En
el Perú se ha atribuido siempre a los recursos marinos, no solo el carácter de
renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Se ha elegido aceptar el
mito, en obstinada ignorancia de los hechos, creyendo que los recursos
pesqueros son infinitos e inagotables y forzando la extracción hacia límites
impredecibles en sus consecuencias.
La
forma más racional de proteger nuestros recursos pesqueros es adoptando un
enfoque precautorio. Los peces son recursos naturales renovables, solo si se
les deja reproducirse adecuadamente cuidando de no reducir sus poblaciones. El
recurso pesquero no aumenta en función de la demanda. Sucede que la biomasa de
las diversas especies objetivo sigue el camino inverso, éstas se reducen y por
tanto son insuficientes para satisfacer las expectativas y necesidades de todos
los partícipes de la pesquería.
Una
especie extinguida es incapaz de ser regulada y no podrá ser extraída por más
demanda social que exista.
EXPORTACIONES E IMPUESTOS
La
pesquería sigue siendo conceptuada como fuente de riqueza vía exportación,
negándonos a entender que la riqueza disponible para el país proviene, no de la
exportación en sí misma, sino de los impuestos que paga, es decir el impuesto a
la renta y la contribución de los derechos de pesca. Esta información permanece
oculta para la ciudadanía.
La
difusión pública de estadísticas e información sobre el sector pesca en el Perú
es bastante sesgada. Sobre las ventas de pescado al mercado interno peruano, no
se mencionan estadísticas de volúmenes, valor total comercializado, mercados
donde se han realizado las operaciones comerciales ni poblaciones a las cuales
se ha atendido.
En
cambio sobre exportaciones se menciona todo tipo de detalles con sus
correspondientes elogios. Se mencionan los volúmenes de exportación y su
relación el PBI, su crecimiento y el empleo que genera. No se mencionan las
cifras sobre recaudación de derechos de pesca y el gasto del 50% que queda en
manos del Ministerio de la Producción. Poco o nada se sabe del impuesto a la
renta de tercera categoría, devolución de IGV, pago de drawback. Tampoco se
hacen pública, a través de los medios, las cifras de transferencia y gasto del
canon pesquero. Esto por mencionar solamente los tributos o tasas que son o
debería ser para beneficio de todo el país. Existen otras tasas que no son de
beneficio general; pero una que otra vez se mencionan, como es el caso de las
contribuciones laborales y al pago del programa de Vigilancia y control de las
actividades pesqueras y acuícolas.
En
general, los grandes beneficios económicos del sector pesquero alcanzan a una
fracción del empresariado pesquero y genera rentas insuficientes al Estado que
no permiten el financiamiento adecuado de programas sociales, de investigación
y otros necesarios para el manejo sostenible de los recursos.
El
régimen de derechos de pesca carece de racionalidad económica. El monto a pagar
por este concepto no guarda relación ni con la renta del recurso, ni con los
costos de administración de las distintas pesquerías. En el caso de las
embarcaciones artesanales, se les exime del pago de derechos de pesca.
Las
normas vigentes no indican expresamente que la información derivada de las
cobranzas, morosos, omisos al pago y/o declaración jurada y empleo de los
recursos directamente recaudado proveniente de los Derechos de Pesca se
publiquen para conocimiento público.
Por
tanto ni el sector ni la opinión pública tienen acceso a conocer detalles de la
eficiencia de la cobranza, ni a saber quiénes han pagado y quienes no han
pagado, ni a conocer cómo se emplean estos dineros. Por tanto nadie fuera del
Produce fiscaliza.
La
tasa de derechos de pesca vigente resulta insuficiente pues no considera el
valor ambiental de los mismos debido a los pasivos resultantes de la contaminación
ambiental ocasionada por la actividad pesquera.
