REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria.
En 2018 cumplimos 58 años de publicación contínua en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs

Correo electrónico: revistapesca@outlook.com

lunes, 1 de julio de 2019

Editorial Revista Pesca julio 2019


La pesquería sigue siendo conceptuada como fuente de riqueza vía exportación, negándonos a aceptar que primero debe ser fuente de alimentación nacional y luego ser usada como arma estratégica de negociaciones en un mundo que poco a poco se verá más inundado por el hambre.

El interés nacional requiere que se privilegie la alimentación de la población nacional por encima de todo. Ello impone una adecuada preservación de los recursos pesqueros, del ecosistema y del medio ambiente, de tal forma que se garanticen alimentos, en especial   para la población más vulnerable del país en forma prioritaria.

La crisis mundial de alimentos y el índice de desnutrición de nuestro país, nos obligan a ser totalmente objetivos a fin de proteger los recursos hidrobiológicos que proporcionan alimentación. Estos recursos, además de representar una oportunidad importante para la alimentación, constituyen una reserva estratégica que en el mediano plazo pueden colocar al Perú en una posición ventajosa en términos de abastecedor mundial de alimentos.

El escenario al día de hoy es una herencia de un enfoque que poca atención le ha prestado a la pesca artesanal y al mercado interno y que genera polarización y situaciones de enfrentamiento y conflicto mediático frecuentemente.

El desconocimiento del sector pesquero es compartido por la prensa y por la propia sociedad, y por tanto ambos resultan indolentes al problema. Existe un vacío de conocimiento que es aprovechado para manipular información en uno u otro sentido. El ciudadano común está expuesto a una u otra corriente de opinión sin mayor posibilidad de defensa o de réplica

Conociendo los procesos y el entorno en el cual se describen y analizan algunos aspectos del sector pesquero, se puede percibir mejor el origen y naturaleza de los problemas que se enfrentan para lograr la correcta regulación de la pesquería en el país.

En esta situación, corresponde a cada ciudadano informarse mejor sobre la problemática pesquera a fin de formarse una opinión propia sobre la misma y no dejarse influenciar por la publicidad y los medios.

Solo el análisis individual que nos permita separar la información falsa de la real y la identificación de la insana crítica destructiva, sin fundamento generalmente, nos hará libres para opinar con propiedad sobre la problemática pesquera del país.

Los insultos y la descalificación sin fundamento, que se observan frecuentemente en las redes sociales, no son referentes para formar opinión ni fijar posición.

La revista Pesca nos informa sobre temas del mar y de la pesca. Difunde información e ideas obtenidas de diversas fuentes sobre la pesca en el Perú y el mundo. Intenta contribuir a la formación de opinión propia en base a información diversa.

Se publica en forma mensual, en formato digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector  pesquero.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a JULIO 2019 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.

viernes, 31 de mayo de 2019

Editorial Revista Pesca junio 2019

La extracción de recursos naturales renovables como los pesqueros debe pagar un “justo precio” por el uso de recursos naturales de propiedad pública.

No se puede subordinar tácita o explícitamente el interés público al interés privado. El concepto de Nación y de Estado está ligado a la subordinación de los intereses privados al interés nacional, dentro del marco legal y normativo vigente.

Los recursos pesqueros son valores que no pertenecen al explotador del recurso sino a su dueño, que en el caso de los peces somos todos los ciudadanos a través del Estado que nos representa.

Derechos de pesca no es lo mismo que el impuesto a la renta. Es el justo precio o remuneración que debe recibir el propietario de los recursos naturales, como contrapartida del aporte que éste hace al ceder sus recursos en el proceso extractivo. Así como el trabajador que es dueño de su fuerza de trabajo recibe un salario como retribución a su participación en la producción, y el capitalista una rentabilidad por sus aportes de capital, los dueños de los recursos naturales, deben recibir una retribución justa y consistente con el aporte real que estos recursos hacen a la producción.

Este no es un pago caprichoso para aumentar los ingresos del tesoro público, sino que más bien es un instrumento que permitirá el adecuado balance entre la mortalidad comercial de recursos naturales y los beneficios económicos de las empresas operadoras. Un dividendo por el derecho a explotar un recurso natural, que es de propiedad de todos los peruanos.  Una compensación por los impactos generados sobre el ecosistema y sobre el medio ambiente. Es innegable que el ecosistema marino de Humboldt se impacta por la extracción de un recurso que es importante eslabón de la cadena trófica. Nadie puede evadir el hecho del impacto que la industria causa en las poblaciones costeras a través de los vertidos contaminantes a las bahías y de los humos y olores que afectan a los vecinos de las comunidades en las cuales hay industria. Esos pasivos ambientes no cuantificados aún ¿de quién son responsabilidad y quién va a financiar su recuperación?

