REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria.
En 2019 cumplimos 59 años de publicación contínua en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs

Correo electrónico: revistapesca@outlook.com

sábado, 10 de octubre de 2020

LA POTA, LA OROP DEL PACIFICO SUR Y EL PERU

¿Es conveniente para el Perú mantener presencia en la OROP PS, que administra en el ámbito de la Convención, las pesquerías de jurel y pota, como especies transzonales, a fin de cautelar sus intereses desde el punto de vista político y diplomático?. ¿O debería retirarse de la organización?

Por el tenor del artículo del diario Expreso, que se reproduce al final de esta nota, pareciera que los intereses nacionales no están siendo defendidos. Los resultados obtenidos en cuanto a cuota de jurel, al no arrojar cantidades significativas o importantes en el contexto de la cuota global, crean una interrogante en relación al nivel de importancia que se asigna a la asistencia de funcionarios peruanos a la OROP PS. La CIAT y la OROP tienen un tratamiento muy diferenciado. Mientras a la OROP del Pacífico Sur se le asigna un consultor externo de muy alto nivel técnico, a la CIAT no se le asigna ninguno.

La relación beneficio costo del Perú en las reuniones de la OROP tendría que ser evaluada a fin de conocer si el dinero gastado en la asistencia a estas reuniones es justificado.

Las capturas reales y nominales de jurel en el marco de la OROP no tienen mayor impacto en la seguridad alimentaria del país, porque no contribuyen a la alimentación nacional. La industria exporta más de lo que destina al mercado nacional. Desde una perspectiva de inclusión social de las poblaciones vulnerables del país necesitadas de proteína, los resultados obtenidos no las benefician. Sin embargo la pota sí constituye un recurso para la alimentación, por lo menos en mayor escala que el jurel, pero no viene siendo debidamente defendida ante la amenaza de la flota de bandera extranjera que opera en el Pacífico Sud Oriental y a la cual Perú le brinda asistencia logística en sus puertos.

Es necesario que el país desarrolle una política pesquera que asegure su presencia en el Pacífico Sud Oriental, dentro de la cual es vital que asegure su participación en la explotación de un recurso como la pota, protegiéndola de las flotas extranjeras y facilitando la inscripción de embarcaciones peruanas en la OROP. De igual modo el jurel, el cual hasta la fecha no está siendo aprovechado, salvo por la porción de biomasa dentro de las 200 millas al alcance de la flota peruana de cerco.

 

NOS PEGARON EN LA POTA

Por Alfonso Miranda Eyzaguirre

“Del 3 al 8 de octubre se desarrolló la octava reunión del Comité Científico de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), encargada de la conservación y ordenación de los recursos de alta mar en el Pacífico sur, la cual entró en vigor en 2012. Nuestro país participó desde las reuniones preparatorias en 2007 y se adhirió en diciembre de 2015. Perú contribuye a su mantenimiento con aproximadamente 25 mil dólares anuales y gasta una importante suma en viajes y estadías de funcionarios y asesores a lugares que pueden ser tan distantes como Port Vila o Vanuatude funcionarios y asesores a lugares que pueden ser tan distantes como Port Vila en Vanuatu que queda a 26 horas de avión desde Lima.

¿Qué hemos conseguido en 13 años de asistir a estas sesiones?: 13,793 toneladas anuales de jurel, equivalentes al 2.03% de la cuota que se captura en nuestra región, mientras que China dispone de 43 mil, la Unión Europea 41 mil y Vanuatu 31 mil toneladas, a pesar de que el Perú es 100 veces más grande y 120 veces más poblado que este último. En la pota, hemos pasado de ostentar el 70% de los desembarques del Pacífico sur en 2007, al 39% en 2017. China avanzó de tener unas pocas decenas de barcos en 2007, a 643 poderosas naves inscritas en la OROP-PS, toda vez que Perú no tiene ninguna registrada. Preocupante situación, ¿verdad, señores del gobierno? ¿Alguien hizo el balance costo-beneficio?

Es importante recordar que la pota es el recurso hidrobiológico que más trabajo genera en el Perú, sustento de nuestra pesca artesanal y de la industria pesquera para consumo humano. Genera 850 millones de dólares de exportación y se consumen 42 millones de kilogramos en la mesa popular. Sin embargo, es poco lo que nuestro país ha hecho para lograr su ordenamiento en el ámbito nacional, al no concluir el proceso de formalización que lleva más de 4 años, con lo que se expone a toda la cadena productiva y decenas de miles de empleos. En la esfera internacional, no hemos escuchado una sola vez al Estado peruano exigiendo que se respeten los principios de pesca responsable ante centenares de denuncias de pescadores artesanales y la prensa internacional, sobre violación de nuestra soberanía por parte de la flota china subsidiada y depredadora de la pota de los peruanos.

En esta reunión del Comité Científico, Perú no dijo una palabra del impacto que ya se está generando contra nuestra pota, lo que supone la disminución de las tallas que capturamos. No se pidió la aplicación del principio precautorio, que ha inculcado la FAO, lo cual implicaría que no solo se cerrara el acceso a más barcos de países de aguas distantes, sino que se prohibieran los transbordos en alta mar en los que se pueden ocultar las verdaderas cantidades extraídas por esos voraces barcos y se exigiera que cada nave tenga un observador a bordo, como es práctica habitual en otros mares. Esto fue propuesto por el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante en el Pacífico Sur (CALAMASUR), que reúne a pescadores e industriales de la región. La delegación peruana calló y otorgó. ¿No saben nuestros representantes que hay un copioso registro de denuncias sobre prácticas devastadoras y que la ciencia aconseja su inmediata detención?

Perdimos la oportunidad, la flota china sigue creciendo y devorando. La región se estremece ante el poderío de los reflectores de sus barcos y seguimos dejando que esas cosas pasen. Nos han vuelto a pegar en la pota”.

 

https://www.expreso.com.pe/opinion/nos-pegaron-en-la-pota/

jueves, 1 de octubre de 2020

LA IMPORTACION DE BARCOS PESQUEROS USADOS

Produce podrá autorizar incremento de flota de embarcaciones usadas importadas para pesca de recursos explotados a través de la derogatoria de la tercera disposición final del reglamento de la Ley General de Pesca, que prohibía al entonces Ministerio de Pesquería otorgar las autorizaciones mencionadas.