El
Estado y la industria tienen el legítimo derecho a publicitar sus logros en
materia de exportación y volúmenes de desembarque de recursos pesqueros; pero
el ciudadano común también tiene el derecho de ser informado de cuánto han
aportado por impuesto a la renta y derechos de pesca, así como de las
devoluciones tributarias del IGV que ha recibido el exportador y del drawback.
ANCHOVETA
Es
una costumbre satanizar a la industria de harina de pescado por no destinar el
recurso al consumo humano; pero en realidad el asunto no debe configurarse de
esa manera. La industria harinera existe porque en su momento se presentó la
oportunidad de capturar la renta de ese recurso convirtiéndolo en harina, cuyo
mercado, que es básicamente la acuicultura, fue creciendo y se volvió un
negocio rentable. Obviamente más rentable que el consumo humano directo. El
empresario apuesta a ganar lo máximo posible. Que hay necesidades de
alimentación en la población, sí; pero ese tema no es de responsabilidad del
empresario, sino que es competencia del Estado. En el Estado, es competencia
del MIDIS y no de PRODUCE.
Producir
harina de anchoveta resultó ser un buen negocio y se ha invertido mucho en el
mismo. ¿Por qué no se ha hecho igual con el consumo humano de anchoveta? La
explicación más simple es: porque no es un negocio mejor que la harina desde el
punto de vista de la rentabilidad.
¿Se
puede culpar a la industria harinera por ello? No. Es verdad que hay temas
sobre la misma que deben ser discutidos, como por ejemplo la contaminación, los
derechos de pesca y otros; pero eso no es motivo para pretender que se deje de
hacer harina. Es un negocio que bien puede coexistir con el del consumo humano
directo.
Atacar
a la industria de harina, alegando que el destino de la anchoveta debe ser para
el consumo humano y en consecuencia debería desaparecer, es un sin sentido y un
absurdo. Es politizar un asunto cuyo origen y alternativas van por otro lado. Existen
ideas innovadoras para procesar la anchoveta, pero requieren de inversión
privada. Incentivar la inversión privada es el ángulo desde el cual debe
enfocase este tema.
También
se cree que es responsabilidad del Ministerio de la Producción destinar la
anchoveta para alimentación nacional. No es enteramente cierto. Por un lado, no
es rol del Estado hacer empresa, que es lo necesario para la comercialización
de anchoveta. Por otro lado la Ley Nº 27779 establece que el Ministerio de la
Producción formula, aprueba y supervisa las políticas de alcance nacional
aplicables a las actividades extractivas y productivas comenzando en los
sectores industria y pesquería, promoviendo su competitividad y el incremento
de la producción así como el uso racional de los recursos y la protección del
medio ambiente. A tal efecto dicta normas de alcance nacional y supervisa su
cumplimiento. Su ROF dispone que el Despacho Viceministerial de Pesca y
Acuicultura vela por el aprovechamiento sostenible de los recursos
hidrobiológicos y su impacto favorable en el medio económico, ambiental y
social, y promueve el consumo de productos hidrobiológicos, entre otros.
No
le asigna funciones ni competencias en el tema alimentario y tampoco puede
tener un rol empresarial que conduzca a la comercialización de anchoveta o de
ningún otro recurso pesquero, ni intervenir en la fijación de los precios.
Por
lo tanto, no está en sus competencias nada más que actuar sobre la promoción
del consumo a través de acciones de educación y otras que puedan desarrollarse.
Este es el ángulo desde el cual debe enfocarse también el asunto
Si
se quiere que la anchoveta sea consumida por la población, tiene que ser un
negocio rentable y sostenible para que alguien se interese en invertir en el
mismo y dedicarse a ello. No lo es actualmente.
No
es responsabilidad del Ministerio de la Producción.
Es
responsabilidad del Estado crear las condiciones para que se cree un negocio de
anchoveta destinada al consumo humano de la población, a través de acciones
adecuadas.
Crear
mercado significa crear la demanda. Ese es el tema básico que debe atenderse.
