Páginas

lunes, 28 de septiembre de 2015

Revista Pesca Octubre 2015: Editorial

El primer objetivo de una política pesquera debe ser asegurar la SOSTENIBILIDAD DE LAS PESQUERÍAS. Lo cual pese a ser una afirmación simple, implica una serie de actividades, procedimientos y acciones de diferentes grados de complejidad. En ese sentido si los esfuerzos de la administración se concentrasen en este objetivo, se generarían todas las acciones colaterales que provean los insumos necesarios para cumplirlo.

El segundo objetivo de la política pesquera debiera ser: ASEGURAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA. Las plantas de procesamiento deberían reducir el vertido de contaminantes al mar a un 0%. Los Límites máximos permisibles actuales son demasiado generosos en algunos casos y en otros ni siquiera existen, como es el caso de la industria de CHD. De igual forma debería actuarse sobre los contaminantes atmosféricos. Las embarcaciones pesqueras de cualquier tonelaje deberían detener el vertido de contaminantes al mar, bien sea en bahía o mar adentro. Incluye residuos oleosos, combustible, basura y aguas sucias.

Debería perfeccionarse las medidas de control y normatividad existentes, fomentando la contribución de la Sociedad Civil y/o agentes vinculados con el sector pesquero a la conservación ambiental.

Debe insistirse con el MINAM la definición de los LMPs para la industria de CHD y los DPAs y los ECAs para el sector, fiscalizando la aplicación de los LMPs a los PAMAs. Se debería identificar, calificar y gestionar los pasivos ambientales pesqueros y coordinar con los demás sectores la mitigación de los impactos de actividades conexas (saneamiento, industria y minería)

El tercer objetivo debiera ser: FORTALECER EL ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, debiendo  imponerse el pago por derechos de extracción a todas las pesquerías que realizan esfuerzo pesquero comercial. Deberían revisarse todos los reglamentos de ordenamiento pesquero existentes, actualizando o perfeccionando aquellos que fuese necesario y procurando gestionar formas de ordenamiento para todas las especies marítimas y continentales, determinando cuotas anuales de captura impidiéndose el ingreso de nuevos actores al escenario de la extracción.

Es necesario el mejoramiento del proceso del proceso administrativo sancionador; la elaboración de un Reglamento de Ordenamiento pesquero de todas las especies que son extraídas por la pesca artesanal; la revisión de la contribución por concepto de derechos de pesca y de los derechos por el aprovechamiento de las concesiones acuícolas;  coadyuvar al ordenamiento territorial de la zona marino costera y promover la implementación de la trazabilidad y las denominaciones de origen.

Debería designarse directores y funcionarios independientes, con experiencia y criterio propio que no respondan consignas de patrocinador alguno, si es que se quiere hacer una reforma y una gestión en beneficio del país y no de ciertos intereses.

Las poblaciones de peces son recursos renovables; pero solamente si se tiene cuidado de permitirles renovarse, podrán explotarse indefinidamente. Por ello se impone una ordenación, lo que significa que las cantidades capturadas deben mantenerse dentro de los límites ecosistémicos definidos científicamente. Las pesquerías deben regularse para que sean sostenibles.

La revista Pesca, en su mes aniversario cuando cumple 55 años de existencia, presenta su visión de política pesquera para el próximo quinquenio.

Marcos Kisner Bueno

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a OCTUBRE 2015.

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Difunde información, ideas y  corrientes de opinión que tienen por objeto crear conciencia de la necesidad de hacer sostenible la extracción de los recursos marinos, de seguridad alimentaria y  del cuidado del medio ambiente. Pero sobre todo, contribuir con información para que el lector empiece a formarse una opinión propia sobre la problemática pesquera.


Se puede leer en formato revista en el siguiente link

viernes, 25 de septiembre de 2015

La nueva agenda de desarrollo sustituye a los objetivos del milenio

Gobernantes de todo el mundo han aprobado este viernes los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 grandes metas que guiarán durante los próximos 15 años la lucha contra la pobreza, las desigualdades y el cambio climático.

El papa Francisco y líderes de más de 150 países se han dado cita en la sede de Naciones Unidas para refrendar estos objetivos, que se han dado a llamar Agenda 2030 y que son el resultado de tres años de discusiones y negociaciones en casi todos los rincones del planeta.

La nueva agenda de desarrollo sustituye a los Objetivos del Milenio, cuyo ciclo se cierra este año con gran éxito en áreas como la reducción de la extrema pobreza, pero lejos de cumplir otras metas e incapaces de frenar la desigualdad en el mundo.

El fin de estos objetivos es ofrecer una 'hoja de ruta' para que los países financien y elaboren políticas gubernamentales en los próximos 15 años con objetivos que serán analizados y revisados empleando toda una serie de indicadores globales que se acordarán para marzo de 2016.