La condición es que estas se dediquen a la extracción de recursos hidrobiológicos plenamente explotados o cuando se encuentre limitado el acceso a un recurso.

La medida fue aprobada vía Decreto Supremo N° 018-2020-PRODUCE.

La exposición de motivos justifica la norma expresando que, a la fecha se cuenta con las disposiciones normativas que regulan las características técnicas que deben reunir las embarcaciones pesqueras, a fin de facilitar la modernización de la flota pesquera, así como facilitar la adquisición de bienes destinados a la actividad pesquera.

La disposición final derogada dice:

Tercera.- El Ministerio de Pesquería no otorgará autorización de incremento de flota a favor de armadores de embarcaciones usadas adquiridas en el exterior, cuando éstas se dediquen a la extracción de recursos hidrobiológicos plenamente explotados o cuando se encuentre limitado el acceso a un recurso conforme a lo establecido en el Artículo 19 del presente Reglamento.

Comentario:

¿Cómo la importación de un barco usado sin mención de antigüedad o características técnicas puede contribuir a modernizar la flota pesquera peruana?

¿De qué flota habla el decreto supremo? ¿De la flota anchovetera, jurelera, atunera, artesanal, potera, en fin…?

¿Para acceder a la captura de qué recursos? ¿Jurel, pota, atún…?

Estas preguntas conducen a tratar de entender mejor la norma.

No cualquier funcionario podría haber sugerido, por iniciativa propia la norma, sino que ha debido cumplir órdenes derivadas de una decisión política. ¿Por qué se toma ésta en circunstancias que la cuestión en sí no forma parte de ningún objetivo estratégico sectorial o agenda alguna?

Es poco probable que se modernice la flota cerquera con barcos usados. Por otro lado la existente ¿no es suficiente para las cuotas anuales vigentes para el atún, jurel y caballa?. Queda entonces la pota; pero analicemos primero:

ATUN

Se podría pensar en una flota atunera; pero el presidente de la Cámara Peruana del Atún en el Primer Congreso Internacional de Atún, entre otros, indicó que la problemática de la flota atunera de bandera nacional está relacionada al alto precio de combustible, lo cual dificulta que dicha flota realice esfuerzo pesquero sobre el atún en la zona de influencia de la CIAT.

A la fecha se han asignado los 8,195 metros cúbicos de capacidad de acarreo a 16 embarcaciones cerqueras para extraer el recurso atún, los mismos que aproximadamente alcanzan en términos de capturas la cantidad de 10,000 toneladas por año en promedio. La flota atunera cuenta adicionalmente con permiso de pesca para la extracción de otros recursos, tales como: anchoveta para consumo humano indirecto, y jurel y caballa.

La CIAT ha establecido cuotas de capturas de atún para el OPO (incluidas aguas nacionales) para la pesquería de atún con cerco, como límites de capacidad de esfuerzo pesquero medido en capacidad de bodega. Para el caso del Perú, la capacidad límite de bodega es de 8,195 m3. Por lo tanto, la cantidad en toneladas de atún que pueda extraer cada operador de las embarcaciones precitadas, será, según su programación de faenas que pueda o quiera realizar, bien sea de manera continua durante todo el año, o alternando con otras pesquerías como la anchoveta, jurel o caballa, para la mayoría de casos cuyos permisos de pesca así lo indiquen.

Como no hay mucho interés por la captura de atún se ha establecido un procedimiento de fletamiento de la cuota, es decir que alquilamos una parte o toda nuestra cuota, mediante DS 009-2016-PRODUCE. Se aprobó la modalidad de fletamento de la capacidad de bodega para la extracción de atún, a efectos que los armadores con permisos de pesca para la explotación de atún puedan fletar o arrendar dicha capacidad a operadores extranjeros dentro del ámbito de la CIAT; pero a la fecha no ha sido ejecutado este dispositivo ante la falta de solicitudes de sus armadores.

JUREL

Casi el mismo escenario se aplica al jurel, tanto dentro del dominio marítimo como en alta mar, en la zona OROP.

El Perú no realiza esfuerzo pesquero con embarcaciones de bandera nacional en el territorio de la OROP, sino que ha venido arrendando su cuota.

En 2016 PRODUCE estableció un marco de lineamientos para asignar la cuota de captura del jurel de altamar, asignada por la OROP P-S, de manera supletoria o complementaria a la flota nacional. Lo que significa que se arrienda la cuota al mejor postor extranjero.

En 2017 y 2019 se modificaron dichos lineamientos, a fin de que Perú pueda aprovechar su cuota de jurel en altamar dentro de su jurisdicción, en la medida que luego de varios años no hubo esfuerzo pesquero peruano en el área descrita.

No se conoce el destino de los desembarques en territorio nacional. Podrían haber alimentado el mercado nacional o haberse exportado. El volumen arrendado no ha significado un aporte a la seguridad alimentaria nacional puesto que fueron destinados a mercados extranjeros.

Los resultados obtenidos en cuanto a cuota de jurel y atún, no evidencian ser de cantidades significativas o importantes en el contexto de la cuota global, por lo cual resulta poco probable que alguien quisiera importar embarcaciones usadas para la captura de estos recursos.

Entonces….

El país es un testigo lejano de las capturas de especies transzonales y altamente migratorias. Se requiere de una estrategia que permita el desarrollo sostenido de una pesquería de esta naturaleza orientada principalmente al consumo humano directo. Esta estrategia deberá considerar, entre otros aspectos, lo relacionado con una flota que cuente con la autonomía suficiente que permita capturas importantes y sostenidas en el mar peruano y más allá, cuando esta especie se encuentre fuera de las 200 millas. Asimismo, las largas jornadas de pesca exigen sistemas de congelación adecuados que permitan una conservación óptima del producto de la pesca o de los que se procese como producto de la pesca.

Es adecuado entonces promocionar la creación de una flota de altura para atún y jurel, pero ¿y la pota?

A lo largo de los últimos 15 años el Perú no ha dispuesto de una flota de altura para la captura de túnidos ni de jurel. Luego de la desaparición de FLOPESCA, los últimos barcos congeladores que operaron en el país fueron el K-Inca, el Cóndor Andino, el Bjornoy y el Canchis, así como el Ana María y el Isabel. La presencia de estos barcos, dedicados a la merluza y el jurel, fue duramente combatida por pobladores, pescadores, así como algunos industriales de Paita y terminaron por desaparecer. Los problemas y desórdenes que causaron parecen haber sido olvidados, o son desconocidos por quienes hoy pretenden volver a introducir barcos congeladores en el país.

