¿TRAS LA RUTA DE LA SARDINA?

POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE

La anchoveta revive el dramático escenario de la depredación al cual fue expuesta la sardina y que la condujo a su total desaparición de nuestro riquísimo mar peruano. Pero a diferencia de entonces, hoy la población tiene más información y mayores elementos de juicio para actuar y detener una inminente masacre que se cierne sobre esta especie marina, al amparo de la reciente sentencia de la Corte Suprema que declara la inconstitucionalidad parcial del Decreto Supremo 005-2012-PRODUCE en el numeral 2.2 de su artículo 2, en el que se prohibía el ingreso de una depredadora flota industrial anchovetera a las primeras 10 millas marinas.

Esta batalla ganada por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) en el terreno legal, responde a una guerra que le ha declarado al Estado peruano, por no querer sujetarse a reglas justas que éste quiere imponer en representación de 30 millones de peruanos, únicos dueños de este preciado recurso natural que es la anchoveta, que están cansados que un grupo selecto de 8 empresas harineras tengan que decidir su destino, y escandalizados por su enorme poder que ha quedado en evidencia.

Ya en la gestión del ex ministro Kurt Burneo, el Estado dejó de mostrar su actitud sumisa y se mostró firme al reclamarle una deuda de 892 millones de soles al empresariado pesquero. Además se fijaron objetivos estratégicos y políticas pesqueras para los 5 años de gobierno de Ollanta Humala orientados a un verdadero reordenamiento del sector, que no le resultaron nada agradables a la SNP y que lamentablemente no fueron continuados por los titulares que lo sucedieron en el cargo.

La pesadilla para la SNP continuó con la llegada de la ministra Gladys Triveño.

Se desató entonces, una cruel y demoledora campaña mediática en su contra, pero la ministra resistió el embate y se sintió fortalecida con el posterior respaldo público de Ollanta Humala y de muchas organizaciones representativas de los pescadores artesanales e industriales.

En la interpelación a la ministra Triveño en el seno del Congreso de la República, dentro de la estrategia trazada por la  Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) para sacarla del cargo, la titular del sector no se amilanó y, por el contrario, sacó provecho de la atención pública concentrada en ese acto, dando  a conocer datos desconocidos hasta ese momento, que mezclaban el escándalo, la sumisión de gobiernos anteriores y una total injusticia en las reglas de juego en esta segunda actividad económica más importante del país. Quedaron en evidencia pública, las enormes ventajas creadas a favor de la oligarquía pesquera al amparo de normas legales, que le brindan exagerados e injustificados beneficios tributarios y derechos sobre los recursos hidrobiológicos sin el debido justiprecio por su extracción y producción de harina y aceite de pescado, que le generan millonarias ganancias, y que no comparte en proporción justa con el Estado (que le permita mitigar el impacto negativo que esa actividad va dejando en el medio ambiente), ni con el pescador industrial en su participación de pesca.

Agotadas sus baterías mediáticas y habiendo sufrido un revés en el seno del Congreso de la República (vía interpelación a la ministra Triveño), la SNP recurrió a dos de sus otros aliados, la Asociación de Armadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras (AANEP) y el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP), los cuales, fieles y obedeciendo el encargo, arremetieron por la vía judicial contra el Decreto Supremo 005-2012-PRODUCE, buscando frenar su aplicación que los alejaba de las primeras 10 millas marinas, y que parece haberlo conseguido, en una acción que deja al descubierto la verdadera naturaleza servil y pro empresarial de esta organización sindical llamada SUPNEP.

El escenario peligroso para la preservación de la anchoveta, depende ahora de una estratégica respuesta del Estado peruano. Ya el vice ministro de Pesquería, Paul Phompiu, ha declarado a los medios que PRODUCE buscará cómo compatibilizar la protección de la anchoveta con la sentencia que declara inconstitucional el Decreto Supremo 005 y que el ordenamiento del sector pesquero y la protección de las primeras 10 millas marinas, continuarán a pesar de todo. Para el 15 de diciembre, fecha en que entra en vigencia esta sentencia, aseguró que hay muchas cosas que pueden pasar.

Por encima de las formas, parte vulnerable de este intento de PRODUCE en ordenar el sector, debe primar el interés nacional de proteger la anchoveta, aprendiendo la dolorosa lección que nos dejó la desaparición de la sardina ante el apetito voraz del poderoso empresariado pesquero.