Ban Ki-moon: "Estamos en un momento decisivo en la historia de la humanidad"

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha celebrado la aprobación de la nueva agenda global de desarrollo y ha asegurado que se ha llegado a "un momento decisivo en la historia de la humanidad".

"La población del mundo nos ha pedido alumbrar un futuro de promesa y oportunidad. Los Estados miembros han respondido con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible", ha dicho Ban en una intervención ante los gobernantes del mundo, donde ha añadido que se trata de una "visión universal, integrada y transformadora para un mundo mejor".

Los compromisos, negociados durante años, afectan tanto a los países ricos como a los pobres y tienen como eje central erradicar la pobreza extrema.

El papa Francisco firma en el libro de invitados junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon durante su visita a las Naciones Unidas. El papa Francisco firma en el libro de invitados junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon durante su visita a las Naciones Unidas.

Poner fin a la pobreza más grave, principal meta hasta 2030

Concretamente, el plan fija la meta de acabar de aquí a 2030 con la pobreza más grave, en la que figuran todos aquellos que viven con menos de 1,25 dólares al día, y la de reducir a la mitad el número de personas que sufren la pobreza, medida en función de las definiciones que aplica cada país.

El nuevo plan profundizará también en otras áreas que han registrado grandes progresos en los últimos años, como la lucha contra el hambre, la educación y la sanidad.

Entre los objetivos figura lograr que en quince años todo el mundo tenga acceso a suficientes alimentos y se haya acabado con la malnutrición o que todos los niños completen estudios primarios y secundarios.

También hay metas ambiciosas para reducir la mortalidad materna e infantil, acabar con la epidemia del sida y facilitar a todo el mundo el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Pero pretende responder también a aquellas áreas en las que los Objetivos del Milenio han fracasado, y empieza por el problema de la desigualdad.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible.

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Fuente

miércoles, 23 de septiembre de 2015

AUN ES INSUFICIENTE PARA DETENER LA CONTAMINACION MARINA EN CHIMBOTE

“Las empresas pesqueras son sindicadas como las principales responsables de la destrucción de la fauna pesquera en la bahía de Chimbote, ello como consecuencia de la descabellada y criminal actitud de convertirla en su sumidero industrial al arrojar a las aguas marinas miles y millones de efluentes que son evacuados tras su proceso productivo de fabricación de harina y aceite de pescado.

Esta actividad la han realizado de manera impune a lo largo de décadas y terminaron por destruir lo que era una hermosa playa de carácter turístico hasta antes de la década del 60, razón por la cual la ley determinó que deberían cesar estas actividades y emplazó a las pesqueras a implementar sistemas de tratamiento de efluentes y de evacuación industrial de aquellos que los lleven varios kilómetros mar afuera, lo cual solo se puede conseguir a través de un emisor submarino.

Después de muchos años, después de habérseles otorgado reiterados plazos y de las maniobras de las grandes corporaciones a través de lobbys en el otrora Ministerio de Pesquería, hoy convertido en Ministerio de la Producción, ha llegado el momento de implementar los apremios y apercibimientos de la ley para exigir a los empresarios que se adecuen al procedimiento de tratamiento y eliminación de sus efluentes.

Los plazos se vencieron en diciembre pasado, para los empresarios se prolongó hasta el 28 de abril gracias a una interpretación que ellos mismos hicieron y finalmente no cumplieron, por ello es que desde hace varios meses la ciudadanía y las organizaciones ambientalistas vienen exigiendo a las autoridades que de una buena vez apliquen la ley y no sigan permitiendo que el mar de Chimbote siga siendo el desagüé industrial de estas plantas industriales que albergan una de las actividad más lucrativas del país.

Por ello es que no ha sorprendido a muchos que los representantes de la Municipalidad, la OEFA, la Capitanía de Puerto y la Policía Ecológica, pongan en marcha un operativo madrugador para clausurar los buzones artesanales y clandestinos, así como las pozas de recuperación de aceites que tienen estas plantes pesqueras a lo largo de la orilla de la playa del sector industrial del 27 de octubre.

Fueron 65 de estos buzones y pozas los que se clausuraron arrojando sobre ellos toneladas de concreto para impedir que se sigan lanzando al mar los desechos industriales de las plantas pesqueras, así como para se acumulen los restos de aceite de pescado que se recupera al aire libre, lo que convierte toda esta zona en lugares nauseabundos y pestilentes que perjudican a los vecinos de pueblos aledaños en la medida que estos atraen moscas, insectos, roedores y una criminal contaminación ambiental.

Posteriormente, la Gerencia de salud ambiental de la comuna provincial, que encabezó el operativo inicial, retornó al lugar y clausuró otras 18 instalaciones clandestinas de este mismo tipo para consolidar el trabajo que forma parte de las acciones que han emprendido las autoridades para exigir a las plantas pesqueras que se sumen al emisor submarino que, según se ha dicho, ya se encuentra en funcionamiento.

