REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria.
En 2017 cumplimos 57 años de publicación contínua en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs

Correo electrónico: revistapesca@outlook.com

jueves, 21 de septiembre de 2017

EL TERMINO “DERECHOS DE PESCA”

Los peces en el mar, en su estado de libertad, “no pertenecen a nadie" o, en estricto rigor, no son objeto de derecho de propiedad, hasta el momento de la pesca (captura). Antes de eso, ni las personas ni “El Estado" son dueños de ellos. Otra cosa muy distinta es que el Estado deba otorgar protección a las riquezas contenidas en el mar, pero esto lo hace por soberanía, no por tener un “derecho de propiedad".

El término “derechos de pesca” puede tener significados diferentes según la latitud donde se le emplee. Es necesario entender debidamente su significado en el contexto en el cual se le aplica.

 “El derecho de pesca, determinado por uno u otro factor, ha cobrado "un valor económico", que se gestiona de manera distinta en cada país. Este valor ha dado lugar a un "mercado de derechos" de pesca dentro de cada país o entre distintos países y que consiste, por ejemplo, en alquilar o vender los derechos o días de pesca.

 “Todos los sistemas de gestión a nivel mundial han establecido alguna forma de derechos de acceso o de utilización de los recursos pesqueros. Es el caso, en particular, de la política pesquera común (PPC) en la Unión Europea, que entre otras cosas, prevé la concesión de licencias y cuotas nacionales, la limitación de «días de mar» para ciertas pesquerías y distintas medidas destinadas a limitar la capacidad de la flota. Los sistemas de gestión basados en los derechos de pesca no son más que un medio para ayudar a los pescadores a mejorar la rentabilidad de su actividad. La transferencia de los derechos de pesca constituye el aspecto más controvertido de estos sistemas de gestión. Implica un valor de mercado de la utilización de los recursos que puede ser elevado y puede tener importantes repercusiones en el desarrollo del sector. La transferencia de los derechos mejora la eficiencia de las empresas pesqueras. También tiende a acentuar la concentración del sector en términos de cuotas, licencias, distribución geográfica y composición de la flota. Hay que señalar que tal concentración también se deriva de la reducción de las posibilidades de pesca. Para contrarrestar una concentración excesiva, los sistemas de gestión basados en los derechos de pesca pueden concebirse con el fin de limitar las concentraciones más allá de un determinado límite máximo, para preservar el equilibrio geográfico de las actividades de pesca y mantener el tejido cultural, social y profesional, en particular, mediante la protección de las actividades de la pesca costera artesanal. No obstante, las nuevas medidas tendentes a limitar la concentración de los derechos deben respetar las normas del mercado interior y de la competencia”


En el Perú el término “derecho de pesca” no tiene la misma connotación que se expone en los párrafos anteriores. El término permiso de pesca es el que más se asemeja a lo utilizado en otros países. “Derechos de pesca” es un término empleado para expresar que por la extracción de determinadas especies se paga una tasa, una suma de dinero, por tonelada métrica extraída.

 Es así que el mismo término tiene implicaciones distintas en diversos países y puede inducir a confusión. En Perú debemos tener claro que el término se aplica al pago y no al permiso de pesca. En la Unión Europea y otros países los derechos de pesca determinan habitualmente qué especies pueden pescar sus poseedores, dónde y cuándo, y en qué cantidad. Los detalles específicos de estos derechos y la forma en que son asignados dependen en gran medida del contexto local, a diferencia del Perú por las razones mencionadas.

La pota y la merluza, el atún, el jurel y caballa (solo cuando son capturada por embarcaciones industriales nacionales o extranjeras y no por las artesanales) son también sujetos de “derechos de pesca” en términos de Perú.

Por lo tanto no debe aplicarse este término a los permisos de pesca, que vienen a ser la autorización que se concede a una embarcación para realizar operaciones extractivas dentro del dominio marítimo peruano, independientemente de que sus capturas sean o no gravadas con “derechos de pesca”.

La industria pesquera nacional genera ingresos para el Estado a través del pago de impuestos, en especial el de renta, ya que la comercialización de pescado fresco está exonerada del IGV. Y a través de los derechos de pesca que cobra Produce por concepto de extracción.  Estos derechos los pagan los armadores industriales nacionales y también los extranjeros que ingresan a pescar en aguas peruanas. Los pescadores artesanales no están afectos al pago de derechos de pesca. Esta particularidad de la normatividad vigente crea un problema cuando se procesan en forma de conservas, congelado o curado, que son productos que se exportan, ya que resultan ser especies que, debido a su modalidad de captura, no pagan derechos de pesca a diferencia de las capturadas por embarcaciones industriales.

Lo que significa, por ejemplo, que la merluza capturada por flota industrial destinada a una planta congeladora paga derechos de pesca; pero la misma merluza captura por una embarcación clasificada como “artesanal”, destinada a la misma planta no paga estos derechos.

Estos vacíos o imperfecciones legales deberían ser debidamente abordados a fin de uniformar la contribución de derechos de pesca, ya que todos quienes realizan esfuerzo pesquero deberían pagarlos por tratarse de recursos naturales que no deben ser gratuitos. No es apropiado que se lucre con un recurso natural sin pagarle al dueño del recurso que somos todos los peruanos.

