PESCA: LA PERSPECTIVA ALIMENTARIA Y DEL MERCADO EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

Pensar qué significan para los pobladores las cifras de ingresos provenientes de la pesca hace que nos preguntemos si acaso no sería más correcto hablar de cuántos impuestos han generado esta actividad y cómo los ha beneficiado. Y es que esta visión nos daría una idea de la verdadera posición de la pesquería peruana en su relación con el país y con aquellos que, como legítimos propietarios de estos recursos naturales, tienen el derecho de saber en qué han sido beneficiados.

¿Qué puede pensar el poblador marginado que no tiene qué comer pero escucha que somos un gran país pesquero? ¿Qué le importan esas cifras si, además de no representar un beneficio directo para él, tampoco representa alimento para sus familias? El poblador andino no consume pescado y acusa índices preocupantes de desnutrición. Mientras tanto, el sector crece en medio de aplausos.

Se ha atribuido siempre a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Se ha elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos, creyendo que los recursos pesqueros son infinitos e inagotables y forzando la extracción hacia límites impredecibles en sus consecuencias.

Regalar pescado o venderlo a precios artificiales para hacer propaganda de esos actos es una ayuda a ciertos sectores de la población; pero no es una solución a la desnutrición ni lo que el país necesita. Programas que promocionan productos pesqueros elaborados por ciertas industrias tampoco es la solución que se requiere.

EXPORTACIONES

Se afirma que el Perú aumentó sus exportaciones pesqueras y que obtuvo éxitos destacables. Lo que no se especifica es quiénes son los que ganaron. Detrás de las exportaciones de productos pesqueros, se oculta un problema proporcionalmente similar o mayor que los beneficios logrados según la información oficial. Bajo las publicitadas cifras que ofrecen la imagen de un sector próspero, se desarrolla el drama real de una pesquería sometida un esfuerzo pesquero intenso. Y un país que va dejando tras de sí hermosas bahías contaminadas y devastadas.

¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuantas carreteras, cuantos desembarcaderos, han surgido gracias a la contribución de la pesquería? Probablemente algo haya surgido si revisamos las inversiones provenientes del canon pesquero, pero ¿en proporción justa a los volúmenes de dinero ingresado por la exportación?

Hoy se ve menos pescado que antes en los mercados y cuesta tanto o más que el pollo, con contadas excepciones.  El beneficio del país no va de la mano del beneficio de las empresas en el actual modelo.

Hoy, existe un mayor dinamismo del sector pesquero exportador pero, ¿irradian este crecimiento al resto del país? Que les vaya bien a las empresas no significa que le vaya bien al ciudadano medio.

Por más que se pretenda justificar que el sector genera divisas (que finalmente son propiedad de los exportadores y no del Estado) y generan empleo directo e indirecto, la realidad muestra que el sector pesquero peruano no es necesariamente inclusivo, puesto que a los dueños de los recursos, es decir el pueblo peruano, no se le muestra lo que reciben.

Las ventas de pescado sin proceso de transformación están exoneradas del Impuesto General a las Ventas, lo que beneficia al comprador; pero el pescado es cada vez más caro, o sea que su consumo se viene reduciendo a ciertos sectores que los pueden pagar y no a las mayorías.

La promoción del consumo humano directo de productos pesqueros en el mercado nacional, el cual puede ayudar a reducir los índices de desnutrición de la población, especialmente la infantil, tropieza con la dificultad de que la industria pesquera solamente tiene incentivos para exportar sus productos y no para el mercado interno. Por la exportación se le restituye el Impuesto General a las Ventas pagado y se le otorga un Drawback, en algunos casos, que es un estímulo para la exportación. En cambio para el mercado interno, los productos transformados pesqueros pagan el IGV y carecen de algo parecido al Drawback. En consecuencia la industria pesquera no tiene mayor motivo para introducir sus productos en un mercado que no le ofrece atractivos.

La vocación exportadora del sector, coherente con el modelo económico vigente, condena a la población peruana a disponer de una oferta de recursos hidrobiológicos insuficiente y de calidad discutible si la comparamos con la calidad del denominado “producto de exportación”.

Tan selectivo es el asunto que en las etiquetas se pone el término “calidad de exportación” como para reafirmar ante el país y el mundo entero, que en el Perú hay una clara selectividad: lo que se exporta es mejor que lo que se deja para el consumo interno.

Tan poca atención se presta al país, que existe un Ministerio de Comercio Exterior, pero no existe un Ministerio de Comercio Interior. Al sistema le preocupa más satisfacer las necesidades alimentarias de los países desarrollados que las necesidades de la propia población.

En ese orden de cosas, la exportación es más atractiva por los beneficios tributarios que se derivan de ella para los exportadores.  El mercado interno carece de similares estímulos. Por tanto es posible hablar de subsidios a la exportación pesquera.

Exportamos harina de pescado para alimentar peces cultivados en otros países, exportamos congelados a otros países para alimentar a otras poblaciones, y exportamos conservas a otros países para alimentar también a otras poblaciones. Lo que no se puede exportar se destina al mercado nacional. Además, lo que no satisface los estándares de calidad de los mercados internacionales, se traslada al mercado nacional. Se mantiene un doble estándar de calidad menospreciando al consumidor peruano.

La pesca de consumo en estado fresco, por sus volúmenes y por cuestiones de mercado, se destina a la población nacional. Pero la ausencia de cadena de frío limita su distribución.

Cabe preguntar si la capacidad de producción de hidrobiológicos del Perú permite incrementar su oferta exportable, que se ve presionada y favorecida por la firma de tratados de libre comercio.

Es evidente que en el caso de harina de pescado producida en base a anchoveta, no habrá posibilidad, (no debería haberla por lo menos) de incrementar las cuotas de captura, por lo cual no habría forma de incrementar estas exportaciones.

En el caso de recursos destinados al Consumo Humano Directo, a menos que se orienten capturas a nuevos recursos o recursos subexplotados, tampoco habría forma de producir un incremento de la oferta. El empresario privado optará siempre por vender sus productos con mayor valor agregado al mejor precio y al mejor postor. En esa lógica de pensamiento siempre encontrará en la exportación un mercado dispuesto a pagar caro por alimentos o materia prima para producir alimentos gourmet que satisfagan no necesariamente el hambre sino exigencias gastronómicas. El ciudadano pobre que solo requiere proteína barata tenderá a ser excluido de esa lógica de mercado.

La única forma de incrementar la oferta exportable, sin afectar al ecosistema marino peruano, sería con productos provenientes de la acuicultura y maricultura.

SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

La pesquería viene siendo conceptuada como fuente de riqueza vía exportación, cuando primero debe ser fuente de alimentación nacional. Si aspiramos a la soberanía y seguridad alimentarias se necesita una pesquería que produzca alimentos variados, sanos y accesibles para su población y, para el mercado externo debe haber igualdad de trato. Los beneficios a la exportación deben ser similares a los del mercado interno.

Estamos lejos de una noción de soberanía alimentaria. Dicha noción se entiende como el derecho de los pueblos a alimentarse en correspondencia con sus especificidades sociales, económicas, ambientales y culturales. Dentro de un sistema donde el alimento sea disponible y autosuficiente. Es decir con posibilidades de su compra en mercados justos, con calidad y cantidad de alimentos sanos y libres de todo tipo de contaminaciones.

La soberanía alimentaria supone un cuidado sostenible de los recursos naturales.

El mar peruano todavía ofrece varias especies abundantes que son muy poco utilizadas por la industria o consumidas por el público.

La cada vez mayor escasez de especies de consumo tradicionales como el congrio, el mero, la corvina, etc., indican que hay menos peces. Por eso, salvo una que otra especie, el pescado es caro en un país que se dice "pesquero".

La verdad es que los volúmenes que antes existían de otras especies ya no son los mismos. Para los pescadores ya no es rentable pretender vivir de su captura. Para los consumidores, los precios de la mayor parte de especies que antes eran asequibles a su adquisición, hoy ya no lo son. Solo unos pocos sectores privilegiados pueden acceder a ciertas especies.