El modelo exportador de productos pesqueros se ha ejercido a través de ceder, en forma muy barata y hasta sin costo en muchos casos como los extraídos por la pesca artesanal, la renta de los recursos pesqueros. Se ha creado un negocio para capturar esa renta basado en una materia prima que es casi gratis, que no requiere de inversión, cuidado, mantenimiento ni nada parecido como los recursos agrarios, por ejemplo, o el ganado. Los peces están ahí, no cuesta mantenerlos; pero no por eso pueden ser gratis ni muy baratos tampoco. Sobre todo, porque tienen dueño.


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domingo, 19 de mayo de 2019

EL MARCO NORMATIVO DE LOS PAGOS POR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PESCA Y DESEMBARQUE


El DL 1084 LEY SOBRE LIMITES MAXIMOS DE CAPTURA POR EMBARCACION
LO QUE DICE EN RELACION AL PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA:
Artículo 33. Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo y Sistema de Seguimiento Satelital
1. El Ministerio desarrolla el Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo a través de Empresas Certificadoras/Supervisoras de reconocido prestigio internacional.
Asimismo el Ministerio administra y desarrolla el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT)
2. Mediante Reglamento se establece los criterios y procedimientos específicos para la calificación y designación de las Empresas Certificadoras/Supervisoras, o proveedoras del servicio del SISESAT para su contratación, designación y ejecución de las tareas a su cargo.
3. Los establecimientos pesqueros que procesen los recursos extraídos sobre la base de un LMCE sufragarán el costo de las labores de certificación, de vigilancia y control que desarrollen la(s) empresa(s) seleccionada(s) de acuerdo con los parámetros y procedimientos que se establezcan mediante Reglamento.

EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA
LO QUE DICE EN RELACION AL PAGO DE DERECHOS DE PESCA
DECRETO SUPREMO Nº 012-2001-PE
CAPITULO III DE LOS DERECHOS DE PESCA
Artículo 40.- Pago de derechos
40.1 Los armadores de embarcaciones pesqueras mayores de 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega y las comprendidas en el numeral 1.2 del inciso a) del Artículo 30 de este Reglamento están obligados a pagar los derechos de pesca establecidos en el Artículo 45 de este Reglamento y los que fije el Ministerio de Pesquería en función a cada recurso hidrobiológico no contemplado en dicho artículo.
Artículo 30.- Clasificación de la extracción en el ámbito marino
            La extracción, en el ámbito marino, se clasifica en:
            1.2. Menor escala: la realizada con embarcaciones de hasta 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega implementadas con modernos equipos y sistemas de pesca, cuya actividad extractiva no tiene la condición de actividad pesquera artesanal.
           
Si el DL 1084 dispone que sea el procesador, es decir la Planta, quien paga al programa de vigilancia establecido por dicha norma, ese pago no podría hacerse con cargo a los derechos de pesca, en la medida que el DS 012-2001-PE dispone que el pago de los derechos de pesca compete a los armadores. ¿O sí?
En todo caso han pasado once años casi de la promulgación del DL 1084 sin que este punto haya sido materia de discusión pública.

Sin embargo, “la anchoveta en su estado natural es de propiedad de la Nación”.  Por tanto no es propiedad de los armadores pesqueros ni de los pescadores, sino de todos los peruanos, quienes legítimamente representados por la autoridad de pesquería esperan una justa participación en el negocio pesquero creado en base a este recurso, que no necesariamente tiene que estar vinculada a la renta económica. El impacto sobre el ecosistema se produce en el momento de la extracción de la anchoveta y en ese momento tiene un costo. ¿Cuánto cuesta la anchoveta en el agua?

La problemática de la pesca en el Perú debe definir, por otro lado, el aspecto ético de la extracción. Más allá de los detalles técnicos, normativos, biológicos, ambientales, económicos y cualquiera otro, existe un asunto de ética, moralidad y equidad.

El punto es que los recursos pesqueros no son de libre acceso para cualquiera, de acuerdo al estado de derecho vigente en el País. El capítulo II de la Constitución Política del Perú dice en su Artículo 66°, que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. Y el Artículo 67°dice que el Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

No se trata de introducir aisladamente un incremento del derecho de pesca para la anchoveta a fin de generar recursos para la fiscalización y control. Es algo más complejo que eso; pero además no resuelve el principio ético que debe animar el pago de derechos de pesca.

La actividad pesquera no debería provocar impactos ambientales, sociales ni económicos adversos; pero en la práctica lo hace. En consecuencia, la contribución del sector vía derechos de pesca  debe ser proporcional al impacto que causa sobre el ecosistema y el medio ambiente, y no solamente basarse en la renta económica.