La estructuración del canon pesquero, se hace sobre la incorporación del 50% de los derechos de pesca recaudados y del 50% del impuesto a la renta de tercera categoría del sector. El otro 50% de los derechos de pesca permanece a disposición de Produce. La utilización de este porcentaje no es pública, no se difunde ni se cuelga en el respectivo Portal de Transparencia del Ministerio de la Producción, que es el ente recaudador, por lo menos hasta ahora. La distribución del canon pesquero sí se difunde a través del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía de Finanzas.


Mientras menor es la recaudación de derechos de pesca, ente otras razones por las mencionadas, menor es el canon pesquero a distribuir entre los Gobiernos locales y regionales.

domingo, 10 de septiembre de 2017

PESQUEROS EXTRANJEROS Y LAS MEDIDAS DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO

La captura de un barco pesquero chino en Ecuador, provocó un gran revuelo en las últimas semanas porque se puso sobre el tapete la problemática de la presencia de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera operando en el borde del dominio marítimo peruano.

Es natural presumir que no es improbable que algunos de estos buques incursionen sistemáticamente dentro de las 200 millas del mar peruano.

Ante esta situación algunas voces se alzaron para reclamar acciones efectivas que impidan esta violación de nuestras aguas nacionales y otras salieron a decir que no es cierto que haya incursiones de barcos extranjeros, lo que resulta bastante poco serio.

Si bien es cierto no hay evidencias de incursiones, tampoco las hay de que no hubiesen ocurrido o que no se estén producido. El negarlas no constituye argumento válido. Lo más probable es presumir que es posible la incursión de estos barcos, facilitada por la escasa vigilancia y la amplitud de la nuestra frontera marítima.

En consecuencia se impone no solamente una vigilancia más eficaz de la autoridad competente, sino la adopción de medidas precautorias como impedir o dificultar el uso de los servicios portuarios peruanos a este tipo de embarcaciones.

También es de considerar el negocio que representa para algunas empresas públicas y privadas la provisión de servicios portuarios a estos barcos, algunos de los cuales incluso se sujetan a normas internacionales.

En Perú recién en junio del 2016 entró en vigencia el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No declarada y No Reglamentada. Este es el mayor tratado internacional contra este crimen que regula la entrada de la flota extranjera a los puertos. El Acuerdo ya rige en 30 países y la Unión Europea.

El Perú suscribió el acuerdo en 2010 pero para que el mismo entrase en vigor, debía ser aprobado por el Congreso de la República, cosa que ha ocurrido recién el 23 de junio de 2017 a través de la Resolución Legislativa 30591 la cual aprueba el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, adoptado el 22 de noviembre de 2009 en la Conferencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en su 36º Período de Sesiones, llevada a cabo en la ciudad de Roma, República Italiana, y suscrito por el Perú el 3 de marzo de 2010.

Habrá que ver qué medidas específicas se derivarán de esta norma en las próximas semanas.

Las medidas administrativas destinadas a endurecer los servicios portuarios a estas embarcaciones con el objeto de dificultar y/o disuadir su operación en nuestro dominio marítimo son multisectoriales y debieran ser articuladas desde la entidad que el Ejecutivo determine. Sin embargo, la responsabilidad de vigilancia de nuestro dominio marítimo recae exclusivamente en el Ministerio de Defensa y no en Ministerio de la Producción.
Más de allá de las necesarias coordinaciones y articulación de esfuerzos, la responsabilidad puntual, de acuerdo al ROF vigente es de Defensa y no de PRODUCE.

Puntualmente las funciones del Ministerio de Defensa aplicables a la materia dicen:

Funciones rectoras

b) Garantizar a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Instituciones Armadas, la soberanía e Integridad territorial en los espacios aéreo, terrestre, marítimo, lacustre y fluvial.
c) Dictar y normar lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, así como para la gestión eficiente de los recursos del Sector Defensa.
g) Proponer políticas para la participación del Sector Defensa en los sistemas de protección y vigilancia de la Amazonía  y del medio ambiente.

En esta nota se transcriben las medidas que hace mucho tiempo se implementaron en Chile, precisamente para proteger las especies marinas dentro de su Zona Económica Exclusiva (equivalente a nuestro dominio marítimo o 200 millas) y que reflejan mayor voluntad política para proteger sus intereses marítimos.

En Chile

Mediante el Decreto Supremo No. 123 de 2004 apruébase la siguiente política de uso de puertos nacionales por naves pesqueras de bandera extranjera que pescan en altar mar adyacente:

Sin perjuicio de las normas que regulan el desembarque, la política nacional concerniente a la utilización regular, para faenas logísticas, reabastecimiento y de reparaciones, de los terminales marítimos  del país por naves pesqueras de bandera extranjera que pescan en el alta mar adyacente presupone: 

a) Que el Estado del pabellón de los buques que realizan esta actividad pesquera ejerza una jurisdicción efectiva que le permita asumir eficazmente sus responsabilidades respecto a tales buques.
b) Que dicho Estado Coopere con Chile, en su condición de país ribereño, en la conservación de los recursos transzonales y altamente migratorios de la alta mar adyacente, cuando tales especias sean comunes o asociados con las que existen en la Zona Económica Exclusiva de Chile.
c) Que la cooperación se exprese en la negociación, adopción y aplicación de medidas de conservación compatibles con las que se aplican a los mismos recursos en las áreas marinas bajo jurisdicción nacional. 
d) Que las naves que realizan esta actividad pesquera utilicen permanentemente, dentro y fuera de la Zona Económica Exclusiva de Chile, un posicionador satelital compatible y conectado con el sistema chileno cuando así lo requieran los reglamentos o disposiciones de las autoridades nacionales competentes.
e) Que dichas naves sean sometidas, conforme a la práctica internacional y a las recomendaciones de las organizaciones internacionales de conservación y de pesca, seguridad marítima y preservación del medio ambiente acuático de las cuales Chile es Parte, a los mismos controles e inspecciones que se exigen a las embarcaciones nacionales.

Cuando las naves pesqueras indicadas en el inciso primero utilicen naves que les presten servicios de apoyo logistico, avituallamiento o preparación de la pesca, tales como el transporte de personas, el transbordo o transporte de recursos hidrobiológicos o de productos derivados de éstos, combustibles, artes de pesca, insumos, o cualquier otro suministro, el acceso a puertos y servicios portuarios para las naves que proveen tales servicios será otorgado cuando laves naves pesqueras cumplan con lo indicado en las letras a), b), c) d) y e) anteriores.
 Resolución Nº 780. Establece procedimiento para autorizar el ingreso y uso de puertos chilenos de naves que prestan apoyo logístico a naves pesqueras de pabellón extranjero. Artículos 3-7 y 10
 El armador de la nave de apoyo, o el representante que para estos efectos designe, deberá presentar, al menos con 72 horas de anticipación a la hora de recalada, en la Oficina Regional de Pesca correspondiente al puerto donde la nave decide recalar, una solicitud de ingreso a puerto y de servicios de puerto, utilizando More text los formularios destinados al efecto. Dichos formularios estarán disponibles en formato electrónico (elaborado en planilla Excel) en la página de dominio electrónico del Servicio www.sernapesca.cl
Artículo cuarto. Información requerida
A la solicitud señalada en el numeral anterior se deberá acompañar los siguientes documentos, de cada una de las naves pesqueras de pabellón extranjero que pesquen en alta mar adyacente a las áreas marinas de jurisdicción nacional, a las que ha prestado o prestará apoyo logístico:

a) Formulario señalado en el numeral Segundo de la resolución Nº 1.659, de 2004, que establece procedimiento para autorizar el ingreso a puertos chilenos de naves pesqueras de pabellón extranjero.
b) Copia de la autorización de pesca que habilita a la nave pesquera para realizar actividades pesqueras en el área donde ha operado y sobre los recursos que habitualmente captura.
c) Información relativa al cumplimiento de lo dispuesto en numeral Cuarto de la resolución Nº 1.659, de 2004, del Servicio.
d) El certificado con la gráfica y reporte de posiciones correspondientes al último viaje de pesca de la nave debe ser enviado por la autoridad del Estado del Pabellón de la nave pesquera, directamente al Servicio, al correo electrónico fiscalizacion@sernapesca.cl. El Servicio se reserva el derecho de solicitar información adicional.

Artículo quinto. El idioma de los documentos fundantes
La documentación deberá ser presentada en el idioma de origen y en español. La documentación traducida al español debe estar validada por el Consulado, Embajada u otra autoridad pertinente del país del Pabellón de la nave pesquera.
Artículo sexto. Condiciones para autorizar el ingreso y uso de servicios portuarios 
El Servicio verificará el cumplimiento, por parte de las naves pesqueras de pabellón extranjera a las cuales se preste apoyo logístico respecto de lo señalado en la resolución Nº 1.659, de 2004. El Servicio comunicará a la Directemar la decisión, respecto del cumplimiento de la resolución Nº 1.659, de 2004, para los fines de autorizar o rechazar el ingreso de la nave de apoyo a puerto nacional.
Artículo séptimo. Solicitud de recepción de la nave
Para solicitar la recepción de la nave, una vez aceptada la solicitud por parte del Servicio, se deberá presentar el formulario, con la aceptación debidamente firmada y timbrada a la Autoridad Marítima correspondiente al puerto de recalada.
Artículo décimo. Denegación de entrada a puerto 
Si las naves pesqueras de pabellón extranjero incorporadas en la solicitud no dan cumplimiento a la resolución Nº 1.659, de 2004, la solicitud de la nave de apoyo será rechazada y el Servicio devolverá al solicitante el formulario, debidamente firmado y timbrado en la sección ‘‘RECHAZO’’, con copia a la PDI, a la Directemar, a Subpesca, al Dima y a la Aduana. La solicitud será denegada cuando no se cumpla con las condiciones establecidas en el Artículo sexto. El rechazo de la solicitud tendrá como efecto que la nave de apoyo no podrá acceder a un puerto del país. Sin embargo, si la nave de apoyo, además, se encuentra efectuando servicios relacionados al comercio internacional de mercaderías y transporte marítimo de productos diferentes a los de tipo pesquero, el rechazo de la solicitud le permitirá ingresar a un puerto nacional y se le restringirá el uso de los servicios portuario a aquella actividad propia de la actividad comercial que realiza. Año de adopción2010Tipo de instrumento jurídicoLegislación nacional
Núm. 105.- Santiago, 20 de julio de 2016.