Queda entonces la pota como recurso objetivo de las embarcaciones usadas que se pretende importar.

El problema es que hasta ahora solo la flota artesanal realiza capturas de pota y ha creado un mercado laboral para mucha gente que se dedica a la actividad y comercializa el producto dentro del mercado nacional, bien sea a las plantas transformadoras o al mercado interno directamente.

Si la industria accediese a sus capturas con embarcaciones modernas, aunque usadas, es probable que mejore su eficiencia y su rentabilidad empresarial; pero a costa de la desaparición de gran cantidad de embarcaciones de menor escala y artesanales que ya no dispondrían de un mercado para sus capturas.

La libertad de mercado, en este caso, dejaría desprotegida a una importante población que vive de esta actividad, por lo cual si el Ministerio modifica normas para “modernizar” la flota sacrificando a los más pequeños, sería socialmente indebido.

Hay una evaluación y una decisión política que tomar entre los intereses de algunas empresas, los de los pescadores artesanales y entender que al final, más allá de la norma y la política, la realidad impone su propio paisaje. Y esta realidad, correcta o no, muestra un rechazo total de la comunidad pesquera no industrial hacia los barcos factoría congeladores, sean arrastreros, palangreros o cerqueros.

Podría ser totalmente legal, porque mientras se tiene el poder todo puede hacerse dentro de la normatividad vigente o modificada; pero las reacciones y efectos de hacerlo conducirían a un escenario en el cual nadie sabe lo que podría ocurrir.

El diseño de acciones para que el país disponga de una flota de altura requiere de mayor análisis y consenso que tan solo modificar el reglamento de la ley de pesca en forma repentina.

Lo indignante en este tema, más allá del fondo del asunto, es la celeridad para sacar una norma expresss que aparentemente responde a una solicitud de parte, mientras que normas trascendentes como la de la baliza satelital para evitar la pesca ilegal de las flotas extranjeras en el dominio marítimo peruano no tuvieron la rapidez de atención que la actual modificación del reglamento de la ley de pesca ha tenido. Otros proyectos de normas importantes siguen durmiendo también. La comunidad pesquera y la ciudadanía tienen el derecho de saber cómo se gestó esta norma y porqué ha sido tan rápida cuando hay otros temas detenidos hace tiempo y que son de mayor impacto.


martes, 29 de septiembre de 2020

LA ASIGNACIÓN DE LA CUOTA PERUANA DE JUREL EN LA ZONA OROP

El Ministerio de la Producción (Produce) adjudicó 13,793 toneladas de jurel (Trachurus murphy) que corresponden al excedente no aprovechado de la cuota del recurso de alta mar disponible, al Consorcio Blumar – Camanchaca, integrado por Blumar S.A. y Camanchaca Pesca Sur S.A.

La asignación de la cuota de jurel en alta mar a la empresa ganadora del concurso se basa en lo siguiente:

La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP - PS), de acuerdo a sus medidas de conservación y manejo, asigna anualmente al Perú una cuota de jurel en alta mar, para ser utilizada en el ámbito de la convención. 

La cuta de jurel de alta mar es asignada a los armadores de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional. En caso de existir un remanente de la cuota de jurel de alta mar que no hubiese sido asignado a los armadores de embarcaciones pesqueras de bandera nacional, puede ser asignado a los armadores de bandera extranjera mediante Concurso Público. 

Para acceder a la cuota de jurel en alta mar los armadores de embarcaciones pesqueras de bandera nacional deben encontrarse registrados en el Registro Único de Embarcaciones Pesqueras que realizan Actividades Pesqueras en la Zona de Alta Mar en el marco del Decreto Supremo Nº 002-2015-PRODUCE; y las embarcaciones de bandera extranjera deben formar parte del Registro de Embarcaciones Autorizadas para pescar jurel (Trachurus murphyi) de la OROP - PS. 

La cuota del recurso jurel de alta mar conferida al Estado Peruano por la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP - PS), es publicada en el portal web del Ministerio de la Producción dentro de los cinco (05) días hábiles de aprobada la medida de conservación y manejo por la Comisión de la OROP-PS que así lo establezca. 

Los armadores de las embarcaciones pesqueras que enarbolan bandera nacional, pueden presentar a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura una declaración de interés de capturar la cuota de jurel en el ámbito de la Convención. 

Finalizado el plazo para la presentación de declaraciones de interés por parte de los armadores de embarcaciones pesqueras con bandera nacional, se determina el remanente de la cuota de jurel en alta mar no asignada o disponible, procediéndose al inicio del proceso de asignación a los armadores de las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera de los Miembros o Partes No Contratantes Cooperantes de la OROP-PS, mediante Concurso público. 

Y esto último es lo que ha ocurrido. 

Pese a disponer de cuota de captura para el jurel, en 2017, 2018, 2019 y 2020, el Perú no ha realizado esfuerzo pesquero con embarcaciones de bandera peruana en la jurisdicción de la OROP. 

Dado que la flota nacional decide pescar sólo en aguas nacionales, el Estado ha encontrado como mecanismo de aprovechamiento de los recursos pesqueros que se encuentren más allá de las 200 millas, específicamente en el caso de del Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, acudir a embarcaciones de bandera extranjera a través de un mecanismo denominado “arrendamiento”, que en términos prácticos es la venta de la cuota a terceros países. 

La Sociedad Nacional de Pesquería - SNP, de acuerdo a sus comunicaciones alcanzadas, informó que, considerando las condiciones y la localización de la zona de pesca de jurel frente a las costas chilenas, donde las restricciones establecidas por dicho país hacen muy difícil una actividad en esta zona, las empresas asociadas a la SNP, no tuvieron previsto realizar esfuerzo pesquero. 

No se cuenta con una flota de altura que realice capturas en el alta mar y en el propio dominio marítimo peruano. En todo caso ¿Cuáles son las razones por las cuales por las que la flota nacional no realiza operaciones en dicha zona? Amerita un análisis para diseñar un marco promotor que incentive eficazmente a embarcaciones de bandera peruana a operar en toda la jurisdicción de la OROP del Pacífico Sur, de la CIAT y en el triángulo del Sur, donde tampoco hay información, visible por lo menos, de actividad extractiva. 