La satisfacción de esa demanda será el resultado de inversiones privadas
mediante una oferta apropiada de anchoveta en la presentación que resulte más
atractiva.
Esta
tarea es una combinación de esfuerzos y voluntades del sector privado y de
varios ministerios como Producción, MEF, Salud, Educación y el MIDIS.
Atribuir
a la industria de harina de pescado la responsabilidad de que el país no
consuma anchoveta, no es correcto.
Destinar
la anchoveta para la alimentación nacional no es tan complicado como puede
parecer; pero no resultará de un enfrentamiento con la industria de harina de
pescado. Solo requiere de voluntad y decisión política alejada de todo tipo de
intereses que no fuesen los de la Nación para empezar a resolver el tema desde
los ángulos correctos y debidos.
En
algún momento se deberá pasar de la polémica, de la confrontación y del
discurso, a la acción real y efectiva concertando la empresa privada con el
Estado y las organizaciones sociales.
Podemos
alimentarnos con anchoveta; pero es un camino largo que requiere de
perseverancia, constancia y continuidad, voluntad y decisión política.
El
desarrollo del mercado interno peruano para productos preferentemente derivados
de la anchoveta es un enorme desafío. Implica educar a la población en el
hábito de su consumo y de transformar un simple potencial de consumo en un verdadero
mercado.
El
reto nacional es desarrollar el mercado interno. La barrera para ello radica en
que es más fácil aprovechar los mercados que otros países ya tienen bien
estructurados y exportar. China, los Estados Unidos, la Unión Europea y el
Japón, entre otros, son mercados atractivos porque pagan precios altos pero
también, porque tienen mercados estructurados, con redes de importadores, de
grandes distribuidores, mayoristas y minoristas que posibilitan una venta
rápida para productos de buena calidad.
Esta tendencia, sumada a la deficiente red de frío y de comercialización en el mercado interno, así como la escasa demanda, afectan el desarrollo del mercado interno. Los elevados precios de los productos que se ofertan a este mercado constituyen otro de los limitantes.
La
promoción de consumo de la anchoveta tiene que ser entendida como básica y
previa al desarrollo de una cadena de valor apropiada. Si no hay mercado, no
habrá negocio. Si no hay inversión en la cadena de distribución y de almacenamiento
y si no hay precios atractivos mejores que el que ofrece la harina, no habrá
negocio. ¿Quién está dispuesto a arriesgar en esta inversión? Si fuese un
negocio atractivo ¿por qué nadie incursiona en el mismo?
Si
hasta el día de hoy no ha prosperado el discurso de destinar anchoveta al
consumo nacional, es evidente que la razón principal es que no es buen negocio
para quienes podrían tener interés en invertir en ello. Y eso es una cuestión
no solo de hábito, sino también de precio.
El
precio final de la anchoveta para consumo nacional tendrá que ser realista a
fin de la población la convierta en un hábito de consumo. Si el precio es
inaccesible para las mayorías, no sirve. Para que esto funcione, debe ser un
negocio en el cual todos los actores ganen, que el mercado acepte el producto y
que sea sostenible. No puede ser subsidiado por el Estado, salvo quizá en el
primer momento, el de la creación del hábito de consumo
Que
la anchoveta puede alimentar al país, es una posibilidad; pero la realidad
impone su propio paisaje. Eso no va a ocurrir con tan solo el discurso, sino
con el compromiso del Estado y del inversionista por desarrollar esta cadena
productiva en el corto, mediano y largo plazo. El primero debe crear los
estímulos y condiciones para que el segundo se arriesgue a invertir.
Finalmente,
hay que entender que esto es una tarea de largo plazo que debería ser mantenida
por cada gobierno y no variarse con cada cambio de funcionarios. El Perú ya
tuvo hace años una exitosa serie de medidas para introducir el consumo de
anchoveta; pero desconociendo que el proceso es de largo plazo e ignorando el
sector, cada cambio de gobierno fue dejando de lado lo avanzado.