Esta es la otra parte de este álgido problema que nadie entendía por qué se permitían tantas concesiones y licencias a las empresas pesqueras, pues fue un numeroso grupo de ellas las que promovieron la construcción del emisor submarino a través de la entidad conocida como Aproferrol, la misma que recaudó las iniciales aportaciones de las empresas pesqueras y adquirió los materiales así como contrató a la empresa encargada de instalar el ansiado emisor.

Lamentablemente, como ya es de dominio púbico, la diferencias al interior de este organismo, impidieron que los trabajos concluyan en los plazos que estaban dentro de los que había autorizado el Ministerio de la Producción, sin embargo, ante la necesidad de adecuarse a la ley antes de ser sancionados, algunos empresarios promovieron la finalización de los trabajos de tal suerte que la gerencia de Aproferrol ha comunicado que el emisor submarino ya se encuentra en funcionamiento a pesar que no ha revelado cuantas empresas se han adherido a este sistema ideal para la evacuación de sus efluentes industriales.

Sea como fuera, no había razón alguna para que seguir permitiendo que las empresas pesqueras sigan arrojando sus efluentes al mar, estos buzones son en realidad una suerte de canaletas que llevan los desechos industriales directamente a la bahía, allí mismo se ubican las pozas de recuperación de aceite de pescado, una suerte de colador que en el sector pesquero se le conoce como borra y finalmente se traslada a las plantas de refinación de este producto para su posterior comercialización, empero, en el lugar, es decir, en la cabecera de playa se deja una verdadera inmundicia.

Con esta medida la Municipalidad como las autoridades ambientales están advirtiendo a los empresarios que ya no pueden seguir arrojando sus efluentes al mar y que, de acuerdo al PACPE, deben evacuarlos previo tratamiento en las plantas que ya deben haber instalado en sus centros fabriles y arrojarlos por el emisor submarino.

Sin embargo, se desconoce hasta la fecha cuantas pesqueras se han adecuado a este sistema de evacuación industrial, la fractura registrada al interior de Aproferrol no ha permitido que los medios de comunicación tengan acceso a mayor información y hasta donde se recuerda el Grupo Técnico Supervisor del PACPE no se ha vuelto a reunir en nuestra ciudad a pesar que se encuentra pendiente este tema de infracción de las plantas industriales.

Es evidente que el propósito de las autoridades es detener, de una buena vez, la impresionante contaminación que siguen promoviendo las empresas pesqueras, lo que no se llega a entender son los motivos por los cuales no aplican la norma que castiga a los malos empresarios con la cancelación de la licencia de operaciones en caso se mantengan rebeldes al nuevo sistema de evacuación industrial.

Creemos que ha llegado el momento de emplazar a los empresarios del sector pesquero, estamos casi seguros que a pesar que les han clausurado los buzones y las pozas de recuperación encontrarán otra manera ilegal y barata de seguir lanzando sus desechos al mar, de allí que aun cuando ha sido encomiable el accionar de las autoridades ambientales es aún insuficiente, si no ejecutan los apercibimientos será difícil que se consiga algo efectivo en este tema. Esperemos que ya pisen el acelerador”

Fuente
http://www.diariodechimbote.com/portada/editorial/82682-editorial--aun-es-insuficiente-

