Es altamente improbable que
las autoridades políticas designadas, las autoridades elegidas, o los
políticos, se interesen por atender la problemática pesquera, imponer
autoridad, orden y normas adecuadas para garantizar la sostenibilidad de los
recursos pesqueros.
Es muy improbable que
autoridad alguna se enfrente a los grupos de presión para cambiar el modelo
asegurando una justa participación de la Nación en la riqueza pesquera. Una
autoridad eventual, temporal, casi precaria, tímida, inexperta y sin el apoyo
de un Palacio de Gobierno fuerte, está condenada a perder la batalla contra los
grupos que tradicionalmente han dominado la pesquería peruana. Hay mucho dinero
en juego como que permitan un cambio del status.
La única probabilidad de
introducir cambios justos en el manejo de la pesquería peruana, radica en las
acciones que la Sociedad Civil pueda organizar y realizar en forma sostenida para
enfrentar a la manipulación del poder fáctico y equilibre la presión que ejerce
sobre la política y la autoridad a través de la manipulación de organizaciones
que siembran el desorden, el caos, el desconcierto y la desinformación.
La balanza de la presión
debe equilibrarse y la sociedad civil debe introducir presencia en la discusión
y en las demandas.
Es competencia de la
autoridad tributaria, SUNAT, la fiscalización y evaluación de las
contribuciones por impuesto a la renta del sector pesquero.
Es competencia del MINAM el
establecimiento y determinación de los pasivos ambientales pesqueros.
Es competencia del Congreso
de la República la modificación de la ley del canon pesquero que a la fecha
atomiza los dineros del mismo a niveles que en muchos casos no constituyen una
posibilidad de gasto ni corriente ni de inversión para la entidad receptora.
Es competencia del PRODUCE
evaluar la actual tasa de derechos de pesca y proponer sus modificaciones.
Es competencia del Titular
de Pliego de Producción formular y proponer una política pesquera integral que
coloque las contribuciones de la industria pesquera en un nivel justo para el
país.
Es competencia del Titular
del Pliego de Producción evaluar y proponer la aplicación de regalías a la
extracción de recursos pesqueros.
Es competencia de Palacio
de Gobierno analizar en su verdadera
dimensión la problemática pesquera y definir una política de largo plazo en
beneficio del país y no solamente de la industria.
Es competencia de la
Sociedad Civil exigir una mejor y más justa participación en la explotación de
sus recursos naturales, sean renovables o no renovables.
En el modelo actual (con la
salvedad de que la administración actual está intentando cambiarlo), en
términos generales el Estado norma y
regula la pesquería en función de los intereses de los administrados y no del
conjunto de la sociedad, que es la propietaria del recurso. Los administrados
disponen de varios mecanismos para conseguir normas que calcen a su medida,
mientras que la Sociedad Civil no dispone de ningún elemento o mecanismo que la
represente en la repartición de sus recursos pesqueros.
En esta ecuación, el Estado
está en deuda con la sociedad peruana, tanto en el reparto de las ganancias
derivadas de la actividad pesquera, como en el daño ambiental que produce la
actividad y que la población recibe como impacto negativo contra su calidad de
vida.
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