El ministro de la
Producción, Piero Guezzi, señaló que el problema de la pesquería no es tan
complicado.
Guezzi dijo que el problema
se encuentra en tres puntos claves a solucionar: primero, el costo de los
derechos de la pesca que son muy bajos; segundo, una regulación y supervisión
adecuada puede reducir la pesca informal; y tercero, que no se cuentan con los
recursos para ello.
Elevar los derechos de
pesca es justo, pero no es el único problema. No será sencillo tampoco. El DL
1084 congeló esa tasa por 10 años. Por tanto, al tener rango de ley,
modificarlos requeriría otra ley. ¿La aprobaría el Congreso? ¿Y en cuanto
tiempo? ¿Tendría la fuerza para combatir el lobby pesquero?
Muchas empresas han firmado contratos de estabilidad jurídica referidos
al DL 1084. No se trata solo de dinero, sino de
poder.
Por otro lado, la
estructuración del canon pesquero, se hace sobre la incorporación del 50% de
los derechos de pesca recaudados y del 50% del impuesto a la renta de tercera
categoría del sector. El otro 50% permanece a disposición de Produce. La
utilización de este porcentaje no es pública, no se difunde ni se cuelga en el
respectivo Portal de Transparencia del Ministerio de la Producción, que es el
ente recaudador, por lo menos hasta ahora. La distribución del canon pesquero
sí se difunde a través del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de
Economía de Finanzas.
Elevar los derechos de
pesca para financiar los costos de fiscalización es una medida insuficiente y
no resuelve el problema en su totalidad. La baja recaudación del impuesto a la
renta de tercera categoría, que influye en el canon pesquero, es un tema que
amerita mayor atención.
El escondido aquí es que el
Estado cobra ese impuesto en función a la eficiencia de la empresa y a la
pulcritud de la declaración de utilidades de la misma. Supongamos dos empresas
que producen ambas la misma cantidad de producto terminado con la misma
cantidad de materia prima. Una es eficiente y la otra menos eficiente. Por
tanto una gana más dinero que la otra y obtendrá más utilidades por lo cual
tanto pagarán impuestos diferentes pese a haber extraído la misma cantidad de
materia prima.
Pero lo que ocurre es que
ambas empresas extrajeron la misma cantidad de peces de su hábitat a un costo
cero, porque no se puede asumir ni creer que los derechos de pesca que pagan
sean una cifra que refleje el verdadero valor de esa materia prima. Por tanto
el Estado recauda nada por el valor de su recurso natural y cifras distintas
por impuesto a la renta dependiendo de lo que declara cada empresa luego de sus
operaciones de extracción, procesamiento y comercialización.
Esa extracción de materia
prima genera un impacto negativo sobre el medio ambiente, contamina tanto la
flota como la planta industrial y se genera un impacto sobre el ecosistema. Por
lo tanto, adicionalmente a que no se paga por el valor de materia prima, no se
cobra por los impactos que genera, lo que lleva al estado a mantener un
ecosistema contaminado o a programar su descontaminación utilizando recursos
provenientes de otras fuente de financiamiento, o sea de impuestos de otros
sectores.
Todos quienes realicen
esfuerzo pesquero deben estar sometidos a un pago de derechos por la
explotación de recursos naturales patrimonio de la Nación. Este pago constituye
el costo de la materia prima para el pescador, porque de lo contrario su costo
sería equivalente a cero, distorsionando de esta forma su realidad y creando un
régimen privilegiado e injusto en relación con el resto de industrias.
Considerando, además, que el mayor porcentaje de las capturas se convierten en
producto de exportación, un costo cero, bajo o irreal no favorece a la Nación
que es poseedora del recurso, sino a poblaciones extranjeras para con quienes
el país no tiene mayor obligación que la de establecer un comercio de precios
justos.
La pesquería debe pagar un
justiprecio en beneficio de la Nación que además la compense por los impactos
que causa sobre el ecosistema y sobre el medio ambiente.
Para ello debe explorarse
nuevos mecanismos de recaudación.
Así como la minería paga
regalías y se discute en todos los foros la aplicación de impuestos a las
sobreganancias, debería discutirse también la necesidad de aplicar regalías a
la extracción de recursos pesqueros, que si bien es cierto son renovables, no
significa que se puede lucrar con ellos en beneficio de una reducida porción de
la población sin abarcar a toda la sociedad.
Durante mucho tiempo la
Revista Pesca ha sostenido que la contribución tributaria de la pesquería en el
Perú es injusta, así como también los derechos de pesca que paga por la
extracción de los recursos pesqueros.
A través de numerosos
artículos, estadísticas y análisis publicados en sus ediciones mensuales así
como en suplementos, ha comentado la necesidad de introducir cambios y reformas
en cuanto a la participación del país en el negocio pesquero, un negocio que
genera utilidades a costo cero, de una materia prima que pertenece a todos los
peruanos.