miércoles, 16 de septiembre de 2015

El caso de los recursos pesqueros


"Los recursos pesqueros constituyen un ejemplo clásico de un SES complejo sistemas social-ecológicos (SES por su sigla en inglés). Dicha complejidad ha impedido que la mayoría de los recursos pesqueros mundiales hayan sido extraídos en forma sostenible a largo plazo (Branch et al., 2011; Pitcher y Cheung, 2013; Watson et al., 2013; Pontecorvo y Schrank, 2014). 
En efecto, reportes recientes (FAO, 2014a) indican que el 29 por ciento de los recursos marinos se encuentran sobreexplotados o colapsados, y el 71 por ciento están plenamente explotados (61 por ciento) o sub-explotados (10 por ciento). Es importante reconocer que los recursos plenamente explotados no admiten incrementos de las capturas, por lo cual un incremento del esfuerzo no es deseable. La sobreexplotación no solamente ha afectado a las especies objetivo, sino también a aquellas capturadas incidentalmente y a su hábitat. Aún cuando los planes de manejo han mejorado ostensiblemente a través del tiempo, gracias a la obtención de series de tiempo prolongadas y a la elaboración de modelos sofisticados, muchos recursos pesqueros críticos han sido inevitablemente sobreexplotados, llegando incluso a niveles cercanos a su colapso (Worm et al., 2009; Branch et al., 2010; Pitcher y Cheung, 2013). En este contexto, si bien se demostró que el acceso abierto o irrestricto a los recursos pesqueros generaba un fracaso en su óptima asignación y llevaba finalmente a su sobreexplotación y disipación de los beneficios económicos derivados de la actividad (Seijo et al., 1998), la asignación de derechos de propiedad ha atenuado tan solo en parte los problemas de sobreexplotación y colapsos pesqueros.
Los recursos pesqueros constituyen SES complejos cuyo manejo se dificulta por la complejidad inherente a cada subsistema y por las numerosas fuentes de incertidumbre que los afectan. En un SES pesquero, el ecosistema del recurso (p. ej. zona costera), las unidades de recurso (p. ej. almejas, corvinas), los usuarios (pescadores) y el esquema de gobernanza (organizaciones, reglas, leyes y decretos que rigen la pesca) son relativamente separables pero interactúan, afectando no solo a los componentes de dichos subsistemas sino al sistema como un todo. Por ejemplo, la actividad pesquera industrial en mar abierto afecta la disponibilidad del recurso a la flota artesanal que opera en lagunas costeras y viceversa. Esto produce externalidades, es decir, efectos externos no contabilizados por el pescador que lo genera, pero que afectan a otros usuarios del recurso.
El marco teórico simplificado de la estructura de un sistema pesquero incluye los subsistemas “recurso”, “usuarios” y de “manejo” (Seijo et al., 1998; Defeo et al., 2007). Estos subsistemas tienen idiosincrasias que cambian de una pesquería a otra y de un lugar a otro (incluso dentro de una misma pesquería).
El subsistema de recursos incluye: a) el ciclo de vida de la especie (incluida la biología de la reproducción, reclutamiento, crecimiento y mortalidad); b) factores ambientales que afectan la abundancia y distribución espacio-temporal de las especies; y c) interdependencias ecológicas. El subsistema de los usuarios de los recursos incluye las flotas que operan en la pesquería, su dinámica espacial, la composición de la captura (incluyendo diferentes especies o componentes de la población y curvas de selectividad), y las funciones económicas. El subsistema de manejo (o gestión) capta toda la compleja dinámica de los dos primeros subsistemas, más fuerzas externas, tales como mercados, la política, los grupos de presión e intereses sociales. También incluye formas de intervención, desarrollo institucional, criterios de selección de las estrategias de manejo, aplicación de mecanismos y la forma de lidiar con múltiples criterios en la selección de instrumentos de manejo. La naturaleza intrínseca del sistema pesquero varía en función de diferentes historias de vida, prácticas de captura, y de las opciones de gestión. De este modo, la interacción de los tres subsistemas produce el comportamiento único del sistema global (Defeo et al., 2007).
El mar es en términos generales un bien público donde cualquier miembro de la sociedad tiene igualdad de condiciones para acceder y apropiarse de los recursos naturales que se encuentran en él.
El acceso abierto a los recursos pesqueros constituye una condición necesaria y suficiente para la sobreexplotación de los recursos y el colapso de pesquerías, generando lo que en el ámbito de manejo de recursos naturales se ha dado en llamar “la tragedia de los comunes”. Por ello es necesario establecer medidas de manejo pesquero que lleven a una explotación sostenible a largo plazo.
El enfoque ecosistémico, relevante a todos los recursos naturales en general y a los pesqueros en particular, busca lograr dicha explotación sostenible. 