El tema de fondo es que no se cuenta con una visión de la pesquería para el Perú enmarcada en una Política de Estado para el sector.

lunes, 28 de septiembre de 2020

LA POLITICA NACIONAL MARITIMA Y LA PESCA EN EL PERU

 Referencia

El Poder Ejecutivo tiene entre sus competencias exclusivas, la de diseñar y supervisar políticas nacionales, las mismas que se aprueban por decreto supremo, previa aprobación del Consejo de Ministros, de acuerdo al inciso 1 del artículo 4 de la Ley 29158: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno.

En concordancia con lo dispuesto en el Decreto Supremo 029-2018-PCM, las Políticas Nacionales constituyen decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo.

Las políticas nacionales multisectoriales, corresponden al subconjunto de políticas nacionales que buscan atender un problema o necesidad que requiere para su atención integral la intervención articulada de más de un sector, bajo el ámbito de competencia de dos o más Ministerios.

En tal sentido, mediante el Decreto Supremo 118-2017-PCM, se crea la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (COMAEM), de naturaleza permanente, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, teniendo como objeto, el seguimiento y la fiscalización de las políticas sectoriales, regionales y locales, y la emisión de informes técnicos a fin de proponer una política nacional marítima y su permanente actualización, y sobre otros aspectos vinculados a las actividades que se desarrollan en el ámbito marítimo nacional.

Para ello, se desarrollaron diversas reuniones de trabajo con los representantes de los sectores miembros de la COMAEM, bajo el asesoramiento técnico permanente de los representantes del CEPLAN, trabajo que demando un esfuerzo multisectorial importante, logrando obtener un proyecto de Política Nacional Marítima, consensuado y validado por todos los sectores, el mismo que fue presentado en la Octava Sesión Ordinaria de la COMAEM, siendo aprobada por consenso por todos los sectores componentes de la Comisión.

La Política Nacional Marítima responde a la necesidad de integrar la acción del Estado en el mar y contribuye a fortalecer la articulación de las políticas sectoriales en el ámbito marítimo, para una mejor y oportuna toma de decisiones consensuadas a nivel del Estado que fortalezca el bienestar general, considerando los enfoques de genero e interculturalidad, en el análisis del problema público.

En tal sentido, esta política nacional constituye el deseo colectivo tanto de hombres como mujeres de la nación de usar y proteger el ámbito marítimo y aprovechar sus recursos, que implican los espacios, actividades y factores vinculados a ella, para su desarrollo de una manera eficiente.

Para la identificación y delimitación de la situación problemática, los miembros del comité de trabajo II remitieron los problemas que cada sector percibía en el ámbito marítimo. Los aportes se compilaron en una declaración que fue discutida y validada por el mismo comité.

Posteriormente, se procedió a diagnosticar los problemas identificados y las variables que los componen sobre la base de evidencia existente, como datos estadísticos, juicios de expertos, estudios e investigaciones, entre otros. Se analizaron las relaciones de influencia y dependencia entre las variables para identificar el rol que desempeña cada una en el desarrollo del ámbito marítimo. El método que se utilizó fue la Matriz de Impactos Cruzados, Multiplicación Aplicada a una Clasificación (Micmac). Para su ejecución, se desarrolló un taller con los miembros del comité de trabajo II.

Instituciones que conformaron el Comité de Trabajo II:

1 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

2 Ministerio de Defensa, Marina de Guerra del Perú

3 Ministerio de Relaciones Exteriores

4 Ministerio de la Producción

5 Ministerio de Transportes y Comunicaciones

6 Ministerio del Ambiente

7 Ministerio de Energía y Minas

8 Ministerio de Educación

9 Ministerio de Cultura

10 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

 

El Decreto Supremo N° 012-20129-DE, promulgado el  23 de diciembre de 2019, dice:

Artículo 1.- Aprobación de la Política Nacional Multisectorial

Apruébase la Política Nacional Marítima 2019-2030, de carácter Multisectorial, que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Conducción de la Política Nacional Multisectorial La conducción de la Política Nacional Marítima 2019-2030 está a cargo del Ministerio de Defensa.

El artículo 1.4.4. Situación actual del problema público, en su párrafo c. Desarrollo  Productivo del ámbito marítimo, contiene los incisos (1) Pesquería y (2) Acuicultura

En esta sección se aborda el tema pesquero, constituyendo el primer antecedente de una Política de Estado para el sector pesquero, por lo cual el día que se formule la Politica Nacional de Pesca y la Política Nacional de Acuicultura, deberá está alineada con la Política Nacional Marítima. Al haber participado el PRODUCE en la formulación de la misma a través de un representante del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, es de presumir que se incorporó a la pesca y acuicultura debidamente.

Pero sigue siendo una Política generada en un sector que la ve como componente del tema marítimo.

En el inciso (1), que se refiere a algunos antecedentes y estadísticas de la pesca, se menciona el consumo de pescado per cápita con una cifra tomada del Anuario Estadístico de PRODUCE, pero que no está en línea con la cifra que maneja el Programa A Comer Pescado. El Ministerio trabaja bajo el método de FAO y el Programa toma cifras de la ENAHO, que algunas autoridades vienen usando públicamente creando confusión. Mientras la autoridad sectorial no sincere cuál es la cifra a emplear, tenemos una línea de base incierta, lo cual debe corregirse cuando se diseñe la Política de Pesca.

En otro párrafo menciona: “Respecto a las problemáticas que afectan al sector pesquero y acuícola, entre las principales se encuentra la pesca ilegal, la informalidad, la variabilidad climática y el cambio climático; adicionalmente, los pescadores tienen un bajo nivel de organización y capacidad de gestión, lo que afecta los niveles óptimos de producción, sus beneficios económicos sujetos a la abundancia de los recursos, estacionalidad, demanda y sus propias necesidades”

La pregunta es: ¿son estos todos los problemas o parte de ellos?

En esta línea ¿Qué problemas se plantearían ante el CEPLAN, dado que su metodología exige la definición del problema público? Porque aunque parezca un poco fuera de tono, el pensamiento del CEPLAN es que para que haya una política debe haber un problema. O sea que si no hubiese problemas no habría políticas. ¿Es este razonamiento correcto?