PROMULGA EN ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO DESTINADAS A PREVENIR, DESALENTAR Y ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA, APROBADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2009 POR LA FAO
 Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso primero, de la Constitución Política de la República.
 Considerando:
Que con fecha 22 de noviembre de 2009, se aprobó, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su 36º período de sesiones, el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada.
     Que dicho Acuerdo fue aprobado por el H. Congreso Nacional, según consta en Oficio Nº 1188/SEC/11, de 13 de septiembre de 2011, del Senado.
    Que con fecha 28 de agosto de 2012 la República de Chile ratificó el señalado Acuerdo con la siguiente declaración:
     "La República de Chile, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada:
 1. Reafirma que, de conformidad con el Artículo 1 literal e) del Acuerdo, por "pesca ilegal, no declarada y no reglamentada" se entienden las actividades mencionadas en el párrafo 3 del Plan de Acción Internacional de la FAO para Prevenir, Desalentar y Eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, de 2001.
 2. Reafirma el ejercicio de su soberanía sobre los puertos situados en su territorio de conformidad con el Derecho Internacional, lo que incluye la facultad de denegar la entrada a los mismos o de adoptar medidas más estrictas que las que se contemplan en el Acuerdo, lo que se conviene, entre otros, en sus Artículos 4 y 9.
 3. En el ejercicio de dicha soberanía, dictó el decreto supremo Nº 123, de 3 de mayo de 2004 (Diario Oficial de 23 de agosto de 2004) modificado por el decreto supremo Nº 329 de 30 de diciembre de 2009 (Diario Oficial de 30 de enero de 2010), ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que disponen: "Sin perjuicio de las normas que regulan el desembarque, la política nacional concerniente a la utilización regular, para faenas logísticas, reabastecimiento y de reparaciones, de los terminales marítimos del país por naves pesqueras de bandera extranjera que pescan en el alta mar adyacente presupone:
a) Que el Estado del pabellón de los buques que realizan esta actividad pesquera ejerza una jurisdicción efectiva que le permita asumir eficazmente sus responsabilidades respecto a tales buques.
b) Que dicho Estado coopere con Chile, en su condición de país ribereño, en la conservación de los recursos transzonales y altamente migratorios de la alta mar adyacente, cuando tales especies sean comunes o asociadas con las que existen en la Zona Económica Exclusiva de Chile.
c) Que la cooperación se exprese en la negociación, adopción y aplicación de medidas de conservación compatibles con las que se aplican a los mismos recursos en las áreas marinas bajo jurisdicción nacional.
d) Que las naves que realizan esta actividad pesquera utilicen permanentemente, dentro y fuera de la Zona Económica Exclusiva de Chile, un posicionador satelital compatible y conectado con el sistema chileno cuando así lo requieran los reglamentos o disposiciones de las autoridades nacionales competentes.
e) Que dichas naves sean sometidas, conforme a la práctica internacional y a las recomendaciones de las organizaciones internacionales de conservación y de pesca, seguridad marítima y preservación del medio ambiente acuático, de las cuales Chile es Parte, a los mismos controles e inspecciones que se exigen a las embarcaciones nacionales. Cuando las naves pesqueras indicadas en el inciso primero utilicen naves que les presten servicios de apoyo logístico, avituallamiento o preparación de la pesca, tales como el transporte de personas, el transbordo o transporte de recursos hidrobiológicos o de productos derivados de éstos, combustibles, artes de pesca, insumos, o cualquier otro suministro, el acceso a puertos y servicios portuarios para las naves que proveen tales servicios será otorgado cuando las naves pesqueras cumplan con lo indicado en las letras a), b), c), d) y e) anteriores."."

Que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 29, numeral 1., del referido Acuerdo, y, en consecuencia, éste entró en vigor internacional el 5 de junio de 2016.
Decreto:

Artículo único : Promúlgase el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su 36º período de sesiones; cúmplase y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.

Marcos Kisner Bueno
Pressidente Revista Pesca

miércoles, 30 de agosto de 2017

Editorial Revista Pesca septiembre 2017

El PESEM 2017-2021, recientemente aprobado,  no menciona acciones concretas en cuanto a la pesca industrial, porque probablemente se haya considerado que ya no son tan prioritarias como prestar preferente atención a la pesca artesanal, consumo interno y acuicultura. Existen muchas acciones por ejecutar y problemas por atender; pero todos ellos podrían enmarcarse dentro del objetivo 3: “mejorar la cadena de valor de los productos hidrobiológicos”. Aun cuando el título no define muy bien las acciones estratégicas consignadas, es importante no confundir el título del objetivo estratégico con las acciones estratégicas.

Que las cosas funcionen o no, es un tema de voluntad y eficiencia de los funcionarios responsables de ejecutar los planes. Lo destacable es que el marco conceptual y teórico sobre el cual se basarán los Planes Operativos del sector y sus presupuestos, a partir de ahora, para este gobierno por lo menos, son más apropiados que lo que se hizo en diciembre de 2015.

