, o sea hasta el 2018, situación que fue subsanada en 2017.

Esta Ley estableció un aporte adicional de S/ 3,92 por TM (originalmente se estableció en US$ 1,40 pero luego fue pasado a soles) de los recursos hidrobiológicos capturados y destinados al CHI o al CHD, para las embarcaciones pesqueras de mayor escala a partir de abril de 2013. Este es un aporte realizad por los armadores. Esta Ley estableció que los trabajadores pesqueros activos podían afiliarse a la ONP o a una AFP, y que los trabajadores pasivos que quedaron sin pensión podrían percibir una prestación económica (transferencia Directa al Ex pescador, que no tiene la naturaleza de pensión).

Cabe resaltar que la industria pesquera aceptó realizar los aportes antes referidos para solucionar el problema originado por la quiebra de la CBSSP, en adición a los pagos que realizó en su oportunidad por estos trabajadores para su seguridad social y a los pagos que realiza por la seguridad social de sus trabajadores activos. No cabría entonces reclamar por su existencia. Lo que cabe es plantear una reestructuración de todos los aportes evaluando la necesidad de eliminar sobrecostos; pero también diferenciando lo que son costos operativos, aportes sociales de lo que son tributos y tasas de libre disposición del Estado a través de la normativa vigente y aplicable.

Es importante destacar que, en el caso de situaciones similares en otros sectores, en que los jubilados han quedado desatendidos, ha sido el Estado quien ha asumido el financiamiento correspondiente para atender su problemática.

En los casos de aportaciones sociales, dado que estas favorecen solo a un sector de los tripulantes de embarcaciones y no a todo el sector, su existencia es discutible. Estos sí constituyen un costo que merece un debido análisis para determinar la naturaleza de su origen y su conveniencia de ser mantenidos dado que no constituyen ingresos a disposición del Estado para beneficio del país en general, sino solo de unos pocos.

Es necesario entender las diferencias entre lo que constituyen tributos recaudados por el Estado a través de sus entidades con normas que regulan su distribución y empleo, de aquellos que son costos operativos propios de la naturaleza de las operaciones pesqueras, como el pago del servicio de la baliza satelital (SISESAT), de la radio baliza, del pago al servicio de vigilancia y control tasas dispuestas por la Dirección de Capitanías y otros.

El ciudadano peruano, propietario del recurso pesquero, recibe un beneficio derivado de la extracción del mismo a través de los tributos como la renta de tercera categoría en este caso y los derechos de pesca. Los demás costos que tiene la industria no benefician al país en su totalidad sino tan solo a las entidades que los administran y a una porción de trabajadores.
Este es el fondo del tema que debe analizarse y replantearse bajo la óptica de que la pesca debe beneficiar a todo el país y no tan solo a unos cuántos, sean entidades públicas o privadas.

LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS DE PESCA

Los “derechos de pesca” deben ser el justiprecio que el extractor paga a la Nación por el privilegio de usufructuar un recurso natural que es propiedad de todos los peruanos. Deben estar vinculados con el impacto que la extracción de peces causa sobre el ecosistema, independientemente de que genere utilidades o no, ya que la extracción se produce en forma independiente de los resultados del balance, el cual está sujeto a otras variables. Se pueden extraer miles de toneladas de peces y perder dinero por una mala gestión, por lo cual no se pagaría impuesto a la renta; pero el impacto generado a la biomasa y al ecosistema permanece, con ganancias o sin ellas. Por ello el concepto de “derecho de pesca” es la única forma con la cual el extractor aporta al país.

Lo sensible del tema es que esta tasa, al provenir de la explotación de un recurso natural que es propiedad de todos los peruanos, debería favorecer a todos. En este contexto, la modificación de los derechos de pesca, aumentando la tasa en el caso de la anchoveta, sin revisar y modificar la normatividad vigente sobre el uso de dichos recursos financieros, resultaría una medida incompleta.

Racionalizar los derechos de pesca implica subir aquellos que deban ser subidos; modificar la normativa asignando pago de derechos de pesca a todas las especies, o a las que contribuyen a la exportación en forma significativa (por lo menos); eliminar los sobrecostos existentes en la industria; modificar la ley del canon y/o la metodología de elaboración de los índices de distribución del canon pesquero; establecer que el destino de los recursos recaudados provenientes de los derechos de pesca solo podrán utilizarse en programas sociales de alimentación, inversión en infraestructura artesanal, o investigación de especies principales que captura la pesca artesanal, mas no en gasto corriente de ningún tipo, bien sea por el Produce o por los gobiernos locales o regionales.

Marcos Kisner Bueno
Presidente de la Revista Pesca