1.4.5. Situación futura deseada

Se identificó, seleccionó y analizó las tendencias más relevantes para el futuro del ámbito marítimo. Esta información, junto con el análisis relacional de variables y la descripción de la situación actual, permitió determinar la situación futura deseada sintetizada por variables en la tabla 12. El análisis detallado de las tendencias y los escenarios contextuales, se presentan en el apéndice 1. Se determinó el año 2030 como el plazo para lograr la situación futura deseada. Con este horizonte se propuso la situación futura deseada, la cual es coherente (pero no condicionada) con la situación actual, las tendencias de futuro y las relaciones de influencia entre las variables.

1.5. Políticas relacionadas

A continuación, se citan las siguientes catorce (14) Políticas Nacionales vinculadas a la Política Nacional Marítima:

(1) Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública

(2) Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional

(3) Política Nacional Antártica

(4) Política Nacional para la Calidad

(5) Política Nacional del Ambiente

(6) Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos

(7) Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

(8) Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI)

(9) Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

(10) Política de Seguridad y Defensa Nacional

(11) Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza

(12) Política Nacional de Educación Ambiental

(13) Política Nacional del Deporte

(14) Política Nacional de Igualdad de Género

Objetivo Prioritario 2

Fortalecer las actividades productivas en el ámbito marítimo, en forma racional y sostenible.

Lineamientos:

(2.1) Incrementar el aprovechamiento sostenible de los recursos no renovables (no vivos) marinos del dominio marítimo, las aguas interiores y la alta mar.

(2.2) Incrementar el nivel técnico, profesional y jurídico legal según corresponda, de las mujeres y hombres involucrados en el ámbito marítimo.

(2.3) Incentivar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, respecto al mar y sus recursos por los actores del ámbito marítimo.

 (2.4) Fortalecer la coordinación y articulación del aprovechamiento de los recursos sostenibles entre las entidades públicas de los tres niveles de gobierno vinculados al sector productivo del ámbito marítimo.

(2.5) Fortalecer las capacidades de supervisión, control y fiscalización de las actividades productivas en el ámbito marítimo en las entidades públicas competentes.

(2.6) Difundir el conocimiento sobre las posibilidades que se tiene del uso y aprovechamiento de los recursos disponibles del ámbito marítimo por la población.

(2.7) Mejorar la oferta y las condiciones generales de los destinos turísticos en el ámbito marítimo nacional.

(2.8) Promover la práctica de la náutica deportiva en la población nacional.

(2.9) Fortalecer la inserción laboral formal de las mujeres en las actividades del ámbito marítimo.

 Objetivo Prioritario 4

Asegurar la sostenibilidad de los recursos y ecosistemas en el ámbito marítimo.

Lineamientos:

(4.1) Fortalecer la gestión integrada para el uso sostenible de los recursos naturales y ecosistemas.

(4.2) Mejorar la protección en las áreas naturales protegidas, en el ámbito marítimo.

(4.3) Reducir los niveles y efectos de la contaminación en el dominio marítimo y la zona marino-costera.

(4.4) Mejorar los mecanismos de articulación y coordinación, así como fortalecer capacidades para la gestión orientadas a la prevención y mitigación de desastres por acción de la naturaleza, entre las entidades involucradas.

(4.5) Fortalecer la coordinación y articulación de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno vinculados a la sostenibilidad de los recursos y ecosistemas del ámbito marítimo.

(4.6) Fortalecer las capacidades de supervisión, control y cumplimiento normativo que rigen las actividades productivas del ámbito marítimo en las entidades públicas competentes.

(4.7) Impulsar el desarrollo de energías renovables en el ámbito marítimo nacional.

Como se aprecia, al no tener políticas referidas a la pesca y la acuicultura, la Política Nacional Marítima solo menciona a la pesquería en forma referencial, parcial y tangencial.

Por tanto, la necesidad de formulación de una política propia del sector está vigente aún. Además tiene un mandato legal, como se aprecia en la Resolución Ministerial Nº 301-2019-PRODUCE que aprueba la lista sectorial de las Políticas Nacionales bajo rectoría o conducción del Ministerio de la Producción y dispone la formulación de la Política Nacional de Acuicultura y la Política Nacional de Pesca:

También debe tomarse en cuenta el Reglamento que regula las Políticas Nacionales aprobado con el DECRETO SUPREMO Nº 029-2018-PCM y modificado con el Decreto Supremo Nº 038-2018-PCM.

 Los detalles pueden verse en el siguiente link:

 https://www.ceplan.gob.pe/politicas-nacionales-y-sectoriales/

La política de pesca no solo necesita de voluntad y decisión política para formularse, sino que también requiere de personas que aporten ideas y visión de futuro y también de técnicos que le den formato a esas ideas de acuerdo a lo que demanda el CEPLAN.  Su diseño, es complejo y puede resultar morosa para leer por el ciudadano común que tenga interés. Pero hay dos cosas aquí: una es que tenemos que interesarnos en temas políticos porque de ellos depende nuestra vida diaria y la otra cosa es que el CEPLAN hace las cosas muy técnicamente complejas. Sin embargo lo único permanente en la política peruana es que nada es permanente.


domingo, 20 de septiembre de 2020

LA FALTA DE OBJETIVOS PESQUEROS

 “La objetividad macroeconómica generó la presunción de que un país de “economía sana” se decidió a impulsar reformas estructurales como la privatización de muchos servicios públicos sin importar sus graves consecuencias sociales. La irracionalidad de dicho modelo se funda en que los beneficios obtenidos de tales inversiones y privatizaciones no han permitido crear un Estado eficiente ni moderno. La gestión de libre mercado no ayudó a aliviar las carencias públicas primordiales ni a resolver la muchas veces ineficiente gestión de fondos públicos –cuando no se infiltran en pequeñas o gigantescas operaciones de corrupción–. Muy por el contrario, el Estado suele ofrecer servicios públicos de bajísima calidad, operativamente ineficientes y de poco impacto en la población. Eso aviva la necesidad de una maquinaria “privada” paralela que impulsa un discurso a favor de la “salud individual”, vulnerando y desdibujando el concepto de “salud pública” y promoviendo la desigualdad social. Esta chata visión economista y de management promueve la idea de adaptar modelos de otros países sin considerar aspectos de importancia como la cultura y la historia, sobre todo en el Perú, que tiene una configuración de valores y actitudes sociales, étnicos y lingüísticos complejos y variados”.