Las evidencias hacen presumir que existe un impacto negativo sobre los recursos marinos y costeros.  Que “el mar peruano es muy rico e inagotable” es un error de percepción, un cliché errado, que promueve un irrefrenable incremento del esfuerzo pesquero y confunde a la opinión pública haciendo más ardua la labor de regulación. 

El mar peruano fue muy rico y abundante para la pesca, hoy ya no lo es. La riqueza infinita del mar peruano ya no es más que un mito.

Las empresas no consideran como un costo el daño ambiental que producen, pues no existen normativas que las obliguen a pagar por su reparación. Así, el límite de su explotación tiene un criterio estrictamente económico.

Cuando una compañía perjudica a la colectividad a través de la contaminación marina provocada por los efluentes y vertidos de las plantas procesadores y de la propia flota pesquera y a través de los humos y olores de las plantas que afectan a las poblaciones circundantes, surgen varias interrogantes: ¿De quién es la responsabilidad jurídica? ¿Quién se hace cargo de la reparación de los daños? ¿Quién tiene que pagar a las víctimas cuando el mal es irreversible?, ¿El pasivo ambiental es una responsabilidad pública o privada? En cuanto a la valoración, ¿cómo determinar el impacto de una actividad contaminante en un contexto complejo y de fuerte incertidumbre?

El pago de un derecho de pesca tiene que involucrar una compensación por ello, sobre todo porque por otro lado, los beneficios económicos del sector pesquero marítimo alcanzan a una fracción mínima de la población costera involucrada y de la ciudadanía peruana, propietaria del recurso.

miércoles, 1 de mayo de 2019

Editorial Revista Pesca mayo 2019

El artículo 4 de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, expresa que “los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o no renovables, son Patrimonio de la Nación”. El artículo 20 dice que “todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. La retribución económica a que se refiere el párrafo precedente, incluye todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales”.

La Constitución Política del Perú dice en su artículo 66: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”.

La Autoridad de Pesquería es la responsable del cumplimiento de la ley en el caso de los recursos hidrobiológicos. Interviene como regulador de la actividad pesquera y administra los mismos en beneficio de los administrados; pero también de las mayorías nacionales.

Una incorrecta gestión de los recursos, que perjudicase gravemente el equilibrio en que viven los recursos pesqueros, tendría graves consecuencias sobre el país, por cuanto la pesca es una parte significativa de la alimentación y del empleo. Existen razones de primer orden, para situar en su punto justo el objetivo de preservar el medio marítimo, para que genere una producción sostenible. Este objetivo debe prevalecer, si entrase en contradicción con el objetivo de maximizar los ingresos económicos a corto plazo, por lo cual en la gestión pesquera debe situarse como objetivo prioritario, mantener pesquerías sostenibles, con el mínimo impacto sobre el medio ambiente marino, fluvial y lacustre.

Para la industria pesquera, la disponibilidad del recurso natural y el acceso a la cuota de pesca es de importancia estratégica. Este acceso estratégico es el que debe ser medido en función de una adecuada participación del país en la renta económica del recurso pesquero. La asignación de cuotas individuales de pesca asigna mayor valor al negocio y le permite mayor eficiencia, por consiguiente, mayor rentabilidad. Por tanto, corresponde una mayor recaudación tributaria y derechos de pesca adecuados.

Para que el Estado pueda actuar garantizado su sostenibilidad, requiere llevar a cabo actividades de monitoreo, investigación, regulación, supervisión y promoción de la actividad, entre otros. Ello implica cobrar lo que deba cobrarse de acuerdo a las facultades que la ley le otorga. El recurso pesquero debe tener un precio. Los peces no pueden ser gratis.

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viernes, 19 de abril de 2019

LOS DERECHOS DE PESCA Y LAS CONTRIBUCIONES LABORALES



DERECHOS DE PESCA

Los derechos de pesca tienen que ser entendidos en su verdadero contexto, a diferencia del impuesto a la renta de tercera categoría, que es una participación en las utilidades empresariales.
Porque ocurre que una empresa puede tener grandes, medianas o pequeñas utilidades; o aún pérdidas. Sin embargo para llegar a cualquiera de esos niveles de utilidad o pérdidas, se ha efectuado una extracción de recursos pesqueros con los efectos inevitables que ello produce sobre el ecosistema y el medio ambiente. Por ese solo acto el Estado merece una compensación adecuada. Los derechos de pesca, en parte, cubren esa utilización de un recurso natural que es propiedad de la Nación. El acto de extracción es independiente del proceso posterior de procesamiento, venta y generación de utilidades o pérdidas y le crea a propietario del recurso extraído un derecho por el uso del mismo.

La pesquería no debe causar pérdidas a la sociedad (contaminación, destrucción de ecosistemas, etc.), sino que debe generar ingresos para la administración, que cede la explotación de un recurso público a un sector de la sociedad, a cambio de un pago que permite la estabilidad de la explotación.