Hubo un tiempo en el cual el jurel y uno que otro recurso era accesible y competía favorablemente con el pollo, su principal competidor. Hoy la situación se ha revertido.

Hay una imposibilidad para acceder a los alimentos por parte de amplias poblaciones que no pueden pagar los precios actuales.

La mayor parte de las capturas pesqueras en el Perú van a la producción de harina y aceite de pescado para la exportación, con otra parte para el consumo humano directo, también mayormente para la exportación en forma de enlatado y congelado. A nivel nacional, el pescado se consume principalmente fresco. Las especies de peces más cotizadas (corvina, lenguado, cojinova - especies carnívoras de carne blanca) son actualmente muy escasas y sus precios las hace inasequibles a la mayor parte de la población. Actualmente, las principales especies de pescado consumidas en el Perú son pelágicas (pota, bonito, jurel, caballa y otras).

La promoción del consumo de pescado debe orientarse a los estratos socioeconómicos más bajos y con los recursos más abundantes.

La promoción de consumo de la anchoveta tuvo avances importantes. Hoy ya no existe ningún programa de esta naturaleza. El desarrollo del mercado interno peruano para productos preferentemente derivados de la anchoveta es un enorme desafío. Implica educar a la población en el hábito de consumo de productos hidrobiológicos, en especial la anchoveta y de transformar un simple potencial de consumo en un verdadero mercado.

El reto nacional es desarrollar el mercado interno. La barrera para ello radica en que es más fácil aprovechar los mercados que otros países ya tienen bien estructurados y exportar. Los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón, entre otros, son mercados atractivos porque pagan precios altos pero también, porque tienen mercados estructurados, con redes de importadores, de grandes distribuidores, mayoristas y minoristas que posibilitan una venta rápida para productos de buena calidad.

Esta tendencia, sumada a la deficiente red de frío y de comercialización en el mercado interno, así como por la escasa demanda, afectan el desarrollo del mercado interno. Los elevados precios de los productos que se ofertan a este mercado constituyen otro de los limitantes. Ante mercados externos ya existentes, es difícil pensar que el sector privado realizará esfuerzos por invertir en la creación de un mercado interno para anchoveta y otros hidrobiológicos. Ante esa realidad y la disponibilidad de anchoveta y pota, es preciso que el Estado intervenga en la creación del mercado y en la articulación con el sector privado para llevar esta proteína a los sectores que más la necesitan y a precios accesibles.

El Perú no es Lima solamente. Si la anchoveta y la pota pueden ser una solución alimentaria, lo que corresponde es llevarla a todos los mercados del país.

LA PERSPECTIVA CIUDADANA SOBRE LA PESCA EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

“Los recursos marinos son un bien público, no un recurso privado. Por tanto, el derecho de explotar esos recursos debe asignarse con arreglo a criterios que garanticen que la pesca contribuya lo máximo posible al interés público”

Es en ese contexto que el Estado otorga permisos de pesca para la extracción de recursos naturales, renovables en este caso. Por tanto, no son los pescadores ni la industria los propietarios del recurso. Por el derecho a extraerlos y lucrar con ellos, es natural y justo que efectúen un pago, una contribución por dicha concesión al país, como dueño de los recursos.

Algunos recursos como la anchoveta, el jurel, el atún y la merluza generan un pago al Estado por su extracción, llamado derecho de pesca. La normatividad de la recaudación y empleo, así como la tasa de las pocas especies que pagan está desfasada y requiere de ser revisada. El país no conoce el monto recaudado por derechos pesca, quiénes pagaron, quiénes deben y en qué se ha empleado esta recaudación.

Los recursos pesqueros capturados por pescadores artesanales no están obligados al pago de derechos de pesca porque así se estableció en la Ley General de Pesca, la cual fue promulgada en un contexto promotor de la actividad extractiva, que probablemente ya no es válido en las circunstancias actuales. La pesca artesanal no tributa, esencialmente por su alto grado de informalidad, además.

Si los costos de producción son artificialmente rebajados, gracias a derechos de pesca bajos o gratuitos, entonces se permite la existencia de grupos económicos que tienen acceso gratuito o muy barato a los recursos pesqueros.

A diferencia de los recursos agrícolas y ganaderos, los pesqueros no se riegan, no se abonan ni se fumigan. Además, no tienen un propietario, pues aunque teóricamente lo es la Nación, ésta en términos prácticos resulta indiferente. 

Produce es el ente responsable de la recaudación de derechos de pesca. Transfiere el 50% al MEF para alimentar el canon pesquero y retiene el 50%.

CANON PESQUERO

El Canon Pesquero es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales y Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación de los recursos hidrobiológicos, de las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales lacustres y fluviales, y de aquellas empresas que además de extraer estos recursos se encarguen de su procesamiento.

El 10 de agosto de 2004 se publicó la Ley N° 28322 que aprobó diversas modificaciones a la Ley Nº 27506, Ley de Canon y posteriormente el 22 de diciembre de 2004 se publicó el D.S. Nº 187-2004-EF/15 mediante el cual se incorporaron modificaciones al Reglamento del Canon.

El Canon Pesquero está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta y EL 50% de los Derechos de Pesca pagados por las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala, de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas, y continentales lacustres y fluviales.

Se debe señalar que el Reglamento de la Ley de Canon, establece que el monto del Canon Pesquero proveniente de los Derechos de Pesca, será determinado semestralmente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 41° y 47° del Reglamento de la Ley General de Pesca.

Para efecto de la distribución del Canon Pesquero se considera como área de influencia lo establecido en el artículo 4º literal e) del Reglamento (D.S. N° 005-2002-EF): “El área territorial de los Gobiernos Locales y Regionales en cuya circunscripción las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala desembarquen los recursos hidrobiológicos según lo dispuesto en la Ley General de Pesca y sus normas reglamentarias”.

Según el artículo 5º de la Ley de Canon, Ley N° 27506, modificada por el artículo 2º de la Ley N° 28322, “el Canon será distribuido entre los Gobiernos Locales y Regionales de acuerdo a los índices de distribución que fije el Ministerio de Economía y Finanzas en base a criterios de Población y Necesidades Básicas Insatisfechas. Su distribución es la siguiente:

·          El 10% (diez por ciento) del total de canon para los gobiernos locales de la municipalidad o municipalidades donde se explota el recurso natural.

·          El 25% (veinticinco por ciento) del total de canon para los gobiernos locales de las municipalidades distritales y provinciales donde se explota el recurso natural.

·          El 40% (cuarenta por ciento) del total de canon para los gobiernos locales del departamento o departamentos de las regiones donde se explota el recurso natural.

·          El 25% (veinticinco por ciento) del total de canon para los gobiernos regionales donde se explota el recurso natural.

El literal b) del numeral 15.5 del Artículo 15º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los índices de distribución del Canon y Sobrecanon son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial, sobre la base de los cálculos que para tal efecto formule la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales, considerando los criterios establecidos en el marco legal correspondiente.

La única información pública de la cual se puede deducir el monto recaudado es la transferencia de canon pesquero que efectúa el MEF. Al ser el 50% se deduce cual es la cifra retenida por Produce. Pero la autoridad de pesquería no exhibe la información en forma transparente.

Debe mencionarse que no es competencia del sector pesca la distribución de los derechos de pesca sino del MEF; pero este ministerio lo viene realizado de forma ineficiente e injusta. Lo único que hace es dispersar y atomizar recursos financieros exiguos de inicio.

Derechos de pesca no es lo mismo que el impuesto a la renta. No es un pago caprichoso para aumentar los ingresos del tesoro público, sino que más bien es un instrumento que permitirá el adecuado balance entre la mortalidad comercial de recursos naturales y los beneficios económicos de las empresas operadoras. Un dividendo por el derecho a explotar un recurso natural, que es de propiedad de todos los peruanos.  Una compensación por los impactos generados sobre el ecosistema y sobre el medio ambiente.

LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD

Resulta, en términos prácticos que todo lo que se pesca tiene costo cero. La materia prima resulta gratis, porque lo que se gasta en pescarlo no es costo de la misma, sino operativo.

