La exportación de productos pesqueros, en el caso de
la pota y otros, recibe un drawback, que viene a ser una especie de subsidio,
cuyas cifras oficiales no se encuentran visibles en forma precisa. La
extracción de pota, por efectuarse por la flota artesanal ya que no existe
flota industrial actualmente que pueda extraerla, está exenta del pago de
derechos de pesca. La comercialización de este recurso, por tratarse de un
recurso pesquero en estado fresco, está exonerada del pago del IGV bien sea en
el mercado nacional o cuando se vende a una planta procesadora.
La pesca artesanal no está obligada al pago de
derechos de pesca. Pero si bien es cierto una parte de sus desembarques va a
los mercados nacionales para consumo interno (lo cual puede ser un argumento
para esta exoneración de pago fijada en la Ley General de Pesca), también es
verdad que la mayor parte va a las plantas congeladoras y enlatadoras que
exportan sus productos. En este caso, no hay justificación alguna para que la
materia prima, procesada o no que se exporta, no pague un derecho por la
extracción.
Por otro lado, las exportaciones en general, no pagan
IGV por cuanto se les devuelve ese impuesto, así que no se puede considerar ese
tributo como un aporte de la industria pesquera.
Por tanto, en términos de contribución monetaria
al país, el monto cobrado por el Estado
por derechos de pesca a la actividad pesquera, no es el más conveniente a los
intereses nacionales.
No es equitativo, desde el enfoque ciudadano, que se
exporten productos sin pago de derechos de pesca. La venta para el consumo
interno sí se puede justificar que sea exceptuada, porque la extracción de un
recurso natural del cual los 30 millones de peruanos somos propietarios, si
fuese gravada, sería trasladada al consumidor nacional lo que lo encarecería
injustamente. Sin embargo, el recurso natural que se exporta para ser consumido
por poblaciones de otros países, no debe ser gratis.
Que la pesca es relativamente importante en el
crecimiento del PBI, no hay duda, pero ello no necesariamente implica o
significa que el país está recibiendo una justa participación en el negocio,
considerando que es el propietario de la materia prima.
Este es el tema de fondo que requiere de una reforma
en el sistema. La atención no debe enfocarse exclusiva ni principalmente en la
sostenibilidad de la anchoveta ni en la industria de harina de pescado, ni en
la creación de conflictos. Es poco probable que la industria esté forzando al
colapso de este u otro recurso y es aún menos probable que el IMARPE no sea
responsable en sus recomendaciones. Insistir en una confrontación con la
industria, en especial con la de harina de pescado, no es eficiente ni tendrá
resultado positivo alguno. Genera un desgaste improductivo. Resulta insensato
creer que alguien va a ganar una pelea contra la industria. La historia, los
hechos y la práctica lo evidencian.
El enfoque debe centrarse en llegar a una equitativa
contribución de toda la industria procesadora y extractiva de recursos
hidrobiológicos con el Estado peruano y por consecuencia con el propietario del
recurso pesquero: la Nación.
Tres puntos básicos alrededor de los cuales deben
diseñarse nuevas políticas:
·
La
extracción de recursos pesqueros que se destinan a la exportación, no puede ser
gratis ni barata.
·
La
atención de las necesidades de alimentación de la población peruana debe estar
por encima de las conveniencias y beneficios de su exportación.
·
Los
derechos de pesca y la participación de la Nación en el negocio pesquero deben
ser más equitativos.
La
revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y
de la pesquería. Difunde información obtenida de muchas fuentes, ideas y opiniones
que tienen por objeto exponer: la necesidad de hacer sostenible la extracción
de los recursos marinos; la urgencia de actuar en beneficio de la seguridad
alimentaria nacional; y el cuidado del ambiente.
Los invito cordialmente a leer la edición de
la Revista Pesca correspondiente a FEBRERO 2017 y a compartirla dentro de sus
círculos y redes sociales.
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