En lo que respecta a los actuales derechos de pesca para Consumo Humano Indirecto, que contempla como único recurso a la anchoveta, éste se ha mantenido inalterable desde la aprobación del Decreto Legislativo N° 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación, el cual estableció un aporte social sobre la base del pescado descargado en los establecimientos industriales pesqueros, con un plazo de duración máximo de diez (10) años a partir de la fecha de entrada en vigencia del referido dispositivo, cuyo plazo venció en junio de 2018.

A este respecto y de acuerdo al reglamento de la Ley General de Pesca, a efectos de contribuir a la investigación, seguimiento, vigilancia, control, el planeamiento del desarrollo de las pesquerías con soporte científico y técnico, evitar la pesca ilegal, incentivar el desarrollo productivo de las actividades de consumo humano y asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, se requiere actualizar los derechos de pesca por la explotación de recursos hidrobiológicos con destino al consumo humano indirecto.

También se debe recordar que el DL 1084, en su art. 33.3 dice: Los establecimientos pesqueros que procesen los recursos extraídos sobre la base de un LMCE sufragarán el costo de las labores de certificación, de vigilancia y control que desarrollen la(s) empresa(s) seleccionada(s) de acuerdo con los parámetros y procedimientos que se establezcan mediante Reglamento”. 

Por tanto, en base a este dispositivo que tiene rango de ley, no puede aplicarse la recaudación de derechos de pesca a pagar este concepto.

Los aspectos de seguridad social no forman parte de los derechos de pesca, por lo cual tampoco deberían mezclarse en este asunto. No corresponde mezclar temas de naturaleza laboral con derechos de pesca.

El aporte del US$1.95 no es materia de discusión puesto que la normatividad vigente no permite utilizar los derechos de pesca para fines de seguridad social ni de jubilación.

La primera disposición final del DL 1084 dice:
“Créase un aporte social de carácter temporal a un fondo intangible destinado a apoyar la solución definitiva de la jubilación de quienes están actualmente adscritos al sistema vigente de pensiones aplicable a los tripulantes pesqueros industriales. Dicho aporte será de cargo y deberá ser efectuado por los titulares de los establecimientos industriales pesqueros para Consumo Humano Indirecto.
El aporte social será equivalente a US$ 1.95 por TM de pescado descargado en dichos establecimientos.
Tendrá una duración máxima de diez (10) años a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente dispositivo y se aplicará en tanto el régimen establecido en la presente Ley permanezca vigente.
Durante el período de vigencia del aporte social obligatorio se mantendrá sin alteración el monto y la forma de cálculo de los Derechos de Pesca por concepto de extracción de los recursos hidrobiológicos destinados al Consumo Humano Indirecto aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 024-2006-PRODUCE”

En junio de 2018 terminó la vigencia de dicho aporte, por lo cual ya no es materia de discusión en el contexto de los derechos de pesca.

Los peces no pueden ser gratis. Siendo la Nación la propietaria de los recursos naturales, no puede entregarlos para su explotación y lucro en forma gratuita. La normatividad vigente establece los procedimientos para asignarles un valor y que el mismo sea cobrado por el Estado en su legítimo rol de administrador de los recursos naturales.

La dificultad está en establecer con precisión el precio de ese derecho de pesca de forma que ni sea tan grande que acabe con la explotación  ni tan pequeño que no haga partícipe del negocio al país. El Estado debe participar en forma justa y equitativa no solamente en la rentabilidad del negocio, sino que, fundamentalmente, debe ser resarcido por los impactos que la pesquería causa sobre el ecosistema y el medio ambiente, los cuales son independientes de la rentabilidad del negocio.

Ningún empresario quedará conforme con cualquier cifra que se establezca por derechos de pesca, lo cual es comprensible. Sin embargo el Estado actúa dentro de las atribuciones que le da el marco normativo vigente. Los peces son de todos los peruanos y no de unos cuantos.

Los artículos 66 a 68 de la Constitución Política del Perú, establecen que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado promover su uso sostenible; y conservación de la diversidad biológica.

Es así, que los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley Nº 26821, establece que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales, mediante el aprovechamiento sostenible de estos, a través de las Leyes especiales sobre la materia, las políticas del desarrollo sostenible, entre otras acciones.

Del mismo modo, el artículo 20 de la referida ley, dispone que el aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales, incluyendo ésta, todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales.

En ese orden de ideas, corresponde señalar que el artículo 2 de la Ley General de Pesca, Decreto Ley 25977, indica que los recursos hidrobiológicos contenidos en aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado regular su manejo integral y explotación racional, considerando que la actividad pesquera es de interés nacional.