El empresario, especialmente el armador artesanal, al observar que en la actividad pesquera se están produciendo beneficios económicos positivos, ingresa a ella tomando en cuenta sólo su estructura de costos y pensando en el ingreso que obtendrá de la participación de la actividad pesquera. Sin embargo, no toma en cuenta los efectos externos que causa a los participantes existentes. Es decir que, al ingresar él, no considera que se reduce la biomasa disponible, por lo que para alcanzar los mismos niveles de ingreso se requiere ejercer un mayor esfuerzo pesquero, o alternativamente desplazarse a mayores distancias para alcanzar un mismo nivel de captura. Al final, se ejerce una cantidad de esfuerzo tal que los beneficios económicos que existían se hacen cero. Por ello la formalización de embarcaciones tal como se planteó y la prórroga de plazos que hoy se pretende aplicar, no es conveniente.

La industria pesquera que destina recursos hidrobiológicos a su transformación en congelados, enlatados, curados y principalmente anchoveta para su reducción en harina, si bien es cierto significa un importante aporte al PBI, también es cierto que:

Contribuye con el impuesto a la renta de tercera categoría en una proporción que el público no conoce en relación a la producción que exporta; contribuye con una tasa de derechos de pesca baja; causa un impacto serio al medio ambiente, que es visible y evidente en todas las ciudades donde se encuentran plantas procesadoras; causa un impacto sobre la biomasa de anchoveta reduciendo las posibilidades de alimentación de la cadena trófica superior, provocando una reducción de las poblaciones de aves guaneras y de peces, cuyos efectos más directos los sufre la pesca artesanal; no se ha hecho nada efectivo para limpiar y descontaminar las bahías donde se realiza esta producción, y se continúa causando impactos negativos sobre el océano y sobre el aire.

No se conocen los montos de los impuestos que el Estado devuelve al sector por lo que exporta. El Estado debe poner sobre la mesa estos números y además, la recaudación de los derechos de pesca y el destino que les da. Esto permitiría evaluar en cifras reales, cuánto es lo que la sociedad peruana percibe realmente como retribución de la industria pesquera, por el privilegio de extraer peces del dominio marítimo peruano.

FINALMENTE

Más allá de las cifras macro económicas, crecimiento del PBI y todo aquello que los medios de comunicación difunden periódicamente...¿Qué gana en términos prácticos, reales y directos, la sociedad peruana? ¿Qué gana el Perú en términos de beneficio directo al ciudadano común y corriente y al propio sector en términos de inversión en infraestructura, capacitación e investigación y desarrollo? Porque en términos de alimentación nacional, hay mucho por hacer, el pescado cada vez es más caro y alejado de la mesa de las poblaciones más vulnerables, y no se le encuentra como algunos años atrás.

No se puede ocultar el hecho de que el número de personas que pescan ha aumentado y que éstas están cada vez mejor equipadas a nivel de flota y de aparejos tecnificados. A ello se le define como aumento o crecimiento del esfuerzo pesquero. Sucede que la biomasa de las diversas especies objetivo sigue el camino inverso: éstas se reducen y por tanto son insuficientes para satisfacer las expectativas y necesidades de todos los partícipes de la pesquería. El recurso pesquero no aumenta en función de la demanda.

Los beneficios económicos del sector pesquero marítimo alcanzan a una fracción mínima de la población involucrada. Los volúmenes de recursos pesqueros naturales no aumentan a la par que crece la población vinculada a la extracción.

La lógica del Estado debe ser cumplir con el criterio de sostenibilidad, que significa dejar dinero en el fondo del mar para que lo recojan las próximas generaciones, cuidando que nunca se agoten.

Un importante referente, para tener siempre en cuenta, se encuentra en la sentencia del Tribunal Constitucional, del Pleno jurisdiccional 00011-2008-PI/TC, de la cual se destaca el artículo 37, que expresa:

“En tal sentido, cuando la generación lucrativa de ciertas empresas pesqueras entra en conflicto con el bienestar colectivo o la defensa de los bienes que resultan indispensables para que la vida humana siga desarrollándose, la interpretación que de la Constitución se haga debe preferir el bienestar de todos y la preservación de toda clase de vida, toda vez que la Economía Social de Mercado condiciona la participación de los grupos económicos al respeto del bien común y del interés general, estableciendo límites para que la democracia constitucional no sea un espacio donde se impongan las posiciones de los más poderosos económicamente en detrimento de los demás bienes jurídicos protegidos constitucionalmente”.

 “Una pesquería sostenible es aquella que puede mantenerse de forma indefinida sin comprometer la viabilidad de la población de la especie objetivo y sin ejercer un impacto negativo sobre otras especies dentro del ecosistema, incluidas las personas. Además debe incluir un compromiso de buenas prácticas con el medio marino, contaminación cero y que la actividad no produzca daños irreversibles”

LA BASE LEGAL DEL ORDENAMIENTO PESQUERO EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

La línea de trabajo de la Revista Pesca y su blog, ha sido y es, exponer temas y problemas referidos a la pesca en el Perú. La acuicultura no es materia sobre la cual trate la Revista Pesca.

Se exponen ideas y también hechos, con una visión de país y no de parte, a fin de que la colectividad disponga de insumos para analizar, formarse opinión propia y actuar en consecuencia, si es que corresponde.

Se procura tratar temas de fondo sin menoscabo de las personas ni de las instituciones. Sin embargo, algunos personajes, interpretan incorrectamente este propósito, como es en el caso del ROF del IMARPE. Hay quienes consideran un ataque a la institución, el hecho de denunciar que autoridades del sector no aprueban hasta ahora el nuevo ROF, que es un mandato legal. Es la exposición de un hecho concreto, real y verificable, que los directivos responsables no están cumpliendo el mandato dispuesto en el DL 1677 y en el DS 015-2025/PRODUCE, sin que medie explicación alguna. Nadie puede estar por encima de la ley.

Una denuncia de actos ilegales de los responsable de la dirección de la institución, no es una agresión al IMARPE ni a ninguna otra entidad. Las instituciones no son responsables de lo que hacen sus jefes de turno. Se cuestiona al responsable, al infractor de la norma. Exponemos un hecho concreto que no puede ser ocultado o disfrazado con otros comentarios ni tampoco minimizado.

No es la intención ni la línea de Pesca entrar en debates ni discusiones, sino que los lectores analicen y formen sus propias opiniones.

En este contexto no podremos hablar debidamente de ordenamiento pesquero si las normas y leyes no se cumplen. Quienes defienden la violación de ley con argumentos inexistentes, tratando de desviar la atención sembrando la idea de que se está atacando a la institucionalidad del IMARPE, están equivocados, o no admiten que la ley, por dura que sea, es la ley.

Si se permite que la pesquería sea administrada sin respetar una sola norma o ley, entonces puede replicarse su incumplimiento en muchas más situaciones y la administración se volvería anárquica.

La ciencia es ciencia y no debe estar dirigida por funcionarios que pretenden disimular el incumplimiento de la ley solo porque a alguien no le ha gustado la norma. Hay mecanismos para resolverlo, pero en ningún caso la rebeldía de la propia autoridad.

La Ley General de Pesca tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. La misma menciona que son patrimonio de la Nación los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú.

En consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés nacional.

Los recursos pesqueros pertenecen a la Nación, legítimamente representada por sus autoridades. Los artículos 66 a 68 de la Constitución Política del Perú, establecen que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado promover su uso sostenible; y conservación de la diversidad biológica. Es en ese contexto que el Estado otorga permisos de pesca para la extracción de recursos naturales, renovables en el caso de los hidrobiológicos. Por tanto, no son los pescadores ni la industria los propietarios del recurso.

Los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley Nº 26821, establecen que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales, mediante el aprovechamiento sostenible de estos, a través de las leyes especiales sobre la materia y las políticas del desarrollo sostenible, entre otras acciones. Del mismo modo, el artículo 20 de la referida ley, dispone que el aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. Todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales, es absolutamente indiscutible.