La actividad industrial de extracción y procesamiento pesqueros no es la misma de hace diez años. Ha alcanzado un importante nivel de ordenamiento, regulación y administración. Probablemente la normatividad vigente aún es perfectible; pero no se puede negar que es notoriamente superior a lo existente antes de 2008. 

Por otro lado, algo está pasando. Algo está germinando en las mentes de las nuevas generaciones del Perú, que poco a poco vienen mostrando mayor interés por la pesca y el ambiente, sobre todo a través de las redes sociales. La participación ciudadana se incrementa y eso es algo que deberá cambiar la estructura del sector pesquero en los años por venir. Falta que se incorpore a la ciudadanía a la mesa de discusiones y toma de decisiones en su calidad de propietaria del recurso pesquero y consumidor final del producto pesquero. Hasta ahora viene siendo excluida, olvidando que toda la industria existe en función de un consumidor el cual tiene derecho a la participación.

La industria pesquera de CHI y la de CHD son componentes importantes del PBI. Eso es una realidad, por lo cual  no deberían ser objetos de confrontación. El sector ha perdido mucho tiempo en enfrentamientos estériles que no han dado resultados positivos para nadie, por lo cual se debe evolucionar hacia la búsqueda armónica de consensos.

Lo que deberá hacer la industria es ubicarse en una justa dimensión de contribución a la Nación, legítima propietaria de los recursos naturales. Deberá basarse en un enfoque ecosistémico. Deberá ser una industria limpia que no contamine perjudicando la calidad de vida del poblador costero y seguirá existiendo, dentro de una justa y adecuada dimensión.

Las poblaciones costeras deberán organizarse y contribuir al esfuerzo. Su bienestar y el de las futuras generaciones dependen de lo que hagan o dejen de hacer hoy en defensa de su calidad de vida, de su sustento, y de la primacía de la realidad. Una realidad que reclama el diseño de una Política de Estado integral, coherente  y de largo plazo.

Es necesario un escenario sin conflictos entre la industria y el Estado que permita prestar atención a temas pendientes. Dentro de ello no cabe ninguna duda de que se encuentra la problemática de la pesca artesanal, de la acuicultura y de la alimentación nacional, como prioritarios.

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Proporciona información, ideas y opiniones obtenidas de fuentes diversas, que tienen por objeto exponer la problemática de la pesca en el Perú y el mundo.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a SETIEMBRE 2017 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.

En formato revista en el siguiente link:
https://www.yumpu.com/es/document/view/59392058/revista-pesca-setiembre-2017

lunes, 28 de agosto de 2017

DOS TEMAS PESQUEROS DE ACTUALIDAD: PESCA ILEGAL Y ANCHOVETA PARA CHD

El Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, Alfonso Miranda, ha denunciado que la cuota de 300 mil toneladas está siendo utilizada por plantas harineras ilegales que la procesan sin restricciones. En consecuencia, manifiesta que las plantas de anchoveta para consumo humano directo no podrán utilizar este año esta cuota.

Parte del problema radica en la existencia de plantas reductoras que, indebida e ilegalmente emplean anchoveta en perjuicio del abastecimiento a la industria conservera.

Otra arista del asunto es la ejecución de procesos sancionadores por captura de juveniles, pese a haber sido reportada su captura.

Finalmente se tiene la competencia desleal de conservas importadas y productos congelados de procedencia cuestionada, tanto por motivos sanitarios como por denuncias de trabajo esclavo en las plantas de origen.

La noticia completa puede verse en el siguiente link.

El asunto es que, pese a la existencia de diferentes dispositivos y normas que tienen la intención de ordenar la pesquería de anchoveta para consumo humano directo, todavía no puede llegarse a establecer un Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP) para esta pesquería que real y definitivamente resuelva el problema de la gestión de este recurso. Si bien es cierto que el tema es complicado, su importancia amerita una evaluación y el dictado de medidas consensuadas que puedan ser efectivamente implementadas.

La extracción de anchoveta para Consumo Humano Indirecto fue regulada por el DL 1084 y aunque no constituye un ROP propiamente dicho, resulta ser lo mejor que había hecho para ordenar dicho recurso. El consumo humano directo no ha tenido una norma del mismo nivel de éxito.

En 2018 se cumplen diez años de este Decreto Legislativo y se vencen algunos plazos, como el congelamiento de los derechos de pesca y tal vez la vigencia de la norma, aunque algunas interpretaciones indican que los diez años se cuentan a partir de la suscripción de los convenios, que tienen fechas distintas en cada empresa. Sin embargo, sería una oportunidad para revisar la norma, perfeccionarla e incluir a la pesquería de anchoveta para consumo humano directo de tal forma que se pueda generar un ROP definitivo que tenga alcance sobre el CHD y el CHI, toda vez que se trata de un mismo recurso pesquero.

El otro punto que ha sido noticia es el referente a la presencia de una flota china operando frente a Perú y Ecuador, sobre el cual se han hecho varios comentarios. Los Ministros de la Producción y de Defensa han sido invitados al Congreso de la República para informar sobre el tema. Sería interesante que se aproveche esta coyuntura para que se informe al país cuántas embarcaciones de bandera extranjera que operan frente a nuestro dominio marítimo y que se sospecha realizarían actividades de pesca incursionando en el mismo, han sido atendidas en puerto peruano en los últimos años.