Los párrafos anteriores mostraron el innegable rol que juega la gobernanza en el manejo de recursos naturales, incluyendo los pesqueros, como parte crítica y estratégica para la consecución de la sustentabilidad en SES complejos. Mediante la gobernanza se intenta asegurar tanto el bienestar humano y la equidad social como el buen funcionamiento y equilibrio del ecosistema en el cual se explotan los recursos contenidos en éste. Esto es especialmente importante en pesquerías de pequeña escala, donde las aproximaciones verticales (“top-down”) de gobernanza no han funcionado satisfactoriamente en la mayoría de los casos. Por tanto, se ha incrementado la percepción de la necesidad de una activa participación de los usuarios en la toma de decisiones para mejorar la crítica situación de los recursos explotados en pequeña escala por comunidades costeras y de aguas continentales.
Los conceptos recientes sobre teoría pesquera muestran la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para garantizar el acceso de las comunidades pesqueras en pequeña escala a los recursos, fortaleciendo los sistemas de derecho pesquero y otorgándoles a dichas comunidades una mayor responsabilidad en la toma de decisiones. En este contexto, existe una tendencia creciente a nivel mundial dirigida a fortalecer el derecho de uso, acceso y propiedad de los pescadores de pequeña escala, de tal manera de crear incentivos para una administración responsable. Este enfoque es ideal si se combinan aspectos de manejo de los recursos con la conservación de los ecosistemas que contienen a dichos recursos, en una clara visión a largo plazo, idealmente bajo una política de Estado que permita construir una voluntad política en todos los niveles.
Esto implica que las comunidades pesqueras deben constituir parte de la columna vertebral en el desarrollo socioeconómico y en el cuidado de los servicios prestados por los ecosistemas. La FAO ha desarrollado en las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala (FAO, 2012), disposiciones específicas sobre la gobernanza y derechos de propiedad en este tipo de pesquerías. Entre otros aspectos, estas directrices buscan mejorar la gobernanza de la pesca de pequeña escala y promover una utilización sostenible de los recursos, particularmente en el marco de un enfoque ecosistémico pesquero (EEP) donde la FAO ha jugado un papel protagónico.
Estas directrices pueden convertirse en una poderosa herramienta para mejorar la gobernabilidad, es decir, la calidad de la gobernanza, y lograr el desarrollo sustentable del sector con equidad intergeneracional. El apoyo para su aplicación requiere esfuerzos concertados, un importante desarrollo organizacional y el fortalecimiento de las capacidades en todos los niveles.
En los conceptos previamente vertidos radica la filosofía de este documento: no es posible desarrollar un EEP sin la participación de los usuarios, no como meras figuras decorativas en un esquema escrito en papel, sino como un componente crucial en la gobernanza de los recursos. Es por ello que este documento enfatiza el EEP y el co-manejo como modo de gobernanza ideal para alcanzar los objetivos perseguidos de sustentabilidad. En el Capítulo 2 se articula el concepto de sistemas pesqueros como SES complejos (desarrollado en el presente Capítulo) con el EEP, destacando el papel del hombre como elemento clave en su desarrollo y la participación de los usuarios en la gobernanza de los recursos. El Capítulo 2 desarrolla además definiciones y conceptos teóricos básicos del EEP para luego incluir aspectos prácticos que van desde su implementación hasta la evaluación del desempeño de un plan de manejo bajo un EEP. 
Uniendo los conceptos desarrollados en los Capítulos 1 y 2, el Capítulo 3 desarrolla el co-manejo como modo de gobernanza idóneo en pesquerías en pequeña escala a efectos de implementar un EEP. Se destaca la necesidad de consolidar este modo de gobernanza en la medida en que el EEP supone una consulta continua a los actores principales desde el momento mismo de su gestación. Asimismo, este modo de gobernanza va de la mano de Acuerdos Internacionales y del Código de Conducta para la Pesca Responsable de FAO, que enfatiza la necesidad de cambios en los enfoques de gestión. Se aportan definiciones y tipos de co-manejo, su estructura, objetivos, fases y beneficios, y las condiciones e indicadores posibles para evaluarlo en el marco de un EEP. Se resalta el carácter dinámico y adaptativo del EEP y del consecuente modo de gobernanza que se sugiere como ideal para desarrollarlo. 
Por último, en el Capítulo 4 se proveen ejemplos cercanos a la aplicación del EEP en pesquerías de pequeña escala de América Latina. Se hace hincapié en las pesquerías de invertebrados y las pesquerías que cuentan, o han contado, con la formal o informal implementación del co-manejo como modo de gobernanza. Se evalúan ventajas y debilidades como resultado de la implementación de esquemas de manejo que contemplaron aspectos relacionados con el EEP o enfoques similares en pesquerías de pequeña escala en América Latina, así como las estructuras idóneas que pudieran llevar a este enfoque a jugar un papel protagónico"