Para el acceso a la actividad pesquera y acuícola, la Ley General de Pesca en su artículo 45, señala que las concesiones, autorizaciones, permisos y licencias se otorgarán previo pago de los correspondientes derechos; y que conforme lo establece el artículo 17 de la misma ley, el Ministerio de la Producción destinará de sus recursos propios, parte para fines de investigación científica y tecnológica y capacitación.

En concordancia con ello, el artículo 3 del Reglamento de la Ley General de Pesca establece que los recursos hidrobiológicos, por su condición de bienes patrimoniales de la Nación, son administrados por el Estado, el que debe participar en los beneficios producidos por su aprovechamiento; señalándose además que los gastos que el Estado efectúa para garantizar la conservación y aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, incluidos los costos de investigación, vigilancia, control y planeamiento del desarrollo de las pesquerías, constituyen parte de los costos de explotación de los recursos renovables y, consecuentemente, son cubiertos con el pago de los derechos de pesca y de los derechos por el aprovechamiento de concesiones acuícolas y mediante otros mecanismos de financiamiento, los que pueden incluir recursos provenientes del sector privado.

Asimismo, el artículo 40 del citado reglamento señala que las embarcaciones pesqueras mayores de 32.6 metros cúbicos de capacidad de bodega y los de menor escala, están obligados a pagar los derechos de pesca que establezca el Ministerio de la Producción. El pago de estos derechos es individual por embarcación.

Con respecto a los instrumentos económicos, el derecho de pesca y las cuotas individuales de captura, contribuyen a la sostenibilidad de los recursos, y permiten obtener ingresos para el Estado con el fin de financiar la gestión de las pesquerías.

Por otro lado, la Ley General Del Ambiente - Ley N° 28611, menciona:

Artículo VIII.- Del principio de internalización de costos. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos impactos.

Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental. El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.

A continuación se describe la temática laboral que no debe ser materia de la discusión.

DERECHOS LABORALES

EL FONDO INTANGIBLE

A partir de la promulgación del DL 1084 se establece un aporte de US$1.95 por TM de anchoveta desembarcada como aporte social de carácter temporal destinado al Fondo Intangible constituido para apoyar la solución definitiva del sistema de jubilación vigente de los pescadores. Para este efecto se constituyó un fideicomiso en el Scotiabank, el mismo que a partir del 2012 se transfiere al MEF, quien es responsable de su manejo.

La primera disposición complementaria final del reglamento del DL 1084 dice a la letra: “Del aporte social de carácter temporal destinado al Fondo Intangible constituido para apoyar la solución definitiva del sistema de jubilación vigente de los pescadores. Los Establecimientos Industriales Pesqueros - EIP obligados a pagar el aporte social de carácter temporal previsto en la Primera Disposición Final de la Ley, destinado a la creación de un fondo intangible que solucione definitivamente el problema existente en el sistema de pensiones de los pescadores (jubilados actuales y futuros), deberán presentar ante la entidad Fiduciaria la Liquidación Mensual expedida por el Ministerio de la Producción en la que se detallen las toneladas métricas descargadas de los Recursos extraídos en el ámbito geográfico de aplicación del mecanismo de ordenamiento pesquero establecido por la Ley”

Los dineros depositados en el fideicomiso del Scotiabank nunca se tocaron por cuanto constituyó un aporte para reforzar el fondo de jubilación. Por eso se denominó intangible.

El mismo fue transferido de acuerdo a la Ley 30003 al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), quien administra ese fondo hasta la fecha. Dicha norma creó el Régimen Especial de Pensiones para los trabajadores pesqueros (REP), y el Fondo Extraordinario del Pescador, al cual dispone se transfiera el fondo intangible que estaba en el fideicomiso del Scotiabank, desapareciendo en consecuencia.

El reglamento de la ley 30003, establece en su cuarta disposición complementaria final respecto a la sostenibilidad financiera del REP y el aporte social del Decreto Legislativo N° 1084 al FEP que a la letra dice:  Luego de culminado el proceso de reforma integral del Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, declárese la sostenibilidad financiera del REP y autorícese la transferencia de los recursos del Fideicomiso de Administración a que se refiere la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1084, a cargo de la entidad fiduciaria encargada, a favor del FEP a través del FCR, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley.
La entidad fiduciaria transfiere los recursos señalados hasta cumplir con el plazo señalado en el segundo párrafo de la disposición final señalada en el párrafo anterior”

Cabe mencionar que a la liquidación de la CBSSP, esta no aportó nada a la ONP.

EL FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES

Mediante el Decreto Legislativo Nº 817, Ley del Régimen Previsional a cargo del Estado Peruano, se creó el Fondo Consolidado de Reservas FCR, con carácter intangible y personería jurídica de derecho público, para respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la Oficina de Normalización Previsional ONP, mediante la inversión adecuada de los recursos que administra, directamente y a través de contratos con entidades de reconocido prestigio.