En este marco jurídico, el Estado no interviene nada más que dando el marco regulatorio dirigido a cumplir metas de control biológico y de protección. 

Los ciudadanos peruanos, legítimos propietarios de los recursos naturales, debieran orientar sus demandas a una mayor y mejor participación en los beneficios que otorga la pesca. Los recursos pesqueros son de todos los peruanos y no solo de unos cuantos.

La administración pesquera adecuada a la realidad nacional, debiera ser la suma de normas y acciones conducentes al logro de cuatro objetivos principales:

·      Asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

·      Alcanzar la Seguridad alimentaria con creciente consumo de productos abundantes, especialmente en zonas de extrema pobreza.

·      Elevar la calidad de los productos hidrobiológicos y el nivel de la pesca artesanal a través de la capacitación.

·      Optimizar el ordenamiento del sector.

A la fecha, los ROPS (Reglamento de Ordenamiento Pesquero) que existen, están diseñados recurso por recurso y no con enfoque ecosistémico. La gran mayoría de especies no tienen reglamento. Es necesario aplicar a nuestra pesquería el concepto y los principios del manejo ecosistémico; diversificar el esfuerzo pesquero y propiciar iniciativas que redunden en el consumo humano de nuestros recursos.

Ello exige contar con información científica para asegurar la sostenibilidad de los recursos y evaluar factores económicos y sociales que inciden directa o indirectamente en la actividad pesquera. Y

complementariamente se requiere acciones educativas y de capacitación.

Los pescadores artesanales, que antes capturaban sus especies a poca distancia de sus poblaciones hoy se han visto obligados por la necesidad, a convertirse en pescadores de altura y se aventuran a veces hasta más allá de las 200 millas en busca de especies sustitutas a su pesquería tradicional, como el perico y la pota, por ejemplo. Sin embargo, no gozan de mayor interés ni apoyo por parte de las administraciones de la pesquería, en especial en temas educativos y de capacitación.

El ordenamiento pesquero debe fijar la sostenibilidad como el criterio fundamental para el manejo de los recursos renovables, respetando la base legal y la normatividad existente. Esta sola afirmación, por simple que parezca, podría convertirse en el único objetivo por cuanto implica múltiples acciones complementarias y colaterales que abarcan casi toda la problemática pesquera.

El objetivo central del gobierno debe ser sencillo y estable en el tiempo: “Promover el desarrollo eficiente y sostenible de nuestras principales pesquerías”. En otras palabras, regular la pesca de tal manera que no se agoten los recursos pesqueros.

 

LA EDUCACIÓN Y LA CAPACITACIÓN EN PESCA EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

La extracción de los recursos pesqueros debe considerar una visión de manejo responsable y adecuado que aseguren su sostenibilidad.

En ese sentido, en la orientación para crear conciencia de responsabilidad en la extracción, no existe un Plan Nacional de Capacitación para los pescadores artesanales ni para los operadores de la cadena productiva del consumo humano directo. Tampoco existe un Plan Educativo para las poblaciones costeras y ribereñas orientado a la protección de los recursos hidrobiológicos y del ambiente marino, fluvial y lacustre.

La capacitación es fundamental dentro de cualquier estrategia de desarrollo para este sector. Pero también la educación al poblador y al consumidor.

Sin embargo, hoy en día se encuentra dispersa, no tiene una visión ni responde a las necesidades ni a la realidad actuales. Muchas instituciones del sector dan capacitación en base a sus propios planes y procedimientos, los que no están debidamente articulados ni coordinados. Lo mejor que se tenía en cuanto a la capacitación era el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita, destruido por una indebida fusión con el FONDEPES y actualmente en un lamentable estado, muy alejado de sus mejores momentos.

Para este propósito se requiere elaborar una estrategia nacional de capacitación, que genere un plan integral detallado y de largo plazo para la educación y capacitación de los trabajadores de las cadenas productivas y de comercialización del consumo humano directo.

La visión de largo plazo de la pesquería peruana debería orientar, no solo la actividad regulatoria del Estado, sino modelar una estrategia educativa nacional integral, que facilite la conservación del ambiente, la inocuidad de los recursos capturados, la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos de todo el país y la provisión de proteína barata a la población nacional.

El Estado debe prestar mayor atención a la educación de la población sobre las posibilidades de capturas de productos hidrobiológicos y el estado de las pesquerías. Debe propiciar que los conceptos de ecosistema, seguridad y soberanía alimentarias, cambio climático, fenómeno El Niño y sostenibilidad sean conocidos por la ciudadanía.

La educación y capacitación del pescador artesanal y demás operadores de la cadena productiva del consumo humano directo, deben considerarse primordiales debido a las exigencias de calidad que vienen incrementando los países importadores de nuestros productos, así como de nuestro propio mercado, que no puede ser tratado como de segundo orden. Los peruanos merecemos la misma calidad que lo se exporta. Las plantas procesadoras de productos congelados, enlatados y curados se abastecen exclusivamente de esta cadena productiva, por lo cual requieren de altos niveles de calidad y sanidad.

Ante la situación actual del estado de las poblaciones de los recursos pesqueros y la incertidumbre sobre los efectos del cambio climático, no es recomendable seguir formando nuevos tripulantes de embarcaciones pesqueras ya que, además de incrementar la presión por realizar mayor esfuerzo pesquero, que es lo que se debe evitar, crea pescadores sin ocupación, desilusionados por la falta de empleo y/o de recursos para extraer así como una competencia por ocupar puestos de trabajo que presiona sobre los ya existentes. Sin embargo sí pueden presentarse posibilidades de empleo en la generación de valor agregado a las capturas.

No existe información y difusión orientados a contribuir a la conversión de los actuales armadores informales en pequeños o medianos empresarios pesqueros debidamente entrenados, con permiso de pesca, con RUC y como propietarios de micro empresas que contraten apropiadamente a sus tripulantes, lo que les asegura, a estos últimos,  cobertura de salud, seguridad social y pensión. También el acceso a fuentes de financiamiento. Estas unidades económicas, eficientes y rentables generarían bienestar a los pescadores y adecuados productos pesqueros para la población.

Existe una gran demanda y presión por parte del sector de tripulantes de embarcaciones artesanales y también de menor escala para acceder a seguridad social y pensiones. Se han ensayado varias fórmulas sin éxito, cuando la solución más simple es que sus empleadores se formalicen y los coloquen en una planilla formal para que accedan, como el resto del sector laboral formal, a estos servicios.

La formalización también facilita el acceso a todo tipo de seguros que se requiera para proteger la embarcación.

Las posibilidades de extracción tienen límites naturales, lo que obliga a dirigir el esfuerzo hacia el valor agregado, escalando lo máximo posible. Siendo necesaria la generación de valor agregado a fin de poder alcanzar mejores niveles de rentabilidad en beneficio del pescador, del trabajador del sector, del consumidor y del Estado, es importante diseñar mecanismos de creación de capacidades.

Para la mayoría de los pescadores artesanales, uno de los haberes más preciados es su capital intelectual, el cual se encuentra representado por un conocimiento detallado del caladero y el comportamiento de las poblaciones de peces. Es precisamente este conocimiento específico el que lo ayuda a sobrevivir en la competencia con las embarcaciones más grandes y poseedoras de una mayor tecnología. Sin embargo,  su supervivencia solo mejorará en función de la capacitación contínua a la que acceda y a la inversión en tecnología que ejecute.

En este sentido, la educación es responsabilidad del Estado, quien debe diseñar una política educativa para el sector.

La Universidad y la academia peruanas también tienen espacio para crear programas educativos que conduzcan al mismo objetivo: mejorar la respuesta de las poblaciones costeras y ribereñas ante los impactos del cambio climático y la conservación de las especies dentro de límites adecuados de sostenibilidad.

LA PESQUERIA: EL MARCO GENERAL EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

"El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas".

