La pesquería
está conceptuada como factor de crecimiento del PBI vía exportación, negándonos
a aceptar que primero debe ser fuente de alimentación nacional. Se requiere privilegiar
la alimentación de la población nacional por encima de todo. Se necesita
colocar el interés nacional por encima de los intereses de parte. Lo que no
significa que exportar sea malo o indebido, sino que el mercado nacional merece
igualdad de condiciones, ya que a la fecha está en desventaja con el mercado
externo que, en el caso de los productos de consumo humano directo, recibe
subsidios e incentivos mientras que el peruano no tiene ningún estímulo.
Existe preocupación por los problemas
asociados a la sostenibilidad, al incremento de las capturas en relación a las
capacidades de renovación y sostenimiento de los recursos, al impacto sobre el
ecosistema, a la alimentación nacional y a los costos medioambientales
vinculados con una explotación que puede volverse más intensiva.
Ello requiere
de una adecuada preservación de los recursos pesqueros, del ecosistema y del ambiente, de tal forma que se
garanticen alimentos para toda la población del país en forma prioritaria. De
allí la necesidad de establecer, por parte del Estado, la regulación y más aún, su participación
concreta como actor económico en un área en la que se trabaja con activos cuya propiedad
es de todos los ciudadanos del país.
El índice de
desnutrición de nuestro país nos obliga a utilizar los recursos hidrobiológicos
para que nos proporcionen alimentos. Estos recursos, además de representar un insumo
importante para la alimentación, que reduzca la desnutrición y la anemia
infantil, constituyen una reserva estratégica que en el mediano plazo pueden
colocar al Perú en una posición ventajosa en términos de abastecedor mundial de
alimentos.
Se ha aceptado como definición de
desarrollo sostenible aquel progreso que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades. Por tanto, tiene que haber límites al crecimiento debido al
agotamiento de recursos hidrobiológicos, lo que se evidencia en especial en los
capturados por la pesca artesanal, que cada vez tiene mayores dificultades en
encontrar cardúmenes que antes se hallaban más fácilmente a su alcance y que
cada vez se aprecian en menores tallas y volúmenes.
En la
actividad extractiva, medio en el cual nadie puede controlar efectivamente el
cumplimiento de las normas, la mejor garantía de su cumplimiento es que los
actores del sector asuman conciencia de que detrás de la regulación hay una
necesidad. En consecuencia, la educación y el cambio o introducción de un
modelo educativo para el sector se torna cada vez más un imperativo y una
urgencia.
La educación
para el sector pesquero debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para
los pescadores y tripulaciones. Debe ampliar su radio de acción a todos los
trabajadores de la industria pesquera en tierra, a todas las comunidades de
pescadores marítimos y continentales y difundir información a las poblaciones
costeras y aledañas a ríos y lagos. Debe trascender lo tradicional y educar en
temas de protección al ambiente y a las poblaciones ícticas, debe incursionar
en temas que tengan por objeto crear conciencia sobre la necesidad y
responsabilidad compartida de proteger los ecosistemas y el futuro de los peces
como elemento clave para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria,
base de un educación imprescindible para alcanzar un alto nivel de desarrollo.
Debe estimular la creación de micro empresas formales que abastezcan al mercado
nacional.
Si aspiramos
a la soberanía y seguridad alimentarias se necesita una pesquería que produzca,
en primer lugar, alimentos variados, sanos y accesibles para la población
peruana y, en segundo lugar, para las oportunidades del mercado exterior.
La defensa del bien común impone el
diseño de políticas públicas que protejan los recursos pesqueros para las
generaciones futuras y que le den a la sociedad una adecuada participación. El
marco normativo debe imponer reglas y normas regulatorias que hagan posible el
usufructo racional de los recursos, no sólo en términos de su agotamiento y
contaminación, sino de una participación justa de la renta que generan los
recursos en toda la cadena de producción para beneficio del país en
investigación, control y proyectos sociales alimentarios.
La protección de nuestros recursos
solo pueden materializarse a partir de la existencia de un poder político que
establezca planes de largo plazo y optimice el funcionamiento del aparato
estatal.
Las
decisiones políticas, en un sistema democrático, se sustentan en el derecho que
concede el pueblo con su voto, a las autoridades elegidas para administrar el
país. El poder político real de todo Estado, es la resultante de la aplicación
de políticas de Estado que son ejecutadas por la administración de turno.
Existen
iniciativas privadas para el desarrollo pesquero, pero que no dejan de ser
aisladas y con objetivos empresariales, como corresponde. Es la naturaleza legítima
de la empresa privada.
Lo que no se
ve es un diseño del Estado para la actividad pesquera que marque los objetivos
estratégicos para el futuro de la pesquería en el Perú, visualizando no
solamente la sostenibilidad de los recursos, sino el bienestar de las mayorías
nacionales. No existe, en forma visible por lo menos, una definición de la visión
de la pesquería en el largo plazo. Más allá de lo que manda la Ley General de
Pesca, ya obsoleta por cierto, no hay nada de planeamiento a futuro. Si
analizamos el Plan Estratégico Sectorial Multianual vigente, podremos
comprender mejor como a la pesca y acuicultura no se les da el tratamiento que
corresponde.
Más allá de las acciones de gestión
propiamente dicha, de los fundamentos en los cuales debiera basarse y de la situación
económica que impone acciones puntuales marcadas por la coyuntura del momento,
¿Hacia donde se dirige la pesquería peruana? ¿Cuál es la agenda del gobierno?
¿Cada administración impondrá su propia agenda a falta de una Política de
Estado? ¿Es eso lo mejor para el Perú? ¿Qué es lo que queremos para nuestra
pesca en el futuro?
No existen objetivos estratégicos a
alcanzar, ni políticas para lograrlo, como tampoco indicadores para evaluarlos
en el corto, mediano y largo plazo.
Marcos Kisner Bueno
Presidente de la Revista Pesca
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