MEMORIA COVID-19

José Carlos Mariátegui

https://drive.google.com/file/d/1xWZJ8gPE8A74C-zQuInJ3nCyhG1GUfvr/view

El texto transcrito, que forma parte del segundo volumen  del libro “Ensayos desde la pandemia para imaginar el Perú Bicentenario”, publicado por El Proyecto Especial Bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros, define de alguna manera, la filosofía nacional de elaboración de las políticas públicas.

En este contexto, nos encontramos con un sector pesquero injustamente relegado por la ausencia de políticas de Estado y de agendas, ni siquiera de corto plazo. Venimos asistiendo demasiado tiempo  a la improvisación y a la atención del día a día, a la actitud reactiva ante conflictos o reclamos gremiales sin ninguna idea de futuro ni de país.

Es así que ya transcurrieron ocho meses desde que promulgó un decreto de urgencia declarando la reestructuración del Instituto del Mar, con un mandato perentorio de 30 días para elaborar un nuevo reglamento de organización y funciones, sin que hasta la fecha se tenga noticias del mismo. La entidad está siendo dirigida por un Consejo Directivo, de alguna forma ilegítimo, puesto que el propio Decreto de Urgencia dispone su reconformación sin que se haya hecho nada al respecto. Pero más grave es que se inició un investigación por presuntos actos de corrupción que daño honras y personas sin que se conozca los resultados de la misma. Personas inocentes fueron perjudicadas por efectos colaterales de esta situación y pareciera ser que este Gobierno terminará sin haber resuelto la situación creada en enero de 2020. Que se sepa, públicamente no hay resultados de dichas investigaciones ni sanciones a ninguno de los investigados hasta el día de hoy.

Esta administración ha heredado, además, otros pendientes que reflejan y evidencian el daño que sufre el sector por la continua rotación de funcionarios y la ausencia de agenda. Ocurre que una administración proyecta unas normas, esta sale del cargo y quien la sucede la ignora o no la procesa. En esta nota menciono proyectos que competen a dos aspectos importantes y trascendentes para el sector: la pesca artesanal y los derechos de pesca.

Se trata de proyectos de normas, que pueden ser emblemáticas, que fueron pre publicadas en algún momento y que hasta la fecha siguen sin promulgarse:

DERECHOS DE PESCA

Lo sensible del tema es que esta tasa, al provenir de la explotación de un recurso natural que es propiedad de todos los peruanos, debería favorecer a todos. En este contexto, la modificación de los derechos de pesca, sin revisar y modificar la normatividad vigente sobre el uso de dichos recursos financieros, resultaría una medida incompleta.

Racionalizar los derechos de pesca implica subir aquellos que deban ser subidos; modificar la normativa asignando pago de derechos de pesca a todas las especies, o a las que contribuyen a la exportación en forma significativa (por lo menos); eliminar los sobrecostos existentes en la industria; modificar la ley del canon y/o la metodología de elaboración de los índices de distribución del canon pesquero.

Esta problemática no forma parte de ninguna agenda sectorial. Apenas si se toca el borde del problema pretendiendo subir la tasa de algunos recursos, pero como una medida aislada, tal como se aprecia en las siguientes pre publicaciones:

Resolución Ministerial N° 494-2019-PRODUCE del 16 noviembre 2019

Dispone la publicación del proyecto de norma mediante el cual se establece un nuevo factor de cálculo del derecho de pesca por tonelada extraída del recurso anguila.

Resolución Ministerial N° 495-2019-PRODUCE del 15 de noviembre de 2019

Dispone la publicación del proyecto de norma mediante el cual se establece un nuevo factor de cálculo del derecho de pesca por tonelada extraída del recurso merluza.

Resolución Ministerial N° 044-2019-PRODUCE del 14 de febrero de 2019

Dispone la publicación de proyecto de Decreto Supremo que establece un nuevo factor de cálculo del derecho de pesca correspondiente al concepto de extracción del recurso hidrobiológico anchoveta para CHD.

En algún momento se tuvo la intención de incrementar en algo, los derechos de pesca que pagan la anchoveta para CHD, la merluza y la anguila; pero pese a la pre publicación del proyecto de norma, quedaron en el aire y no se ha tomado ninguna decisión hasta la fecha.

PESCA ARTESANAL

La problemática de la pesca artesanal es amplia y variada; pero tampoco constituye parte de una agenda detallada, orgánica y de largo plazo.

En este contexto, la administración de los DPAs constituye un problema que pretendió ser resuelto mediante normas que, además de haber sido objetadas por algunos gremios artesanales, no forman parte de una solución integral a las necesidades de la pesca artesanal. En ese sentido se pre publicaron los siguientes proyectos:

11/10/2019    R.M. N° 421-2019-PRODUCE         , que dispone la publicación en el portal del Ministerio del proyecto de Resolución Ministerial que aprueba los Lineamientos para el proceso de selección de la organización social de pescadores artesanales que se encargue de la gestión administrativa de una infraestructura pesquera artesanal no transferida

11/10/2019    R.M. N° 422-2019-PRODUCE         , que dispone la publicación en el portal del Ministerio del proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el modelo de Convenio de Gestión Administrativa de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales entre el Ministerio de la Producción o Gobierno Regional el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero y la Organización Social de Pescadores Artesanales

11/10/2019    R.M. N° 423-2019-PRODUCE         , que dispone la publicación del proyecto de Resolución Ministerial que Aprueba el Manual de Administración de Infraestructuras Pesqueras Artesanales en el Portal Institucional del Ministerio

12/10/2019    R.M. N° 424-2019-PRODUCE         , que dispone la publicación de proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento de Supervisión de la Gestión Administrativa de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales - IPAS en el Portal Institucional del Ministerio

12/10/2019    R.M. N° 426-2019-PRODUCE, que dispone la publicación de proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento que establece los criterios para la determinación de tarifas aplicables a los servicios que se brindan en las infraestructuras pesqueras artesanales en el Portal Institucional del Ministerio

Otro elemento importante de la problemática es la formalización del sector. Hasta la fecha solo se han hecho programas para otorgar permiso de pesca a los armadores y a eso le han denominado formalización lo cual no es exacto porque no los convierte en sujetos tributarios ni tampoco en empleadores que brinde acceso a la salud y seguridad social a sus tripulantes pescadores que tienen el derecho y la necesidad, lo cual resolvería las demandas de los pescadores por acceder a estos servicios.