Estas notas son transcripciones del documento publicado por FAO:

Enfoque ecosistémico pesquero, Conceptos fundamentales y su aplicación en pesquerías de pequeña escala de América Latina

Por Omar Defeo, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, UNDECIMAR, Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay

Fuente
http://www.fao.org/3/a-i4775s.pdf

viernes, 11 de septiembre de 2015

Sector pesquero se diversifica

“Cómo surgen nuevas industrias en la explotación de recursos naturales.
La empresa peruana Tecnológica de Alimentos S. A. (TASA) acaba de informar que en los próximos meses comenzará a producir y exportar Omega 3 (aceite de pescado concentrado) a mercados de Asia, Estados Unidos y Europa. La noticia es un hito en el progreso de la industria pesquera nacional y, además, un ejemplo ilustrativo de cómo se diversifica la producción sin necesidad de que intervenga el estado.
Tal como lo ha señalado el presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Roberto Abusada, ningún proceso de diversificación productiva se hace desde el estado -como cree el actual gobierno-, sino desde abajo hacia arriba, por acción de las fuerzas del mercado. La experiencia “industrializadora” de los años 70 lo corrobora: ninguna de las industrias que promovió el estado sobrevivió, porque no tuvieron correlato alguno con los mercados.
En el caso de TASA, ha sido la demanda potencial del producto lo que  impulsó a esa empresa a invertir en la construcción y equipamiento de una planta para producir aceite de pescado concentrado, y como resultado de esa apuesta ya ha sido visitada por directivos de empresas asiáticas, estadounidenses y europeas que demandan Omega 3.
Otra enseñanza importante que nos deja la experiencia de TASA es que desmiente el relato estatista que sostiene que la explotación de nuestros recursos naturales nos condena a ser un país primario-exportador. Al contrario, la explotación de esos recursos genera cadenas productivas de industrias y servicios conexos. Esto lo vemos también en la minería, alrededor de la cual han emergido nuevas industrias, como la de refinados y la metalmecánica.
La producción de Omega 3 se suma a otras industrias derivadas de la pesca que se han consolidado con el libre mercado, como la de alimentos balanceados para animales, la de conservas de pescado o la de congelados.
El sector pesquero, por cierto, tiene un enorme potencial diversificador que podría ser aprovechado al máximo. Por ejemplo, en la producción de nuevos derivados de los concentrados de proteínas marinas o en la explotación industrial de algunas especies como el atún y la pota.
Quizá el papel del estado en estos esfuerzos sea el de fomentar la investigación orientada a desarrollar tecnologías para encapsular Omega 3 en nano-cápsulas que se mezclan con otros alimentos para darles mayor valor nutritivo, o para producir las cápsulas gelatinosas convencionales que tienen una gran demanda global.
La explotación industrial de pota permitiría aprovechar una especie altamente nutritiva que está subexplotada. Las empresas industriales podrían abrir nuevos mercados dentro y fuera del país, y gracias a su infraestructura. que incluye una cadena de frío y un soporte logístico modernos, se podría llevar la pota a la sierra y a la selva, convirtiéndola en la segunda fuente de proteínas del país.
La industria pesquera también podría explotar en gran escala el atún, un producto que tiene gran demanda en el mundo, pero primero se tendría que encontrar la manera de compensar el alto costo que se invierte en combustible para los barcos, por ser una especie que se extrae mar adentro.
En conclusión, la explotación de nuestros recursos naturales pesqueros ha permitido crear nuevas industrias y tiene un gran potencial para crear otras más. Ha diversificado su producción en buena parte, y puede seguir diversificando más, sin necesidad de que el estado intervenga como el gran elector, solo con libre mercado”

Fuente

NOTA DE PESCA

Interesantes opiniones que no dejan de tener gran parte de razón.

Sin embargo el libre mercado tiene que tener control en el caso de la industria extractiva porque necesita ser regulada en beneficio de la sostenibilidad de los recursos y por los impactos que causa sobre el medio ambiente y el ecosistema.

Hay consecuencia sociales también sobre la pesca artesanal cuando esta compite con tecnologías a las que no puede acceder que son además potencialmente depredadoras si no se regulan.

La propia industria congeladora y conservera nacional puede encontrar competencia desleal en algunas circunstancias bajo presencia de flotas de bandera extranjera. 

La actividad del atún no es igual que la de la pota ni la del jurel o anchoveta. Ninguna especie es exactamente similar a otra en cuanto a manejo e impactos.


Ningún extremo es bueno. Una especie extinguida no puede ser regulada. Para no llegar a la extinción ni al impacto negativo sobre ningún área de las actividades humanas, comerciales y ambientales, debe haber controles y regulaciones.

miércoles, 9 de septiembre de 2015

Dos de cada tres países fracasan en la reducción de la mortalidad infantil

"Solo un 32% logró reducir las tasas de muertes de menores de cinco años a un tercio, como establecían los Objetivos de Desarrollo del Milenio

El mundo no ha logrado su meta de reducir la mortalidad infantil en un tercio. Era una de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) que se plantearon para 2015. Aunque tanto en términos absolutos como relativos mueren menos niños menores de cinco años, la cantidad se ha conseguido rebajar en poco más del 50%, no en el 66% que se pretendía. Además, según un informe de Unicef publicado hoy en The Lancet, la gran mayoría de los países se ha quedado a las puertas de conseguir este hito: sólo 62 de los 195 con datos disponibles consiguió la reducción de mortalidad que se perseguía.

Recortar el fallecimiento de niños a un tercio era el número cuatro de los ocho objetivos que los líderes mundiales se plantearon en el año 2000. Tomaron como referencia el número de decesos de menores de cinco años del año 1990 en el mundo, que fue de 91 por cada 1.000 nacidos vivos. Con datos de julio recopilados, la estimación es que se ha llegado a 43 muertes por cada millar de alumbramientos. Esto ha supuesto una reducción en cifras absolutas de 12,7 millones a 5,9 millones por año, con lo que se estima que 236,3 millones de niños han muerto en el periodo de 25 años que abarcaban los ODM.

Solo dos regiones alcanzaron el objetivo: Asia Este y Pacífico y América Latina y Caribe. Entre los 62 países que lo lograron, 24 son de renta baja y media, entre los que figuran por ejemplo Etiopía, Eritrea, Bangladesh, Georgia, El Salvador, Bolivia, Egipto, Camboya, Nepal y Yemen.
 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) —las nuevas metas que la comunidad internacional se ha planteado para cumplir en 2030 y que serán aprobadas a finales de este mes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York— se marcan otro ambicioso hito para dentro de 15 años: reducir las muertes infantiles a menos de 25 por 1.000.

