El
siguiente cuadro muestra cifras entre el año 2003 (fecha de la creación del
canon pesquero) y el 2014.
Fuente:
Sunat, MEF, elaboración Revista Pesca
Se
aprecia el monto total del valor FOB exportado, la recaudación del impuesto a
la renta de tercera categoría (que representa el 2.55% del valor exportado) y
la recaudación por derechos de pesca (que representa el 0.71% del valor
exportado), aunque este último dato carece de información oficial visible.
Solamente se le deduce a través de las transferencias efectuadas de canon
pesquero.
Las
exportaciones no pagan IGV por cuanto se les devuelve ese impuesto, así que no
se puede considerar ese tributo como un aporte de la industria pesquera.
La
industria, en algunas de sus partidas arancelarias, ha recibido el drawback,
que viene a ser una especie de subsidio, cuyas cifras oficiales no se
encuentran visibles.
Tampoco
hay información de las ventas al mercado interno que expresen con la misma
precisión que las exportaciones, lo que se ha vendido en el país.
Por
tanto este análisis podría mostrar ratios menos favorables para el país si se
sumase la venta nacional a la venta al mercado externo. A mayor venta, menor
ratio de participación por renta y derechos de pesca.
Debe
sumarse al análisis el impacto ambiental que causa la industria y que se
refleja en las bahías principalmente. Es evidente que habrá que hacer un gasto,
en algún momento, para limpiar y descontaminar. No se sabe cuánto cueste
hacerlo. ¿Quién asumirá el costo de dicha descontaminación?
En
términos de contribución monetaria al fisco, y por consiguiente para el país,
la perspectiva del ciudadano debe evaluar si el monto cobrado por el Estado
para ser utilizado en beneficio de toda la ciudadanía del país es equitativo,
adecuado, o justo. Si no lo es, amerita un análisis y la búsqueda de
alternativas de mejoramiento.
El
enfoque ciudadano puede dejar a otras organizaciones el análisis y discusión
sobre aspectos técnicos y científicos propios de la pesquería. Debe más bien, preocuparse por su participación en la renta pesquera,
considerando que es el propietario del recurso pesquero que está siendo
explotado por una pequeña fracción de ciudadanos, los cuales deberían pagar un
justiprecio por el derecho y el privilegio de lucrar con un recurso natural
que, está siendo gratis en el caso de la pesca artesanal y muy barato en el
caso de la pesca industrial.
La
pesca artesanal no está obligada al pago de derechos de pesca. Pero si bien es
cierto una parte de sus desembarques va a los mercados nacionales para consumo
interno, también es verdad que otra parte va a las plantas congeladoras y
enlatadoras que exportan sus productos. ¿Es correcto, y justo desde el enfoque
ciudadano, que se exporten productos sin pago de derechos de pesca al igual que
los productos que se venden en el país? Más allá de esto ¿no deberían pagar
derechos de pesca, es decir el derecho a la extracción de un recurso natural
del cual los 30 millones de peruanos somos propietarios, todos los pescadores
que realizan esfuerzo pesquero?
Este
enfoque también debe dirigirse a analizar los precios a los que se vende el
pescado en el mercado nacional y los volúmenes que se encuentran disponibles
para las poblaciones de la costa, de la sierra y de la selva. Siendo propietarios
de los peces y siendo una de las pesquerías más grandes del planeta, debemos
preguntarnos si la cantidad disponible de pescado alcanza para todos los
sectores de la población y si sus precios son asequibles para las mayorías.
Un
análisis objetivo, sin agresiones, debería conducirnos a la búsqueda de
alternativas para hacer de la pesquería peruana una actividad más inclusiva y
más justa.
Hoy
no es inclusiva porque muy pocos se benefician, no es equitativa porque el país
no es adecuadamente remunerado por el lucro que generan sus recursos pesqueros
y es discriminatoria porque unos pagan derechos e impuestos y otros no pagan
nada o pagan muy poco.
Las
políticas públicas tienen que orientarse al ciudadano y a procurar mejorar su
calidad de vida. Debemos preguntarnos y evaluar si hoy en día, en el caso de la
pesca, el ciudadano peruano está recibiendo beneficios, cuáles son estos y
cuántos lo están recibiendo.
En
el período 2003-2014, se han
desembarcado, o sea extraído, casi 81 millones de toneladas de productos
pesqueros de acuerdo al siguiente cuadro.
Cuando
se ve, desde la perspectiva de la renta y del ciudadano, que todos los
desembarques para consumo humano directo, o sea casi 13 millones de toneladas,
no han pagado derechos de pesca porque la norma así lo permite, surge el tema planteado en relación a enfocar la
pesca desde la perspectiva ciudadana no pesquera. Esto porque el recurso
natural no es propiedad de los pesqueros, sino de todos los peruanos. Si fuese
una actividad y/o industria que no emplea un recurso natural, este análisis
sería innecesario.
Si
además el vendedor del producto pesquero es informal, o sea que no paga renta
ni IGV (porque la venta de pescado fresco está exonerada), estamos ante una
situación discriminatoria e injusta.
El
hecho es que un grupo de ciudadanos extrae nuestros peces del mar a precio muy
barato y otro grupo lo hace gratis, sin pagar nada. Este estatus excluye a la
mayor parte de ciudadanos del país del beneficio de la pesca, porque tampoco
disponemos de pescado abundante y barato para nuestra alimentación.
Los Derechos de Pesca en el Perú y toda la estadística pesquera al 2014 en el siguiente link:
Los Derechos de Pesca en el Perú y toda la estadística pesquera al 2014 en el siguiente link:
Marcos Kisner Bueno
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