El FCR administra el pago de las pensiones de cada uno de los regímenes que comprende a los trabajadores cesados de empresa privatizadas o liquidadas; por lo que a estos fondos no ingresan nuevos participantes, excepto aquellos que realizan proceso judicial con este fin, mediante la Ley N° 27617, que dispone la reestructuración del Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley N° 19990 y que modifica los Decretos Leyes Nº. 19990; Nº 20530 y la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, se establece la incorporación, con carácter pensionable, en el Sistema Nacional de Pensiones –SNP, del importe anual de la bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público – FONAHPU, otorgada a los pensionistas del SNP.

El FCR informa sobre su gestión a través del Estado combinado de Activos Netos, disponibles para beneficios previsionales y beneficios acumulados y el estado combinado de Cambios en los Activos Netos disponibles para Beneficios previsionales y beneficios.
Se incluye un nuevo fondo denominado “Fondo para la Asistencia Previsional”, creado mediante la Ley Nº 28046 y son recursos intangibles destinados a financiar el pago de pensiones y la nivelación de los pensionistas comprendidos en el régimen del Decreto Ley Nº 20530. Los recursos del fondo se obtendrán de la contribución solidaria para la Asistencia Previsional que grava a las pensiones de aquellos beneficiarios que perciben, como pensión por el régimen provisional del Decreto Ley Nº 20530, importes que anualmente excedan a 14 U.I.T.

"Los recursos provienen:
Del fondo proveniente de las reservas actuariales de los regímenes previsionales del Sector Público que administra la ONP;
De los aportes del Tesoro Público;
De la rentabilidad de la administración del Fondo, deducida la retribución que sea acordada con empresas especializadas en carteras de inversiones; y,
De la recaudación de la Contribución para la Asistencia Previsional;
De otros ingresos, como donaciones, créditos, legados, transferencias, y demás recursos provenientes del sector privado, así como de la cooperación nacional e internacional. "

EL FONDO EXTRAORDINARIO PESQUERO

La Ley N° 30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 en su segunda modificación complementaria modificatoria, modifica el artículo 31 de la Ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los trabajadores y pensionistas pesqueros, de acuerdo al siguiente texto:

-     “Artículo 31.- Creación de aporte a cargo de los armadores Créase a cargo de los armadores de embarcaciones pesqueras de mayor escala, a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, un aporte obligatorio de determinación mensual a favor del Fondo Extraordinario del Pescador (FEP), equivalente a S/. 3,92 (TRES Y 92/100 NUEVOS SOLES) por cada tonelada métrica de los recursos hidrobiológicos capturados y destinados al consumo humano indirecto o directo en el mes respectivo.
-     Mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas podrá modificarse el monto fijo del aporte señalado en el párrafo anterior, previo estudio actuarial, máximo cada dos años, que incluya el total de las prestaciones señaladas en la presente Ley, así como el cálculo de sus probables contingencias; lo que permitirá actualizar las variables paramétricas, manteniendo su equilibrio financiero con el fin de asegurar su sostenibilidad.
-     La recaudación de dicho aporte está a cargo de la Sunat, quien lo transfiere al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR). Los aportes a cargo de los armadores así como las retenciones del aporte a que se refiere el artículo 29 de la presente Ley se rigen por las normas del Código Tributario, debiendo pagarse estas últimas dentro de los plazos establecidos para las obligaciones de carácter mensual.
-     De conformidad con lo que indica el reglamento de la Ley 30003, corresponde a la ONP la administración del REP sujetando sus funciones a lo dispuesto en la Ley N° 28532, Ley que establece la reestructuración integral de la ONP, y sus normas modificatorias y reglamentarias. La ONP también está a cargo de la TDEP, de acuerdo a los procedimientos que se determinen mediante normas complementarias de dicha entidad.

El FEP es el fondo extraordinario del pescador y tiene por objetivo financiar las pensiones del Régimen Especial Pesquero (REP), la transferencia directa al ex pescador (TDEP) y la Pensión de Rescate Complementario (PRC).Es un fondo intangible, inembargable e independiente, administrado por el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), el cual se encargará de transferir los recursos del FEP a la ONP para el financiamiento del REP, la TDEP y la PRC.

Los encargados de realizar el aporte al FEP son los armadores pesqueros de mayor escala (Mayor escala: la realizada con embarcaciones mayores de 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega).

Se constituye con los siguientes recursos:
-     Los aportes realizados por el Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero (FONCOPES) creado por el DL 1084 y que se constituyeron en un fideicomiso en el Scotiabank.
-     Los recursos provenientes del aporte obligatorio de los armadores.
-     Los aportes al REP.
-     Los recursos provenientes de donaciones, legados o similares.
-     La rentabilidad obtenida por los recursos que administra.
-     Los activos o saldos positivos que queden luego de la liquidación de la CBSSP.
-     Otros recursos que se establezcan de acuerdo a ley.
-     El Fondo Pesquero de acuerdo a la Ley N° 30003 del 22 de marzo de 2013, reglamentada en 2014, que crea el Régimen Especial Pesquero (REP), así como el Fondo Extraordinario del Pescador (FEP).