Los servicios de mantenimiento que se  brindan en astilleros peruanos, los aduaneros, logísticos, de transbordo (si hubiesen) y de avituallamiento, al cuantificarse pueden mostrar el impacto económico favorable que tienen en la economía peruana. Esto tiene que contrastarse contra el impacto desfavorable que causaría la captura de especies en forma ilegal y el perjuicio que le causaría al ecosistema marino del Perú y a la industria pesquera nacional.

Todo este análisis debe hacerse, para evaluar la conveniencia de cerrar los puertos nacionales a estas embarcaciones en resguardo de nuestros intereses. No es la única medida ni es la solución final al tema, pero sí se convertiría en una real medida de protesta y de obstaculización a operaciones pesqueras ilegales que se presume podrian estar realizando mediante incursiones dentro de nuestro dominio marítimo.


Por otro lado mostraría en forma transparente, si el beneficio económico que se recibe por la atención de estas embarcaciones en nuestros puertos, podría generar un conflicto de intereses con la erradicación de la pesca ilegal.

sábado, 19 de agosto de 2017

El riesgo de la flota pesquera china para el Perú

En los últimos días, a raíz de la captura de un barco pesquero chino,  hemos tomado conocimiento de la presencia de una enorme flota china que incursiona en la Zona Reservada de la Las Galápagos en Ecuador. La noticia puede ser vista en los siguientes links:



“La Cancillería ecuatoriana denunció la presencia de "una amplia flota de barcos pesqueros de bandera china en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva de Ecuador, de 200 millas marinas de extensión".

Bustos señaló, al respecto, que el PNG ha desplazado un equipo de vigilancia aérea que, en coordinación con la Armada ecuatoriana, pretende tener una visión clara de la situación”

“La imagen satelital muestra a la flota pesquera china, que se halla frente a las costas ecuatorianas y de las Galápagos, como una mancha gigantesca. Tan grande como la provincia del Guayas, ha dicho un militar ecuatoriano. Es tan grande que se antoja irreal e inverosímil. Pero basta una investigación en fuentes confiables y especializadas  para entender que, cuando se habla de la flota pesquera china, no existe exageración posible y que se trata de una amenaza que debería poner a temblar a las autoridades del Ecuador. O de cualquier otro país, en verdad”

Esta no es la primera vez que se tiene este tipo de informaciones. En el Perú la SNI y varias otras organizaciones han venido haciendo estas denuncias dese hace tiempo.

No se conoce de ninguna acción realizada por la Marina de Guerra peruana,  si está realizando un patrullaje para detectar probables incursiones en nuestro dominio marítimo o si ha efectuado alguna interdicción.

La gravedad del problema impone que el Perú tome acciones puntuales para detener a esta flota, una de las cuales debe ser prohibir su atraque en puertos peruanos para operaciones de avituallamiento o mantenimiento o de trasbordo.

Los astilleros peruanos deben negarse a brindar servicios de mantenimiento y los puertos no deben brindar facilidades logísticas. Los intereses económicos no pueden sobreponerse a los intereses nacionales.

Si no se toman medidas apropiadas, la industria de CHD nacional puede ser severamente perjudicada, así como la depredación de los recursos marinos incrementada en niveles insospechados.

El Estado está en la obligación de actuar y establecer con claridad las competencias sectoriales en materia de control e interdicción de naves extranjeras operando dentro del dominio marítimo y las del sector que debe impedir el uso de puertos peruanos a esta flota.



domingo, 13 de agosto de 2017

EL CIRCULO PESQUERO, LOS PAGOS DE LA ANCHOVETA, EL DECENIO DE LAS CUOTAS DE PESCA, LA ACUICULTURA

Durante la segunda semana de agosto, el sector pesquero ha tenido una atención poco usual por parte de los medios, los cuales usualmente no le dedican mucho espacio.

Ojo Público publicó un artículo sobre la concentración del círculo pesquero en el Perú, que fue de alguna manera respondido por la Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería con el artículo “pagamos un precio bastante razonable por extraer anchoveta”. Ambas notas, de Ojo Público.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental publicó un artículo sobre la Historia y balance de cómo se ha manejado la pesca de anchoveta en el Perú.

Este último, entre otras cosas, trae a la memoria el proyecto de ley de creación de la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura (Sunapes) que fue presentado al Congreso por el gobierno anterior; pero que nunca fue aprobado.

La Revista Pesca ha publicado, en su página web, los tres documentos con algunos comentarios, los cuales pueden verse en los siguientes links:




La designación del ex viceministro de Pesquería, Alfonso Miranda como vicepresidente de la CIAT, prestigia al Perú, aunque según algunos los empresarios privados no deberían ser funcionarios públicos y viceversa, lo que es una afirmación incorrecta.