Es destacable la actitud de
la ex Ministra de la Producción, así como del nuevo Ministro que, ha mencionado
que el incremento de los derechos de pesca es un tema de agenda. Sin embargo
este tema ya fue introducido por el ex ministro Burneo en el Plan Estratégico
Sectorial Multianual. Por tanto, no debe
presentarlo como un tema de coyuntura nada más.
Más allá del tema puntual
de los derechos de pesca, que es toda una problemática en sí misma, no es sino
parte de una injusticia que se corregiría introduciendo el concepto de regalías
pesqueras, así como perfeccionando la base legal del Canon Pesquero que genera
actualmente una distribución de dicho concepto injusta y absurda, como también
se ha analizado en diversos artículos.
Para mayor información
pueden consultarse los siguientes enlaces:
Las exportaciones
pesqueras, además de no pagar IGV puesto que se restituye este tributo, son
incentivadas con un drawback, que no es sino un estímulo a la exportación. Lo
cual es útil en términos de promoción. Sin embargo la autoridad correspondiente
debería considerar si en lugar de incentivar y premiar la exportación de
proteína, se reemplaza este incentivo por uno que estimule y premie la venta de
productos pesqueros al mercado interno. No es igual exportar espárragos, que
muy pocos comen en el país, que exportar pescado que sí todos comen o pueden
comer.
La política sectorial de
siempre, menciona el incremento del consumo de pescado como un objetivo. Más
allá de una declaración lírica, lo real es que el pescado es caro, no existe
una red de frío a nivel nacional, ni una infraestructura adecuada para
comercialización que asegure la continuidad del abastecimiento, la inocuidad y
preservación de estos productos, así como el incremento de su oferta.
La inversión privada es
nula o pequeña en esta área porque para la industria es más sencillo y beneficioso
exportar estos productos. Las cifras así lo confirman. El eliminar el drawback
y reemplazarlo por otro tipo de estímulos para generar la inversión en
infraestructura de frío y el incremento de la oferta de pescado y mariscos
dentro del país resulta interesante.
La demanda nacional existe;
pero es insatisfecha debido a los altos precios y a la ausencia de medios de
distribución, almacenamiento y comercialización en el interior del país.
Los programas sociales no
son una solución a largo plazo, como sí lo serían mecanismos de promoción que
hagan atractiva la creación de empresas y pequeñas o micro empresas dedicadas a
la comercialización interna de los recursos hidrobiológicos del país.
Existiendo necesidad y
demanda de alimentos y de proteína, el Estado debe vender la idea de convertir
este abastecimiento en un negocio, que además genere empleo, limitando su
actuación a la capacitación en esta materia.
La exportación no debe
analizarse solamente desde el punto de vista de la cantidad de divisas
generadas, (que son del exportador y no del país), sino preguntar cuánto
impuesto ha pagado, deducido el drawback y la devolución del IGV.
• Los derechos de pesca
vigentes son bajos.
• El impuesto a la renta
también es bajo, y hasta desaparece cuando se le contrasta con los impuestos
que el Estado devuelve al sector. Tema complejo que se subsanaría aplicando
regalías a la extracción, es decir poner un precio a los peces, que hasta hoy
no lo tienen. Las cifras indican que lo que la industria paga por derechos de
pesca y de impuesto a la renta son pobres en relación con el deterioro que
causan en el medio ambiente y no valorizan los peces y mariscos. Resulta, en
términos prácticos que todo lo que se pesca tiene costo cero. La materia prima
les sale gratis, porque lo que se gasta en pescarlo no es costo de la misma
sino operativo. Los beneficios económicos del sector pesquero marítimo alcanzan
a una fracción mínima de la población costera involucrada. Los volúmenes de
recursos pesqueros naturales no aumentan a la par que crece la población
vinculada a la extracción. Los recursos pesqueros no aumentan en función a la
demanda.
• La contaminación y
reparación del daño causado al ambiente hasta el momento no están resueltos.
Los límites Máximos Permisibles (LMPs) para la descarga de efluentes asignados
a la industria reductora han sido generosos y los plazos de adecuación a sus
PAMAs (Programas de adecuación y manejo ambiental) también. La industria de
consumo humano directo no tiene hasta ahora LMPS que permitan controlar y
eventualmente sancionar el exceso de contaminantes vertidos al mar. Toda la
flota pesquera no tiene el control debido de sus descargas de aguas sucias y residuos
oleosos porque no se aplica la normativa del Marpol.
Convertir a la industria en
un justo aportante, que pague lo debido por la extracción de recursos naturales
y que esos fondos contribuyan a mejorar el propio sector y la vida de las
poblaciones costeras, es un imperativo que debe incorporarse en la agenda
política y que la industria continúe su desarrollo y crecimiento.