Paul Greenberg

Se puede leer los planes de gobierno de todos los partidos. Algunos ofrecen algo para la pesca, otros no. Que en su momento se cumplan o no, es otra cosa. Pero...¿Cuáles son las propuestas para la pesca de los candidatos al senado? ¿Y cuáles son las propuestas de los candidatos a diputados? Ellos no tienen que hacer un plan de gobierno porque no es de su competencia, ¿pero qué ofrecen hacer desde sus cargos elegidos?

No se puede gobernar, administrar o regular lo que no se conoce. La administración desconoce el volumen real de la biomasa de todas las especies del ecosistema marino de Humboldt y del ecosistema fluvial y lacustre.

En el caso de la extracción, recién desde los censos del 2012 y 2013 y de la ENEPA IV realizada entre el 2022 y 2023, se conoce el número de pescadores y embarcaciones artesanales existentes. Pero no se puede determinar con precisión la capacidad de extracción que tiene la flota artesanal y de menor escala, ni el impacto que viene teniendo sobre las poblaciones de peces que extrae.

Para una adecuada administración de la pesquería se necesita fundamentalmente dos cosas: Primero, conocer cuántos administrados tiene, a todo nivel, pescadores, armadores, artesanales, industriales, embarcaciones y plantas de proceso. Segundo, se requiere información científica sobre los recursos hidrobiológicos. De esta manera se puede establecer cuál es la capacidad de extracción que soporta el ecosistema y cuál es la capacidad de realizar esfuerzo pesquero existente. Correlacionando ambos datos recién se puede determinar cuanta biomasa puede capturarse a fin de regularla debidamente y por otro lado, saber si hay un excedente de embarcaciones, lo que permitiría establecer si es posible otorgar nuevos permisos de pesca y/o reducir los existentes.

Sin esa data ¿puede un funcionario que además no conozca de pesca, administrar correctamente el sector, en especial en tiempos de crisis como los actuales? La respuesta es NO. Sin embargo así se viene haciendo. No hay información científica suficiente que permita sustentar que los volúmenes de extracción de la pesca artesanal son sostenibles. Solo se posee información sobre el jurel, caballa, pota, merluza y anchoveta en forma constante debido a los cruceros que todos los años se realizan para determinar sus cuotas anuales de extracción. Pero los recursos objetivos de la pesca artesanal carecen de reglamentos de ordenamiento y no disponen de la asignación de un límite de captura que asegure su sostenibilidad.

La promoción de nuevas pesquerías, el incremento del consumo de pescado y/o el aumento del esfuerzo pesquero deben estar fundamentados en una sólida base de conocimiento científico. La investigación científica es pieza clave para regular y administrar cuotas, vedas y límites máximos de captura, así como número máximo de embarcaciones permisibles en torno al manejo adecuado del dominio marítimo, de las zonas costeras ríos y espejos de agua.

Se requiere realizar un nuevo censo y mayor investigación científica y estadística para disponer de la información mínima necesaria que permita asegurar la sostenibilidad de las pesquerías y darles el ordenamiento adecuado.

Un ecosistema en equilibrio natural es una realidad que primó hasta el pasado reciente. Las más diversas especies existían en abundancia y en equilibrio regidas bajo la regla presa-predador. Las especies se sirven unas de otras como alimento. La demanda del hombre costero por pescado estaba satisfecha y no irrogaba desequilibrio.

Un ecosistema en desequilibrio por actividad pesquera constituye la realidad actual. Está provocado por la mecanización y masificación de la captura de especies marinas, por la deficiente regulación y la ausencia de difusión de la realidad pesquera. Ello conduce a desórdenes de orden económico y social, al empobrecimiento del mar y a la frustración de los actores de la pesquería.

Un ecosistema en equilibrio con actividad pesquera debe ser el objetivo principal de la Administración Pesquera, que autoriza la extracción racional de una porción de biomasa de cada nivel trófico, privilegiando la cautela de ciertas especies y el sacrificio de otras en beneficio del hombre.

Deberá tenerse en cuenta que el marco del modelo económico en aplicación en el país, que estimula la libertad de empresa; así como la necesidad de mejoras tecnológicas en flota y fabricas que se requieren para mantener una industria competitiva, pueden inducir a un crecimiento de la capacidad de pesca. Esta situación se hace compleja cuando se tiene en cuenta las dificultades técnicas existentes para determinar cuál debe ser la capacidad de extracción y procesamiento adecuada y para establecer el marco regulador del acceso que mantenga en situación sostenible, en el largo plazo, a la actividad pesquera.

¿Qué se ofrece hacer por el sector, desde el Congreso de la República?

LA PESQUERIA PERUANA: EL PROBLEMA DE FONDO EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

La actividad pesquera existe en función de la disponibilidad de recursos hidrobiológicos. Especies extinguidas por sobre pesca o sobre explotación, no podrían ser reguladas ni mucho menos utilizadas. La pesca tiene que ser regulada.

La regulación de las pesquería requiere de investigación científica en niveles no existentes a la fecha, lo que implica la necesidad de un reordenamiento del IMARPE.

Alcanzar pesquerías sostenibles y socialmente responsables no puede ser producto únicamente de leyes o normas, sino, además, de una adecuada capacitación y educación que facilitará el cumplimiento de la normativa en toda la cadena de valor de la pesca artesanal.

El principal objetivo estratégico para el sector pesquero, debe ser: Asegurar la sostenibilidad, sino de todas, por lo menos de las principales especies dedicadas al Consumo Humano Directo.

La protección de nuestros recursos pesqueros solo puede materializarse a partir de la existencia de un poder político que establezca políticas de largo plazo y optimice el funcionamiento del aparato estatal que administra y regula la pesquería.

En un sistema en el cual dar leyes requiere mucho tiempo y en el cual los funcionarios del sector no duran el tiempo suficiente para hacer algo significativo, probablemente no sea posible efectuar todos los cambios de fondo que el sector necesita en un solo gobierno. Por lo tanto, solo sería eficiente pensar en pocos objetivos fundamentales de corto plazo que puedan formar parte de una política que se pueda ejecutar en el tiempo que dura un gobierno, sin menoscabo de proponer medidas de largo plazo como una política nacional de pesca y acuicultura que mejore la recientemente aprobada y una nueva ley general de pesca.

Necesitamos conservar nuestros recursos pesqueros y su productividad para las futuras generaciones, asegurando la alimentación nacional como primera prioridad. Esto requiere regulación y control; pero también compromiso en un medio en el cual nadie puede controlar efectivamente el cumplimiento de las normas, lo que hace que el manejo sectorial sea complicado. Obliga, por tanto,  a mejorar la educación de los operadores y actores de las cadenas productivas de la pesca a fin de introducir un manejo auténticamente responsable. La introducción de un modelo educativo para el sector es una necesidad.

Este modelo debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para los pescadores y tripulantes. Debe ampliar su radio de acción a toda la cadena de valor de la pesquería de consumo humano directo, a todas las comunidades de pescadores marítimos y continentales y a las poblaciones costeras y aledañas a ríos y lagos. Debe ir más allá de lo tradicional para ampliarse a temas de protección al ambiente y a los recursos pesqueros; debe incursionar en temas que tengan por objeto crear conciencia sobre la necesidad y responsabilidad de proteger los ecosistemas y el futuro de los peces, como elemento clave para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.

El interés nacional requiere políticas que puedan, además de cuidar los recursos pesqueros para las generaciones futuras, darle a la sociedad una adecuada participación en las ganancias que obtienen quienes se ven beneficiados por una concesión de explotación de un bien común, patrimonio de toda la nación. Alimentos de precio accesible para toda la población, con la misma calidad de los que se exporta.

La definición de objetivos estratégicos y su inclusión en un plan de gobierno o política de gobierno o de Estado, es vital, pero apenas constituyen el primer paso. Es una declaración de intenciones. En términos prácticos, los cambios o reformas estructurales se activan únicamente a través de los instrumentos de gestión apropiados, los cuales son una ley, decreto supremo, resolución suprema o resolución ministerial. Mientras una política o un objetivo estratégico no aterricen en cualquiera de estos documentos de gestión, no deja de ser una declaración lírica que muestra voluntad política; pero no necesariamente implica efectos reales. Los planes de gobierno no pueden ser tomados como un hecho que se materializará al inicio del nuevo gobierno.