El Ministro de la Producción anunció que se está estudiando la restitución de incentivos tributarios a la acuicultura. El tema está vigente en Perú desde el año 2000 que se definió el desarrollo de la acuicultura como como un objetivo importante. Se promulgó una ley de promoción con incentivos y el Plan Nacional de Desarrollo Acuículo para el período 2009 – 2021. Pero al no haber tenido mayores éxitos y haberse cambiado la ley en el gobierno anterior, parece que hay un problema o con el diagnóstico o con las medidas y acciones estratégicos porque la realidad es que no se consiguen los objetivos esperados.

Al acercarse el año 2018 se generan inquietudes en relación al DL 1084, que fue promulgado en 2008 y que indebidamente se le conoce como la ley de  “cuotas de pesca de anchoveta”. Técnicamente lo que hizo la norma es otorgar límites máximos de captura por embarcación. Estas varían anualmente en función a la cuota de captura anual, la cual es repartida entre las embarcaciones con permiso de pesca para anchoveta, de acuerdo a los procedimientos que establece la propia norma. No asigna derechos de propiedad, simplemente mejora la normatividad relativa a la extracción.

La primera disposición final congeló por diez años el monto a pagar por derechos de pesca de anchoveta, o sea hasta el 2018 si se interpreta debidamente la norma. No hay, por otro lado una claridad expresa en cuanto a la duración de esta repartición de límites de captura por embarcación. Algunos interpretan que la norma cesa su vigencia a los diez años y otros dicen que ello está en función a las fechas los convenios de estabilidad que se fueron estableciendo.

La norma dictada incluye la creación de un aporte social de las plantas procesadoras, de US$1.95 por TM de pescado descargado que, se estimaba rendiría US$140 millones en 10 años, para construir un fondo que permitiese dar un beneficio a quienes se quedaron sin pensión. Se venía recaudando a través de un fideicomiso en el Scotiabank, el mismo que fue transferido al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) por mandato de la Ley N° 30003, que establece que este aporte social constituye un recurso del Fondo Extraordinario del Pescador – FEP cuyo  objeto es financiar la Pensión de Rescate Complementaria, la Transferencia Directa al Ex pescador y el Régimen Especial de Pensiones para los Trabajadores Pesqueros, los que deben ser administrados por la ONP.

Al mes de abril de 2017 el aporte de los US$1.95 sigue vigente pues la norma no ha sido derogada, sin embargo su recaudación NO se puede realizar desde febrero del 2014 puesto que se cerró el fideicomiso y no se ha emitido ninguna norma que establezca el procedimiento para continuar depositando los aportes, ni dónde hacerlo.

La industria no se ha negado a contribuir con el aporte,  sino que sencillamente se cambió la norma y ningún funcionario se dio cuenta de que se creaba un vacío que impediría seguir realizando el aporte, situación que sigue sin ser resuelta a la fecha.

La norma, además, prohibió despidos y permitió incentivos para quienes desearon renunciar o adelantar su jubilación. También creó un sistema de rotación para los tripulantes. De otro lado, creó un Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero (Foncopes), financiado al 100% por el sector pesquero, que aportaría hasta S/. 270 millones en los siguientes diez años.

Como fuese, el año 2018 se presenta para la pesquería de anchoveta, con polémicas interesantes que debería introducir algunas mejoras en el DL 1084 y actualizar lo necesario, como el aporte del US$ 1.95 por TM de anchoveta descargada.

El monto que se paga actualmente por derecho de pesca será, probablemente, el detalle más controversial del debate durante los meses venideros.

Un balance de los resultados del DL 1084 en cuanto a sus resultados operativos, económicos y destino de los aportes creados, así como de la performance del Foncopes, sería conveniente. Más allá de pasiones y controversias, se requiere de un análisis objetivo y estrictamente técnico.

Toda idea nueva genera oposición, como ocurre con muchos cambios ocurridos en la pesquería peruana; pero si nos remontamos diez años atrás, podremos apreciar que algo está pasando. Algo nuevo está ocurriendo y es el visible mayor interés que la pesca despierta en la ciudadanía, en gran parte motivada por la incursión del tema en las redes sociales y por el periodismo de investigación.  Algo está germinando en las mentes de las nuevas generaciones del Perú. Algo que debería cambiar irreversiblemente al sector pesquero en los años por venir. Algo que debe tener el sustento y visión de una Política de Estado.

La industria reductora es una realidad y no debería ser objeto de ataque, pues no podría serlo. Deberá ubicarse en una justa dimensión de contribución a la Nación, legítima propietaria de los recursos naturales. Deberá basarse en un enfoque ecosistémico. Deberá ser una industria limpia que no contamine perjudicando la calidad de vida del poblador costero y seguirá existiendo, dentro de una justa y adecuada dimensión.

Las poblaciones costeras deberán organizarse y contribuir al esfuerzo. Su bienestar y el de las futuras generaciones dependen de lo que hagan o dejen de hacer hoy en defensa de su calidad de vida, de su sustento, y de la primacía de la realidad. Una realidad que nos impone el diseño de una Política de Estado integral, coherente  y de largo plazo. Y voluntad y decisión políticas para llevar adelante un nuevo diseño estructural de la pesquería peruana, que priorice la alimentación nacional.

Solo entonces podremos vanagloriarnos de ser un país pesquero.