CONCLUSIONES

En  2008, en el DL 1084 se creó un aporte social de US$ 1,95 por TM por 10 años, a ser realizado por las plantas pesqueras para construir un fondo que permitiese dar un beneficio a quienes luego de la quiebra se quedaron sin pensión. El aporte se podría utilizar una vez que culminase el proceso de reforma integral del sistema de pensiones. Sin embargo, contrariamente a lo que se piensa la entidad nunca fue responsable del manejo de este fondo, estando a la fecha a cargo del FCR.

En marzo de 2013 se aprobó la Ley N° 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, mediante la cual se dio la reforma integral al sistema. Por efecto de esta norma, el aporte de los US$1.95 existente en el fideicomiso del Scotiabank fue transferido al FCR en 2014, dado que la aprobación del reglamento de esta ley se dio mediante el DS Nº 007-2014-EF de fecha 15 de enero de 2014.

No se estableció en la Ley 30003 ni su reglamento cómo se continuará el aporte del US$1.95 establecido por el DL 1084 por diez años, o sea hasta el 2018.

Esta Ley estableció un aporte adicional de S/ 3,92 por TM (originalmente se estableció en US$ 1,40 pero luego fue pasado a soles) por TM de los recursos hidrobiológicos capturados y destinados al CHI o al CHD, para las embarcaciones pesqueras de mayor escala a partir de abril de 2013. Este es un aporte realizad por los armadores.

Esta Ley estableció que los trabajadores pesqueros activos podían afiliarse a la ONP o a una AFP, y que los trabajadores pasivos que quedaron sin pensión podrían percibir una prestación económica (transferencia Directa al Ex pescador, que no tiene la naturaleza de pensión).

Cabe resaltar que la industria pesquera aceptó realizar los aportes antes referidos para solucionar el problema originado por la quiebra de la CBSSP, en adición a los pagos que realizó en su oportunidad por estos trabajadores para su seguridad social y a los pagos que realiza por la seguridad social de sus trabajadores activos.

Es importante destacar que en el caso de situaciones similares en otros sectores, en que los jubilados han quedado desatendidos, ha sido el Estado quien ha asumido el financiamiento correspondiente para atender su problemática.

La RS 027-204-SUNAT del 20 de enero de 2014 dicta instrucciones y procedimientos para la recaudación de los aportes dispuestos por la Ley 30003; pero no menciona nada sobre el aporte de los US$1.95.

Desde el 2014 se dejó de realizar este aporte por falta de instrumentos normativos y no por falta de voluntad de pago de los EIPs.

Recién el 19 de abril de 2018 La Sunat fijó los lineamientos procedimentales para que los titulares de los establecimientos industriales pesqueros para consumo humano indirecto cumplan con pagar el aporte social temporal equivalente a 1.95 dólares americanos por tonelada métrica de pescado descargado en dichos locales.

Fue mediante la Resolución de Superintendencia N° 093-2018/Sunat, en la que la entidad recaudadora fija la forma, plazo y condiciones para el pago de dicho aporte creado en la primera disposición final del D. Leg. Nº 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación, y cuya recaudación compete a la Sunat, conforme a lo dispuesto en el D. S. Nº 289-2017-EF. La Ley N° 30003 estableció que este aporte social constituye un recurso del Fondo Extraordinario del Pescador – FEP cuyo  objeto es financiar la Pensión de Rescate Complementaria, la Transferencia Directa al Ex pescador y el Régimen Especial de Pensiones para los Trabajadores Pesqueros, los que deben ser administrados por la ONP.

Mezclar los derechos de pesca, que es una tasa aplicada a la extracción de recursos hidrobiológicos, que la Ley asigna al Ministerio de la Producción, con requerimientos de creación de aportes de tipo laboral, es un error.