Estos documentos de gestión, que provienen de una decisión política, requieren de un informe técnico que los sustente. Esto requiere funcionarios capaces de entender el problema, la propuesta y convertirla en un documento. Este hecho constituye el punto crítico de la situación en la medida que no todos los responsables tienen la debida capacidad, y/o la voluntad para comprender el rol que juegan en la administración de la pesquería. Muchas normas urgentes o importantes se demoran por la parsimonia y desidia de algunos funcionarios que carecen de compromiso con el sector.

 

PERU ELECCIONES 2026: LA OFERTA ELECTORAL EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA

 

El presente link permite acceder a un documento en el cual se puede leer las propuestas para el sector pesca y acuicultura, extraídas literalmente de los planes de gobierno presentados ante el JNE, respetando su formato y presentación.

https://app.box.com/s/6vuqtf3a3wtw48djvn53v7du4wms8k20

Hay 35 planes de gobierno, algunos con más de 300 páginas. Es improbable que la mayoría de los electores den una lectura a todos los planes completos, no solo por el desinterés de las personas, sino porque la extensión de algunos planes desanima a un púbico que poco a poco va perdiendo el hábito de leer. Sin mencionar el poco interés que la ciudadanía tiene por la política.

Leer estos planes, además, es interesante porque se puede apreciar el nivel de la agrupación política y/o del equipo que lo formuló. La redacción, la presentación, las omisiones, dicen mucho del partido que pretende llegar al poder y facilita la votación. Ayuda a tomar una decisión.

Resulta difícil que la votación se haga en función a un análisis, ya ello solo sería posible después de una lectura de los planes, tema que se presenta muy poco probable. La elección será bien complicada y el ciudadano elegirá por diferentes motivos, especialmente emocionales, lo que puede no ser lo mejor para decidir quién nos gobernará los próximos cinco años.

El asunto es que aún si se leyese y analizase los planes de gobierno, para lo cual mucha gente con la mejor buena voluntad e intención, debe haber aportado ideas y sugerencias, estos no son vinculantes. Es decir no hay ley ni norma alguna que obligue al candidato ganador a poner en práctica aquello que ofreció en su plan. Es una declaración de buenos deseos que naufragan en el mar de las negociaciones post elecciones para la designación de los cargos.

En ese momento lo que cuenta ya no es la ideología ni las ofertas técnicas sino el cálculo político, quién debe ser ministro, viceministro y director. Se negocia apoyo del Congreso y otros poderes fácticos, a cambio de nombramientos. El plan de gobierno deja de tener validez e importancia. Se cumplió con la norma, se elaboró y se publicó en el portal del JNE. Su contenido es irrelevante desde este momento, porque hay que pagar deudas y gobernar, más allá de las ofertas electorales.

VISION DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

VISION

Disponer de una pesquería sostenible, competitiva y responsable, asegurando el cumplimiento de las medidas de ordenación, fortaleciendo las capacidades de los pescadores con énfasis en la competitividad y tecnología, para alcanzar un elevado estándar de seguridad alimentaria.

El uso sostenible de los recursos naturales se define como: «la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras». (Último párrafo del Artículo 2° del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro –Junio 1992- ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 26181 del 12 de Mayo de 1993)

La pesca responsable se define como “aquella pesca racional de cualquier recurso bioacuático orientada hacia la consecución de un óptimo beneficio económico y social, observando indispensable respeto por la biodiversidad y la calidad ambiental”.      (Vigente en la legislación peruana, concordante con el Código de Conducta para la Pesca Responsable de FAO).

Alcanzar pesquerías sostenibles y socialmente responsables no puede ser producto únicamente de leyes o normas, sino, además, de una adecuada capacitación y educación que facilitará el cumplimiento de la normativa en toda la cadena de valor de la pesca artesanal.

Debe enfatizarse el rol fundamental del consumidor final, como objetivo principal de toda la actividad pesquera. La razón de ser del Estado y de la política es y debe ser el ciudadano, cuya primera necesidad es alimentarse, por lo tanto regular recursos hidrobiológicos es un componente fundamental en la visión del Estado. Hoy en día somos un país con una enorme población infantil desnutrida y anémica nadando en un mar de proteína abundante.

La actividad pesquera existe en función de la disponibilidad de recursos hidrobiológicos. Especies extinguidas no podrían ser reguladas ni mucho menos utilizadas.

Los principales objetivos estratégicos para una política y un plan de gobierno para el sector pesquero, deben ser:

Asegurar la sostenibilidad, sino de todas, por lo menos de las principales especies dedicadas al Consumo Humano Directo.

Proporcionar alimentación de origen hidrobiológico a la población peruana en primera prioridad y en especial a las poblaciones vulnerables.

Disponer de un Plan Nacional de Capacitación, que es fundamental dentro de cualquier estrategia de desarrollo para este sector a través de un nuevo paradigma: “innovar creando capacidades”.

Se pueden leer los planes de gobierno de los partidos que compiten en estas elecciones 2026 en el siguiente enlace:

https://lpderecho.pe/elecciones-2026-lea-aqui-planes-gobierno-presentados-partidos-postulantes/

Tarea complicada dada la cantidad de candidatos y lo extenso de algunos de los documentos. Hay que agregar la resistencia de las personas a leer textos largos, que se aprecia en los últimos años, así como al desinterés por la política.

En todo caso, el hecho es que todos los planes dejan de tener vigencia el día que se proclama al candidato ganador. De ahí en adelante es pura negociación política y repartija de cargos para ganar apoyo del congreso.

Una siguiente oportunidad para diseñar y ejecutar una agenda pesquera es en la elaboración del PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual), que sirve como hoja de ruta para el ministerio y entidades públicas adscritas, estableciendo qué se debe hacer y cómo.

Se precisa disponer, antes del término del año, de: Un PESEM, POIs y PEIs alineados con el plan de gobierno.

Los problemas del sector y sus necesidades, básicamente son los mismos desde hace más de 20 años o más, y han sido expuestos muchas veces. Sin embargo, es poco o nada lo que se ha avanzado.

Los nuevos gobiernos asumen funciones en forma práctica los días 1 de agosto. Ello implica que ya existe un Plan de Gobierno anterior aún en curso, un PESEM aún en curso y una programación presupuestal en ejecución hasta el 31 de diciembre, que teóricamente deriva de los POI de cada pliego. Al mismo tiempo el proyecto de presupuesto para el año siguiente ya está confeccionado y para la aprobación del MEF en el segundo semestre.

En este sentido los nuevos gobiernos tienen un espacio de manejo casi nulo en sus primeros seis meses y un siguiente año relativamente manejable en la medida que se alcance a proponer modificaciones al proyecto de presupuesto y POI ya elaborados.

El escenario real muestra que un plan de gobierno no es aplicable en su totalidad desde el primer día de gobierno, lo que probablemente explique, en parte, que por lo general no se cumpla lo ofrecido, convirtiéndose en un documento de propaganda sin elementos vinculantes que obligan a respetarlo.

El titular del Pliego o Ministro es la persona clave del Ejecutivo en la medida que ejecuta las acciones de Gobierno.

Basado en el plan de gobierno, deberá diseñar su Plan Estratégico Sectorial Multianual, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional que debieran ser implementados en total coherencia con el Plan de Gobierno. Estos documentos deberán permitir reformular el Presupuesto para el año siguiente a la asunción del nuevo Gobierno. Para que esto ocurra, el tiempo es vital, razón por la cual el PESEM debe estar listos para su implementación, con las acciones derivadas, desde el primer día de gobierno. En ese mismo orden de ideas, los funcionarios responsables de los mandos inferiores al titular del pliego ya deben haber sido convocados e integrados al equipo de gobierno.

No hacerlo de esta manera supone que los primeros seis meses de gobierno se consume el tiempo en reacomodar funcionarios y documentos de gestión en perjuicio de la celeridad con la que deben iniciarse las acciones del Plan de Gobierno.