Marcos Kisner Bueno

Presidente de la Revista Pesca

miércoles, 2 de agosto de 2017

EL PLAN ESTRATEGICO 2017 – 2021 DEL SUB SECTOR PESCA EN EL PERU

La Resolución Ministerial N° 354-2017-PRODUCE, del 27 de julio de 2017 aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017 – 2021 del Sector Producción.

Este documento reemplaza al que fue aprobado casi a la salida del gobierno anterior y que relegó a la pesquería a su más mínima expresión.

El nuevo, incorpora elementos de la problemática pesquera y de desarrollo que no se habían considerado anteriormente y le devuelve importancia a la pesca, aunque la orientación principal continúa enfocada en el área de Industria y MIPYMES.

Aunque de alguna manera la industria pesquera de transformación, por definición debiera pertenecer al subsector Industria, se encuentra en el subsector pesca probablemente, por costumbre o en atención a la cadena productiva. En todo caso este PESEM está mucho mejor estructurado que el anterior y muestra una recuperación de la importancia que tienen la pesca y la acuicultura.

Es de destacar que el tema de fondo al cual se le concede una importancia especial es  la contribución de la pesca al crecimiento del PBI y las exportaciones, que es la orientación básica de la política del actual gobierno.

Al parecer se parte de la premisa de que la pesca industrial ya se encuentra en un nivel adecuado de regulación en la medida en que no se aprecian acciones orientadas a esta actividad en forma puntual, sino que más bien se focaliza en la pesca artesanal y la acuicultura.

Se ha diseñado tres objetivos estratégicos (OE):

El Objetivo Estratégico Nº: 1 “Incrementar la competitividad de los agentes económicos del Sector Producción, teniendo como indicador el volumen de exportaciones de productos manufacturados de mediana y alta tecnología”.

El Objetivo Estratégico Nº: 2  “Fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES, teniendo como indicador el volumen de producción de las MIPYMES.

El Objetivo Estratégico Nº: 3 “Mejorar la cadena de valor de los productos hidrobiológicos, teniendo como indicador el Producto Bruto Interno de la Actividad Pesca y acuicultura expresado en millones de soles constantes al 2007.

Acciones Estratégicas (AE)  para el OE Nº 3:
  1.  Promover la formalización de la actividad pesquera artesanal y acuícola.
  2.  Mejorar el nivel de cumplimiento de los estándares de sanidad e inocuidad de los productos de origen pesquero y acuícola.
  3. Promover el acceso al financiamiento de las unidades económicas de la pesca artesanal y acuicultura.
  4. Promover la innovación en pesca y acuicultura.
  5.  Promover el comercio interno de productos hidrobiológicos.
  6.  Fortalecer el ordenamiento de la pesca y acuicultura haciendo uso sostenible de los recursos hidrobiológicos.
  7. Promover el desarrollo sostenible de la acuicultura.

Indicadores de las Acciones Estratégicas (AE):

AE 1
·           Porcentaje de embarcaciones pesqueras artesanales formalizados.
·           Porcentaje de centros de producción acuícolas formalizados.
AE 2
·           Desembarcaderos pesqueros artesanales habilitados sanitariamente.
·           Porcentaje de centros de producción acuícolas habilitados sanitariamente.
·           Porcentaje de embarcaciones pesqueras habilitadas sanitariamente.
AE 3
·           Porcentaje de unidades económicas del sector pesca y acuicultura con acceso al financiamiento.
AE 4
·           Gasto en Investigación, desarrollo e innovación en el sector  pesca y acuicultura.
AE 5
·           Consumo per cápita anual de pescados y mariscos.
AE 6
·           Número de normas aprobadas
·           Cobertura de supervisión y fiscalización de las actividades pesqueras y acuícolas.
AE 7
·           Volumen de cosecha de la acuicultura.

Cabe destacar que este PESEM muestra como línea de base en cuanto al consumo per cápita anual de pescado y mariscos de 16.2 pp en 2015.

Sin embargo la cifra expresada en el Anuario Estadístico de 2015 del propio Ministerio de la Producción, muestra la cifra de 24,4 como consumo aparente en 2015.

Esta diferencia en la línea de partida puede distorsionar los resultados de los próximos años, por lo cual debería ser precisada en relación a saber cuál es la fuente oficial que debiera tomarse en cuenta.

La Acción Estratégica Nº 5, referida a promover el comercio interno de productos hidrobiológicos, es particularmente importante porque articulada con los planes de reducción de la desnutrición y anemia infantil del MIDIS y el MINSA, puede contribuir en forma importante a alcanzar sus objetivos y además llegar a la población peruana que actualmente no tiene acceso a productos hidrobiológicos.

Hacer un Plan Estratégico para un Ministerio que integra dos actividades como pesca e industria, es difícil en la medida que se busca objetivos comunes a ambos sectores. Diseñarlos no es sencillo y siempre quedarán algunas acciones, en el subsector pesca, relegadas por la propia tendencia y orientación de una entidad dirigida por funcionarios con mayor experiencia en industria que en pesca.

La orientación sería diferente en un Ministerio de Pesca y Acuicultura exclusivo. Pero es lo que se tiene y no se puede negar que este nuevo documento es una significativa mejora para el sector.

Marcos Kisner Bueno

Presidente de la Revista Pesca