Para alcanzar esta meta de los ODS, 47 países tienen que acelerar sus progresos, según los investigadores. Entre ellos, 34 del África Subsahariana. Los autores señalan que incluso con progresos, el número total de muertes corre el riesgo de no bajar, o incluso subir en esta región, ya que la población de niños menores de cinco años se incrementará significativamente.

“Cada muerte infantil representa la pérdida de un ser humano único. Los países y la comunidad internacional tienen que pasar a la acción inmediatamente para acelerar el acceso de los niños a la salud y el desarrollo. Si no se intensifican los esfuerzos para reducir la mortalidad infantil, particularmente en las áreas donde es mayor, los objetivos post 2015 no se alcanzarán. La supervivencia de los niños debe permanecer en la agenda de los ODS", concluyen los autores del artículo"

Fuente

NOTA DE PESCA

En el contexto descrito, el Perú posee una ventaja única y una gran posibilidad para eliminar la desnutrición infantil. La anchoveta constituye una herramienta importante si es que existiese una adecuada política de Estado de largo plazo que permita utilizarla en la alimentación infantil, en especial de las zonas vulnerables.

Han existido programas de consumo de anchoveta, unos exitosos y otros no tanto; pero lo que no ha existido es continuidad y voluntad política por seguir avanzado a través de la introducción de mejoras en los programas  perfeccionándolos.


Esto nada tiene que ver con la industria reductora de harina de pescado, la cual es un negocio diferente. Utilizar una parte de la biomasa de anchoveta en beneficio de la alimentación nacional no afecta a la industria. Es tan solo un tema de decisión y voluntad política. 

Hubo programas exitosos; pero que requerían mayor plazo, como el Proyecto Pesca Responsable desarrollado por el ex CEP Paita por ejemplo. Descontinuado, despreciado y abandonado, no solo por la falta de políticas sino por el exceso de rotación de funcionarios en la administración de las instituciones responsables.

jueves, 3 de septiembre de 2015

LA ACUICULTURA EN EL PERU

El Estado Peruano ha hecho importantes esfuerzos para promover la acuicultura:

DL 030-2001-PE del  12 de Julio del 2001 que aprueba el reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura dada con la Ley 27460.

DECRETO SUPREMO Nº 020-2008-PRODUCE del 6 de diciembre del 2008 que declara de interés nacional a la actividad acuícola al reglamentar el Decreto Legislativo Nº 1032 que declara de interés nacional a la actividad acuícola

DS 001-2010-PRODUCE del  7 de enero del 2010 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola.

Finalmente el DL 1195 del 30 de Agosto del 2015 que es la nueva Ley General de Acuicultura.

“Este objetivo prioritario fue incluido también en la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura (Ley N° 27460) y su Reglamento (D.S. N° 30-2001-PE), los cuales encargaron a la Dirección General de Acuicultura del Ministerio de la Producción, elaborar un Plan Nacional de Desarrollo Acuícola (PNDA).

El PNDA, establecido jurídicamente en la Ley N° 27460 “Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura”, ha sido elaborado por la Dirección General de Acuicultura del Despacho Viceministerial de Pesquería del Ministerio de la Producción, en consulta con diferentes organismos públicos, gobiernos regionales, sector privado y otros usuarios de la acuicultura, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) en el marco del Proyecto TCP/PER/3101 (D) “Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura en el Perú”, y viene a ser una guía para el desarrollo del sector acuícola en el período de 2009 a 2021.

El PNDA formulado por la Dirección General de Acuicultura y basado en una estrategia elaborada con el apoyo de la FAO, fue fruto de un largo y complejo proceso de desarrollo de políticas y planificación, que incluyó el reconocimiento de la necesidad de una política de desarrollo del sector acuícola, reflejado en la Ley N° 27460 promulgada el año 2001, un diagnóstico de la acuicultura en el Perú elaborado en 2004 por expertos peruanos con el apoyo técnico de la FAO y actualizado a principios de 2008, un proceso de elaboración de la Estrategia y un Plan de Acción, en consulta con diferentes usuarios del sector acuícola peruano a través de diversos talleres participativos”.

Lo irónico es que estas acciones promocionales se hicieron cuando la estructura del Ministerio contaba con una Dirección General de Acuicultura, lo que le otorgaba cierta precedencia e importancia a las actividades acuícolas. Pero en el actual gobierno se reestructuró el Ministerio y desapareció esta Dirección repartiéndose sus funciones y recursos humanos en otras direcciones. 

Con  la reciente ley, cuando ya no existe una Dirección General de Acuicultura, se cambia de nombre al despacho viceministerial denominándolo Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura.

Los títulos y los nombres resultan importantes cuando constituyen señales o marcan la referencia a un nuevo relato o una nueva agenda. En este caso el nuevo nombre para el Despacho Viceministerial podría haber sido complementado con la restitución de la Dirección General de Acuicultura, ya sin que exista una Dirección específica para la actividad  podría resultar complicada la gestión.