La cifra de 32 ministros en 23 años, desde la creación del Ministerio de la Producción, podría ser una de las causas de que la gestión del sector pesca durante el período haya sido inadecuada e improductiva para las necesidades de la pesquería.

El gobierno actual ya lleva 9 ministros y 3 viceministros en cuatro años, todo un récord y un monumento a la improvisación.

El corto tiempo que cada Ministro permanece en el cargo, la inexperiencia de cada uno, la rotación constante de funcionarios de todo nivel, derivada del cambio del titular del pliego, muestra que la precariedad y temporalidad del cargo generan ausencia de compromiso e indolencia ante problemas que se desconocen agravando cada vez más la situación del sector.

No basta la buena voluntad, o la capacidad personal. Sin conocimiento y experiencia en pesca, la probabilidad de un fracaso o de no hacer algo serio, es muy alta.

El mejor voto no adhiere promesas: lee trayectorias

Por León Trahtemberg

Cada campaña electoral se convierte en una feria de ofertas. Promesas grandilocuentes, planes perfectos, soluciones inmediatas. Se nos pide creer. Pero votar no es un acto de fe: es un ejercicio de juicio.

Aun en el supuesto —cada vez más ingenuo— de que un candidato quisiera cumplir sus promesas electorales, la realidad política las pulveriza rápidamente. Gobernar no es mandar. Es negociar. Es construir acuerdos con un gabinete que no siempre piensa igual, con congresistas que responden a sus propios electores, intereses, ideologías o cálculos de supervivencia. Las mayorías legislativas se arman y desarman, los consensos son frágiles y las promesas de campaña rara vez sobreviven al primer presupuesto o a la primera interpelación.

Por eso, insistir en votar por promesas es votar a ciegas.

Lo único que realmente tenemos para evaluar a un candidato es su trayectoria. Lo que hizo cuando no estaba en campaña. Cómo resolvió problemas reales. Si supo liderar equipos diversos, si fue capaz de negociar sin traicionar principios, si generó valor en la empresa, en la gestión pública o en el servicio comunitario. La historia personal y profesional no miente; el afiche electoral, sí.

Un buen presidente no es el que promete más, sino el que ya demostró que puede convertir ideas en hechos en contextos adversos. El que sabe escuchar, ceder, persuadir y, cuando corresponde, plantarse. El que entiende que la política no es un monólogo moral sino un ejercicio permanente de liderazgo con otros.

Elegir bien no es preguntarse “¿qué promete?”, sino “¿qué ha hecho?”. No es dejarse seducir por el discurso, sino examinar el recorrido. El mejor voto no se deposita en la urna con ilusión, sino con memoria. Porque las promesas se las lleva el viento; la trayectoria, no.

DATOS DEL ANUARIO ESTADÍSTICO PESQUERO Y ACUÍCOLA 2024

 

Los siguientes datos están tomados del Anuario 2024 y resultan interesantes para quien desee conocer y analizar la situación del sector pesqueros. En este análisis no se muestran datos de acuicultura.

Destaca el nivel de ventas al mercado interno, en relación a las exportaciones. Los números muestran que exportamos más de lo que vendemos en el Perú.

Importamos una cantidad importante, también, lo que indicaría que la producción nacional no abastece la demanda interna. Sin embargo, es una situación que merece mayor análisis, ya que debe haber factores que impulsan la importación, siendo que hay producción nacional suficiente. Podría ser que los incentivos por exportación superan las conveniencias del mercado nacional y también podría ser que los precios de los productos importados son menores que los de la producción nacional. Pero hay cosas curiosos, como por ejemplo que se importa pota. Hay mucho que analizar en este tema.

El tema del empleo muestra cifras oficiales que nada tienen que ver con aquellos números que algunos gremios o personajes publicitan a través de los medios de comunicación .

También podemos apreciar que las principales especies que se comercializan en el mercado nacional no son muchas, lo que nos dice que la imagen de que somos un país pesquero, es bien relativa ya que consumimos poco y de pocas especies.

Hay especies que ni figuran en la estadística y que se ven ya poco en los mercados y a precios inalcanzables para la mayoría, como el lenguado, el mero, la chita, la corvina y otros.

Sobre el impuesto a la renta que paga el sector y los derechos de pesca, así como las devoluciones de impuestos a los exportadores y drawback, no hay información alguna. Probablemente no es competencia del PRODUCE ni corresponde a una publicación de este tipo, pero hay que anotar que es data que no se publica ni se difunde.

Sin esta información es poco probable medir el beneficio real que recibe el país. Solo nos muestran datos globales que sugieren un impacto sicológico positivo; pero no muestran, en términos reales, quién y cuánto ganó o perdió con el negocio pesquero.

PBI

En 2024, el Producto Bruto Interno (PBI) del Sector Pesca Extractivo, a precios constantes de 2007, creció de manera significativa en 24,9%, con relación al año 2023. Este resultado fue impulsado por el importante incremento del desembarque pesquero en 63,1%, cuya pesca fue superior en 2,3 millones de toneladas de recursos hidrobiológicos a lo registrado el año previo. El desempeño del sector se vio favorecido principalmente por el incremento en los desembarques de recursos hidrobiológicos destinados al consumo humano indirecto (CHI), como resultado de las mayores cuotas globales asignadas para la primera y segunda temporada de pesca de anchoveta de 2024 en la zona norte-centro. En ese contexto, la pesca de anchoveta fue 133,6 % superior a la del año 2023, registrándose 2,6 millones de toneladas adicionales de recursos pesqueros destinados a la industria harinera.

En el subsector de consumo humano directo (CHD), el desembarque pesquero experimentó una reducción de 24,9%, debido principalmente a la menor captura de pota (-69,7%), cuyo volumen disminuyó en 434 mil toneladas. Esta tendencia también se observó en la pesca de jurel (-2,3%), caballa (-25,2%), perico (-38,2%) y langostino (-47,2%).

Atenuaron parcialmente esta caída los incrementos en las descargas de bonito (11,4%), trucha (12,7%), barrilete (20,8%), lisa (25,1%), anchoveta (60,3%), concha de abanico (171,6%) y merluza (224,5%), que en conjunto representaron 118 mil toneladas adicionales de recursos pesqueros. Esta mayor disponibilidad permitió asegurar el abastecimiento de los establecimientos industriales y puntos de comercialización de pescado fresco, contribuyendo al complemento de la canasta familiar en beneficio de las poblaciones locales.

EMPLEO PESQUERO (pag. 28)

En 2024, el Sector Pesca y Acuícola aportó con el 0,5% de la PEA ocupada nacional, equivalente a 86 736 puestos de trabajo, cifra que representó una disminución de 4,6% con respecto al año 2023. Esta caída se explica principalmente por el fuerte retroceso en el empleo de la pesca continental (-20,7%) y la acuicultura marítima (-51,0%) que, en conjunto, este resultado se tradujo en 6,8 mil puestos de trabajo menos. En contraste, la pesca marítima y acuicultura continental atenuaron parcialmente esta contracción y registraron un aumento del empleo (4,0%), equivalente a 2,6 mil empleos más percibidos.

En composición, se observa que el 69,7% del total de empleo generado por el sector lo conforman los pescadores del ámbito marítimo con 60 414 puestos de trabajo. Seguido en menor proporción por el 21,0% pertenecientes a la pesca continental con 18 232 empleos y el 9,3% de la acuicultura con 8 090 empleos.

En relación a la distribución del empleo según tamaño empresarial por número de trabajadores, se observa que las microempresas concentran el 69,7% del total del empleo pesquero y acuícola, aportando con 40 272 puestos de trabajo. Seguido de un 18,8% de participación de la pequeña empresa con 10 881 empleos. Destaca la contribución de la mediana y gran empresa, cuyo aporte a la PEA es de 1,8% y 9,6%, respectivamente, y que, en conjunto, aportan 6 642 puestos de trabajo.