No es competencia de la Autoridad de Pesquería la problemática laboral y tampoco es competente para crear tasas o tributos que la Ley y la normatividad vigente no le permiten.

sábado, 30 de marzo de 2019

Editorial Revista Pesca abril 2019


Nuestra pesquería requiere de cambios que deben provenir, aunque tome tiempo, de la propia convicción de cada uno de los actores y participantes en la pesquería.  La palabra clave es educación. Más allá de las normas y leyes, en un medio en el cual nadie puede controlar efectivamente el cumplimiento de las mismas, la mejor garantía de su cumplimiento, en especial las de protección al recurso y al ambiente, será cuando los actores del sector, asumamos conciencia de que detrás de la norma hay una lógica irrefutable y una necesidad incuestionable.
 La educación y el cambio o introducción de un nuevo modelo educativo para el sector se torna cada vez más un imperativo y una urgencia.
La educación para el sector pesquero debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para los pescadores y tripulaciones. Debe ampliar su radio de acción a todos los trabajadores de la industria pesquera en tierra, a todas las comunidades de pescadores marítimos y continentales y difundir información a las poblaciones costeras y aledañas a ríos y lagos. Debe ir más allá de lo tradicional y educar en temas de protección al ambiente y a las poblaciones ícticas, debe incursionar en temas que tengan por objeto crear conciencia sobre la necesidad y responsabilidad compartida de proteger los ecosistemas y el futuro de los peces como elemento clave para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, base de un educación imprescindible para alcanzar un alto nivel de desarrollo.
La pesquería sigue siendo conceptuada como fuente de riqueza vía exportación, negándonos a aceptar que primero debe ser fuente de alimentación nacional y luego ser usada como arma estratégica de negociaciones en un mundo que poco a poco se verá más inundado por el hambre.
Una pesquería sostenible solamente será posible cuando el país alcance el adecuado nivel de madurez cívica que le permita entender y aceptar que se requiere colocar el interés nacional por encima de los intereses de parte.
El interés nacional requiere que se desechen los intereses económicos grupales y se privilegie la alimentación de la población nacional por encima de todo. Ello impone una adecuada preservación de los recursos pesqueros, del ecosistema  y del medio ambiente, de tal forma que se garanticen alimentos baratos para toda la población del país en forma prioritaria.
La revista Pesca nos informa sobre temas del mar y de la pesca. Difunde información e ideas obtenidas de diversas fuentes sobre la pesca en el Perú y el munedo. Intenta contribuir a la formación de opinión propia en base a información amplia.

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jueves, 28 de febrero de 2019

Editorial Revista Pesca marzo 2019

La problemática de la pesca dentro de las 5 millas en el sur del Perú para las embarcaciones industriales, presenta varias aristas:
Una opinión científica; una opinión de la industria de CHI; opiniones de algunas organizaciones, personajes, personajes y ciudadanos; y finalmente la decisión política.
Es el Ministerio de la Producción quien toma la decisión de acuerdo al ordenamiento  vigente y a lo que la ley le permita hacer.
¿Qué criterio debiera prevalecer en la decisión que tomará la autoridad de pesquería?
Probablemente la decisión debiera tomarse con criterio político, en la medida que vivir en un sistema democrático significa, por lo menos en teoría, que las autoridades con mandato legal para gobernar, lo hacen por y para las mayorías.
En buena cuenta, se gobierna para los más y no para los menos. ¿No consiste en eso la democracia?
Más allá de las presiones y de las opiniones técnicas o anti técnicas, si se tomase la opinión o encuesta de la población sobre el tema, la decisión que tomase la autoridad debiera respetar su deseo pues en eso se sustenta el sistema democrático.
Tampoco se puede olvidar el hecho de que la Constitución otorga a todos los ciudadanos la propiedad de los recursos naturales. Siendo así y si el propietario, debida o indebidamente, científica o empíricamente, no desea que se extraigan sus recursos en determinada área geográfica. ¿Puede la ciencia, la técnica y el interés comercial impedirlo, evitarlo o imponer una decisión impopular o no deseada por la población mayoritaria?
Que el PBI se afecte, el empleo disminuya y la rentabilidad de algunas empresas se afecte, no tiene mayor relevancia si nos preciamos de vivir en democracia, que es el gobierno de las mayorías, para las mayorías.  
Si nos alejamos de este principio porque el argumento científico, comercial, económico o técnico de algunos, o la presión mediática de otros lo dice o lo impone,  entonces la democracia se desvirtúa. Si todo se ejecuta y mide en función a la economía, al PBI y a los números, y se pierde de vista el contenido social y al ciudadano, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado, el sistema se corrompe, el concepto de democracia se pervierte. ¿O no?
El tema de las cinco millas es tan antiguo y recurrente, que gobierno a gobierno se pone en agenda y nunca se resuelve definitivamente, como casi todo en la pesca artesanal. Hay diagnóstico tras diagnóstico, año tras año, gobierno tras gobierno que casi dicen lo mismo; pero ninguna administración ha producido resultados eficaces para resolver sus problemas y avanzar. Tal vez, por lo menos el asunto de las cinco millas podría resolverse y  voltear la página sometiendo el asunto a un referéndum para conocer y hacer lo que piden las mayorías.

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes, que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas publicadas.

Siendo la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común, la Revista Pesca pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual. Se publica en forma mensual, en formato digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector  pesquero y mantenerse informado sobre su temática.

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