Finalmente la realidad impone su propio paisaje y es que en los últimos 15 años, pese a las leyes y promociones, no ha habido una respuesta importante del empresariado.

Algo similar ocurre con la pesquería del atún. Los intentos del Estado por promocionar ambas actividades, por alguna razón, no tienen eco ni respuesta en los inversionistas.

Marcos Kisner Bueno

Al respecto, el diario El Comercio comentó:

 “Todos los sectores son iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros”. Parafraseando a George Orwell, este es el sentir que parecen recoger las conclusiones de la Mesa Acuícola promovida por el Ministerio de la Producción (Produce). Como se sabe, la cartera a cargo de Piero Ghezzi desarrolla mesas de trabajo para distintos sectores económicos en las que representantes de los organismos estatales competentes y de la empresa privada intercambian ideas y soluciones para incentivar la inversión.
Como resultado de estos intercambios, se ha logrado levantar algunas trabas importantes que limitaban los emprendimientos empresariales, sobre todo en el sector forestal. Hasta ahí, todo bien. En el sector acuicultura, sin embargo, el problema empieza a tomar forma cuando se pretende otorgar facilidades excepcionales a esta actividad, beneficios de los que otras actividades no gozan. En concreto, en paralelo con el decreto legislativo publicado el domingo pasado por Produce para fortalecer la industria, existen propuestas para que la acuicultura pague un Impuesto a la Renta de 15%, la mitad de la tasa aplicada a los demás sectores.
Dado que las facultades delegadas por el Parlamento al Ejecutivo no son suficientes para establecer un cambio en el régimen tributario, la iniciativa tendría que ser aprobada por el pleno del Congreso para su implementación. La actividad económica en cuestión, de hecho, gozó de incentivos tributarios por varios años hasta que, en el 2013, el marco legal que la favorecía expiró. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, la de la acuicultura no ha sido una historia de éxito. Mientras que, por ejemplo, las exportaciones de la agroindustria acumularon US$4.000 millones durante el 2014, las de productos relativos a la acuicultura –como las conchas de abanico– sumaron apenas US$300 millones.
La reducción de impuestos parece entonces, a primera vista, únicamente una propuesta poco efectiva. Como remarcó el ministro de Economía, Alonso Segura, existen otros problemas por solucionar para el despegue del sector más allá de los impuestos. Ahí está, por citar un ejemplo, el limitado trabajo que ha hecho el gobierno para abrir mercados de exportación mediante el levantamiento de barreras fitosanitarias. Desde China hasta Bolivia, las entidades gubernamentales equivalentes al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) de distintos países –con los que incluso tenemos tratados de libre comercio– colocan restricciones paraarancelarias que impiden las exportaciones acuícolas peruanas.
Pero la disminución de la carga tributaria para la acuicultura no es solo una medida ineficaz, sino que responde a una práctica que tiene ya larga trayectoria en la historia económica nacional: la identificación desde una oficina gubernamental de supuestas industrias estratégicas que merecen un trato especial. Por supuesto, no sorprende que algunas empresas privadas promuevan esta reducción impositiva, pero llama la atención que el ministerio considere proponerla. Después de todo, la eliminación de las exoneraciones y recortes tributarios –que no hacen sino distorsionar el mercado– fue parte clave de las reformas económicas emprendidas a principios de la década de 1990, y una de las razones por las que el modelo económico empezó a caminar.
Aparte de brindar oportunidades para que inescrupulosos empresarios o servidores públicos se aprovechen indebidamente de los descuentos tributarios –por ejemplo, haciendo pasar los ingresos de una actividad conexa como si fuesen provenientes de la acuicultura–, diferencias en las tasas de impuestos ocasionan problemas económicos más profundos.
En un escenario en el que la cancha está desnivelada, proyectos de inversión que pueden tener una mejor rentabilidad que la acuicultura –como, quizá, inversiones en manufactura o gastronomía– son dejados de lado para apostar por la actividad subsidiada. El punto de fondo es que, si la acuicultura es realmente una actividad productiva que genera ganancias y empleo, esta no debería entonces necesitar una ‘empujadita’ gubernamental, sino que los empresarios por su cuenta la verían como una buena alternativa de inversión.
Todo ello no quiere decir que la acuicultura no sea una actividad relevante. Por el contrario, para algunas regiones como Puno y Tumbes esta mantiene un gran potencial por explotar. En zonas pobres y de difícil acceso, además, la acuicultura es una alternativa interesante y rentable comparada con la agricultura. Es por eso una buena noticia que el Produce esté interesado en levantar las trabas que hacen más difícil invertir en ella. Sin embargo, la historia apunta a que son las personas libres y sus emprendimientos –exitosos o no, pero en igualdad de condiciones– los que a la larga deben determinar los sectores económicos rentables, no el Estado desde una oficina en la capital en reunión con empresarios interesados".
Fuente
http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-multiplicacion-peces-noticia-1837593