La formalización en la pesca requiere entender primero, que no es lo mismo el armador pesquero que el tripulante o pescador embarcado. El primero es el dueño de la embarcación, o sea el empresario y responsable de que esté en perfectas condiciones para navegar, con todos los equipos, avituallamiento y demás material necesario para su correcto funcionamiento.

El armador y el patrón pueden ser la misma persona, pero no necesariamente. El primero puede contratar a un patrón, que a su vez contrata o embarca a sus tripulantes, que son pescadores embarcados. El barco o embarcación es una unidad de negocio, por lo tanto se tipifica como una empresa. El tripulante es, finalmente el empleado con que cada embarcación realiza la labor de pesca, la cual genera ingresos y requiere de capital de trabajo, pero es muy diferente del pescador o tripulante.

Entendidas las diferencias entre armadores, patrones y tripulantes y, conocida la problemática que tiene más de una década sin poder resolverse, cabe distinguir, en cuanto al término formalización, las diferencias entre tener un permiso de pesca y ser “formal”.

Luego, de acuerdo a las diferencias entre embarcación artesanal y de menor escala, proceder a regularlas debidamente de acuerdo a las competencias de los gobiernos regionales y del ministerio.

El armador tendría que contratar debidamente a los pescadores, ponerlos en planilla y declarar mensualmente a través del PDT. Este solo hecho les daría automáticamente derecho a ESSALUD y a pensión, sea ONP o AFP, resolviendo así esta constante y justa reclamación de los pescadores. Simultáneamente se generaría una base de datos de pescadores embarcados que hasta ahora no existe.

Hasta ahora los reclamos por seguridad social se pretenden solucionar con improvisaciones u ofreciendo las alternativas de salud que existen en el mercado a través del MINSA o ESSALUD a fin de que puedan acceder a estas prestaciones. Pero nada en cuanto a pensiones.

La verdad es que no ha funcionado.

¿A dónde va Palacio de Gobierno en materia pesquera? Es de allí de donde deberían salir las directivas para un trabajo integrado entre los sectores responsables que conduzcan a definir una agenda sectorial que nos brinde una visión de futuro con una pesquería ordenada, inclusiva y sostenible. Nada de esto será posible, en tanto no haya una voluntad política clara por ordenar la actividad pesquera dentro de un marco establecido por una política con visión de largo plazo. Si no se despoja de politiquería a la administración de la pesca peruana, seguiremos hablando de los mismos problemas gobierno tras gobierno.

domingo, 30 de agosto de 2020

DOS TEMAS PENDIENTES EN EL SECTOR PESQUERO

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1.      ENCARGATURAS

 EL PROGRAMA NACIONAL A COMER PESCADO

 Cuenta con una Coordinación Ejecutiva suplente desde noviembre del 2019 y hasta la fecha no designan al Coordinador Ejecutivo.

 EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

PNIPA

 Con la Resolución Ministerial N° 003-2020-PRODUCE del 6 de enero de 2020, se da por concluida, a partir del 01 de enero de 2020, la designación del Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 005 Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura.

Hasta el día de hoy no se ha designado formalmente al nuevo Director. El puesto está cubierto por la Coordinadora Ejecutiva del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - Innóvate Perú, en calidad de encargada o sea que tiene dos cargos.

En ocho meses no se ha designado al reemplazo del Director cesado el 1 de enero de este año, asunto pendiente de regularizar.

2.      EL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU IMARPE

El Decreto de Urgencia Nº 015-2020 del 23 de enero de 2020, modificó el decreto legislativo nº 95, ley del instituto del mar del Perú - IMARPE, en el siguiente sentido:

10.2. El/La Presidente/a Ejecutivo/a del IMARPE es designado mediante Resolución Suprema refrendada por el/la Ministro/a de la Producción por un periodo de cuatro (04) años mediante concurso público de méritos, llevado a cabo por un Comité de Selección

Disposiciones complementarias finales

Segunda.- APROBACIÓN DE NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y

LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL IMARPE En un plazo que no exceda de treinta (30) días hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación del presente Decreto de Urgencia en el diario oficial El Peruano, se aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Instituto del Mar del Perú - IMARPE; así como los documentos de gestión que correspondan, a efectos de mejorar el desenvolvimiento de la gestión institucional, para asegurar la eficiencia y eficacia de sus procesos internos.

En tanto se aprueben los documentos de gestión, referidos en el párrafo precedente, se aplican las disposiciones contenidas en los que se encuentran actualmente vigentes, en lo que resulten aplicables.

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Decretos/Urgencias/2020/DU-015-2020.pdf

La exposición de motivos, que puede leerse en el link anterior, es interesante para quien desee analizarla.

En tal sentido, a fin de salvaguardar los recursos hidrobiológicos, se requiere emitir el presente Decreto de Urgencia durante el interregno parlamentario, no pudiéndose esperar a la instalación del nuevo Congreso, debido a que es importante y urgente que se cuente con un Consejo Directivo del IMARPE más especializado (Conocimientos científicos del mar peruano), al estar presidido por un/a científico/a o profesional con especialidad afín a la actividad del IMARPE, e incluir un/a representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, lo que contribuirá a que dicho órgano colegiado pueda tomar las decisiones adecuadas y oportunas para la preservación y explotación racional de dichos recursos. Más aún, si se considera que el IMARPE cumple un rol esencial, debido a que sus decisiones también conciernen al bienestar de las poblaciones costeras, así como al monitoreo y prevención de sucesos asociados a la variabilidad y al cambio climático. Además, la demora en la formalización de las modificaciones normativas implicarla que el IMARPE continúe con una gestión que no coadyuve a la adecuada prestación de sus servicios, y a la protección y sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, cuyo desmedro afectaría, de manera negativa y directa, no solo la economía del país sino también a la población. '

En consecuencia, el proyecto de Decreto de Urgencia plantea la modificación de los artículos 1, 4, 9, 1 O, 11, 12, 21 y 22 de la Ley del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 95 e incluye tres Disposiciones Complementarias Finales

Mediante la incorporación de la Tercera Disposición Complementaria Final en la propuesta normativa, se señala que en un plazo que no exceda de treinta (30) días hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación del presente Decreto de Urgencia en el diario oficial El Peruano, se aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Instituto del Mar del Perú: IMARPE; asi como los documentos de gestión que correspondan, a efectos de mejorar el desenvolvimiento de la gestión institucional, para asegurar la eficiencia y eficacia de sus procesos internos.