EXPORTACIONES PESQUERAS

Las exportaciones pesqueras se recuperaron en 2024, alcanzando 1 562 mil TMB, equivalentes a un valor en divisas de US$ 3 663 millones, lo que representó un aumento anual de 18,7% en volumen y de 25,7% en valor respecto al año 2023. Este resultado significó un aporte del 5,0% al valor total de las exportaciones nacionales, convirtiendo al sector pesquero en el cuarto con mayor contribución a la generación de divisas, después de los sectores minero, agropecuario y de petróleo y derivados.

Las exportaciones de harina de pescado contribuyeron con el 44,1% del valor total exportado. En base a este producto se generó US$ 1 614 millones en divisas, valor que significó un aumento en 77,9%, respecto al año previo. China continúa siendo el principal destino de este producto, al poseer una participación de 87,3%, cuyos envíos al país asiático ascendieron en 92,3%. Seguido por los envíos a Japón (3,8% de participación), con un aumento de 59,9%.

El crecimiento del volumen exportado estuvo impulsado por los mayores envíos de productos como otros aceites (21,5%), enlatados (62,6%), harina de pescado (81,2%) y aceite crudo (362,7%). En contraste, este desempeño fue parcialmente atenuado por la menor exportación de productos curados (-17,6%) y congelados (-41,8%).

Las exportaciones de aceite crudo contribuyeron con el 14,9% del valor exportado, equivalente a US$ 545 millones, significando ello un aumento extraordinario de 357,4%, respecto al año anterior. Influyeron en este crecimiento los mayores envíos realizados a, Noruega (864,2%), Chile (508,0%), Estados Unidos (138,3%) y China (125,2%). Atenuaron este escenario, las menores exportaciones a Australia (-73,8%) y Nueva Zelanda (-94,5%).

Las exportaciones de este rubro representaron el 29,6% del valor de los envíos pesqueros al exterior y totalizó US$ 1 083 millones en divisas en 2024, cifra que significó una caída de 30,5% con respecto al año previo. Afectaron este descenso las menores exportaciones hacia España (-19,5%), Japón (-25,2%), Corea del Sur (-44,1%) y China (-68,7%). En contraste, atenuó parcialmente esta caída los mayores envíos hacia Estados Unidos (32,7%), Costa de Marfil (38,0%), Ghana (142,5%) y Nigeria (260,5%). Es importante destacar los principales productos exportados elaborados en base a pota, con 31,8% del valor total enviado, seguido de langostinos (16,7%), jurel (12,7%) y concha de abanico (11,1%

Las exportaciones de enlatados con una participación de 2,6% del valor exportado en 2024, totalizaron en US$ 95 millones en divisas, cifra que representó un incremento en 64,5% con respecto al año previo.

Este resultado se explica por los mayores envíos al Reino Unido (95,6%), Estados Unidos (125,9%) y Países Bajos (390,3%). Atenuaron este crecimiento las menores exportaciones a España (-1,8%), Chile (-11,1%) y Alemania (-35,1%). Por otro lado, entre las principales especies exportadas en la presentación de conservas tenemos al atún, con 87,5% de participación, seguido de anchoveta (8,3%), jurel (1,9%), abalón (1,3%) y caballa (0,9%).

IMPORTACIONES PESQUERAS

En 2024, las importaciones de productos pesqueros alcanzaron los 125 mil TM, equivalentes a US$ 317 millones, representando una disminución de 14,3% en volumen y de 8,3% en valor, respecto al año 2023.

En efecto, se observa que la disminución de las adquisiciones de productos pesqueros del exterior, en términos de volumen, es por las menores importaciones de congelados (-1,9%), harina de pescado (-10,8%), aceite crudo (-46,0%) y frescos (-49,7%), entre los principales.

Los productos congelados pesqueros son el principal rubro de importación; las compras descendieron a US$ 164 millones y representaron el 51,7% del valor total. Asimismo, se registró una caída de este rubro de 12,4% en términos de valor. Influenciaron en este resultado las menores adquisiciones de langostinos (-21,1%), atún (-7,4%) y jurel (-0,2%). Atenuaron esta caída la mayor importación de tiburón (2,4%), tilapia (5,6%), choros (79,4%), caballa (124,7%) y pota (3 226,4%). Por país de procedencia, las mayores compras según su participación procedieron de Argentina (38,7%), Chile (15,7%), China (10,2%), Panamá (7,3%) y Estados Unidos (6,0%).

El segundo rubro de mayor importación son las conservas de pescado, con compras realizadas por US$ 101 millones, cifra superior en 15,7% respecto del año anterior (US$ 87 millones). Dicho resultado se debe al aumento en las importaciones de conservas en base a atún (16,4%), en términos de valor, siendo el principal producto expandido en demanda y con una participación de 99,9% del valor total importado en el rubro de conservas. Este producto provino de Tailandia, China, Ecuador y Vietnam, cuyas importaciones en conjunto aumentaron en 23,8%, equivalente a un aumento de US$ 19 millones en valor, lo que infiere que la demanda se expandió para este tipo de producto importado.

VENTA INTERNA Y CONSUMO PER-CÁPITA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS

En el 2024, las ventas internas del sector pesquero totalizaron 771 mil TMB, significando ello una ligera disminución en 5,2% con relación al año anterior. Este resultado fue influenciado por la reducción de las ventas locales de productos de harina de pescado (-46,2%), congelados (-10,6%) y, en menor magnitud, para el consumo en estado fresco (-3,1%). En contraste, fue atenuado parcialmente por el aumento en la comercialización de productos enlatados (10,2%), curados (23,4%) y aceite crudo (142,2%).

En cuanto a la composición de las ventas internas, el 63,5% son productos pesqueros comercializados para el consumo en estado fresco. Los pescados y mariscos frescos registraron un total de 489 mil TM, destacando los recursos de bonito (83 mil TM), jurel (57 mil TM), pota (38 mil TM) y trucha (36 mil TM) como las especies de mayor ingreso a los mercados mayoristas y minoristas a nivel nacional. Le siguen en participación los productos congelados (17,9%), enlatados (9,6%), harina de pescado (3,2%), aceite crudo (1,7%) y curados (1,1%), este último con la menor participación en el total comercializado en el país.

En relación a la procedencia, el 83,8% son ventas de productos nacionales (646 mil TM) y 16,2% importados (125 mil TM). Es preciso señalar que se observó una reducción en la comercialización interna de recursos pesqueros procedentes de la producción nacional en 3,2%, así como las importaciones con destino al consumo interno también disminuyeron en 14,3%, influenciado principalmente por los menores ingresos de productos internos de recursos frescos e importados.

En los siguiente gráficos se puede ver, comparativamente como evoluciona la venta interna y las exportaciones:

CONSUMO PER CAPITA

El consumo per cápita de pescado en el país durante el 2024 se estima que alcanzó 17,4 kilogramos por habitante, lo cual significó un ligero aumento de 0,3%, con relación al año 2023, cuyo valor fue de 17,3 kilogramos. El aumento del consumo se encuentra asociado a un aumento en el abastecimiento de pescado fresco en los mercados mayoristas pesqueros del ámbito marítimo ventanilla (17,6%) y en el sur (6,9%), principalmente, proveniente de las especies como bonito, merluza, lisa y lorna; favorecidas por las condiciones oceanográficas normales para su extracción. En contraste, este resultado fue atenuado, parcialmente, por la reducción en la provisión de jurel, pota, caballa, perico, langostino y cachema.

Las familias peruanas registraron una alta preferencia por el consumo de bonito; esta especie tuvo una demanda de 4,2 kg por habitante, convirtiéndose en el recurso pesquero de mayor consumo dentro de la canasta alimenticia de pescados y mariscos. También destacan por su alta demanda en la gastronomía nacional y por precio accesible las especies como jurel, atún, caballa, boquichico, liza, merluza y pota.

A nivel departamental, se observa que las zonas norte y oriente registran un consumo superior al promedio nacional y al del resto de regiones. Esta diferencia puede explicarse por diversos factores, entre ellos, la mayor disponibilidad de recursos hidrobiológicos en las regiones cercanas al litoral costero y la preferencia por especies de aguas continentales en la zona amazónica del país.