A fines de agosto de 2020 han transcurrido siete meses y no se tiene noticias del nuevo Reglamento de Organización y Funciones, habiéndose excedido largamente los 30 días de plazo que dispone el propio Decreto de Urgencia y que ha sido sustentado en la exposición de motivos, como se transcribe el los párrafos anteriores.

Tampoco se ha convocado a concurso para el cargo de presidente de la entidad.

Es un tema de fondo en el sector pesquero, que está pendiente de resolver.

Tal como fue ampliamente difundido en diversos medios de comunicación, en su momento se inició una serie de investigaciones a diversos funcionarios del Instituto por supuestos delitos o faltas en relación a la segunda temporada de pesca de anchoveta de 2019.

Que se sepa, públicamente no hay resultados de dichas investigaciones ni sanciones a ninguno de los investigados hasta el día de hoy.

Mientras tanto, el IMARPE está operando sin un ROF adecuado a la nueva norma y con un presidente en funciones que, de acuerdo a la propia norma, carecería de legitimidad moral para el ejercicio del cargo.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental hizo un interesante análisis de la norma que puede leerse en el siguiente link:

https://www.actualidadambiental.pe/imarpe-analisis-spda-decreto-urgencia/

La opinión de la Sociedad Nacional de Pesquería puede verse en el siguiente link, pero con el inicio de la primera temporada de anchoveta 2020 el silencio se abatió sobre todos los gremios y medios que habían opinado en relación al tema.

Los siguientes links permiten, a quien esté interesado en el tema, recordar con detalle la problemática descrita y que sigue pendiente de regularizar.

https://lexlatin.com/reportajes/decreto-de-urgencia-reestructura-imarpe

https://rpp.pe/columnistas/juancarlosriveros/el-caso-imarpe-noticia-1250470

https://www.servindi.org/actualidad-opinion/03/02/2020/aguas-movidas-en-el-instituto-del-mar-del-peru-imarpe

jueves, 27 de agosto de 2020

Finalmente se promulgó la norma que contribuye al control de la flota pesquera de bandera extranjera

 Buenas perspectivas para la pesca peruana para consumo humano

 

·         A partir de la fecha, embarcaciones pesqueras extranjeras deberán contar con un equipo de seguimiento satelital aprobado por PRODUCE para ingresar a puertos peruanos.

 

·         En los últimos cinco años, el Perú habría perdido en divisas, unos US$425.00 millones por la pesca ilegal de la pota en nuestro mar territorial.

 

El Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (S.N.I.), Alfonso Miranda Eyzaguirre afirmó que la publicación del Decreto Supremo Nº 016-2016-PRODUCE, permitirá a nuestro país combatir de manera eficaz la pesca ilegal de nuestros recursos marinos, especialmente la pota que, después de la anchoveta, es el segundo en importancia, dentro de nuestras 200 millas marinas.

 

La norma legal publicada hoy en el diario El Peruano indica que para el arribo de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera a puertos nacionales, que realicen operaciones fuera del dominio marítimo del Perú, los armadores o sus representantes legales en el país, deben cumplir con las condiciones siguientes:

 

a) El Estado del pabellón de la embarcación pesquera debe ser miembro o participante obligado de Organismos Regionales de Ordenación Pesquera.

 

b) La embarcación pesquera debe encontrarse autorizada para operar en el ámbito de dichos organismos regionales, de ser el caso.

 

c) La embarcación no debe figurar en una lista definitiva o final de embarcaciones que hayan incurrido en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de Organismos Regionales de Ordenación Pesquera.

 

d) Tratándose de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que realizan actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos transzonales o transfronterizos en alta mar, tener operativo el Sistema de Seguimiento Satelital – SISESAT, del Ministerio de la Producción, y transmitir a su centro de control, su posicionamiento satelital de los últimos seis meses anteriores a su reporte de ingreso.

 

Al respecto, Alfonso Miranda Eyzaguirre destacó la medida que obliga a las embarcaciones extranjeras que deseen ingresar a puertos peruanos para reparaciones, trasbordo o avituallamiento a tener obligatoriamente un sistema de seguimiento satelital (SISESAT) compatible con el del Ministerio de la Producción (PRODUCE), para que se pueda comprobar si la nave ha efectuado faenas ilegales de pesca en nuestro mar territorial.

 

“De esta manera, el Perú cuenta a partir de ahora con una medida de combate de la pesca ilegal que nos pone a la vanguardia en el control y monitoreo de flotas y en línea con las recomendaciones de los organismos regionales de ordenamiento pesquero del mundo”, manifestó.

 

Añadió que la pesca ilegal de la pota ha venido perjudicando seriamente a toda la cadena productiva, desde el pescador artesanal hasta las plantas procesadoras.

 

El dirigente empresarial precisó que por la pesca ilegal de la Pota, el Perú habría perdido en divisas, 85  millones de dólares por año o US$425.00 millones en los últimos cinco años.

 

“Hay más de 500 barcos que siguen la ruta del calamar, o  sea, Argentina, Chile, Perú y Ecuador”, denunció.

 

Miranda Eyzaguirre elogió los esfuerzos del gobierno, especialmente del Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la Mesa Ejecutiva de Desarrollo del Sector Pesquero por los recientes resultados obtenidos, donde señaló la mejora en competitividad que representa la modificación del control de contaminantes y el programa piloto para el procesamiento de materia prima importada.

 

Indicó que este es un trabajo que se viene realizando desde hace varios años, y valoró la  participación de las actuales autoridades del sector Producción.

 

El dirigente empresarial señaló que la pesca y acuicultura para consumo humano se ha propuesto duplicar sus exportaciones y aumentar los empleos que genera a más de 200 mil puestos de trabajo, una vez superada la crisis sanitaria por el COVID-19 y que se atiendan algunas propuestas sobre pesca y acuicultura presentadas al titular de PRODUCE.

 

Finalmente, el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la S.N.I. agregó que queda pendiente resolver el problema generado por el desconocimiento de algunas autoridades de la Ley de Promoción del Atún del 2007 (Ley 28965).

 

Adicionalmente, pidió la publicación de un decreto supremo que permitiría el control de los procesos, tal como lo hacen las potencias pesqueras del mundo, en beneficio de la facilitación del comercio, el mismo que se encuentra en su fase final de elaboración.