En un escenario de escasa contribución de la industria pesquera para el país, los empleados públicos de diferentes regímenes laborales, quienes son responsables de implementar las decisiones políticas, laboran con sueldos casi congelados en el tiempo.
Irónicamente el sector tiene una deficiencia en la ejecución presupuestal que se aprecia en el siguiente cuadro:
La falta de ejecución presupuestal no solamente ha significado un perjuicio para gastos de inversión y gasto corriente, sino que tampoco ha tenido un reflejo de derivación de ese menor gasto a favor de las remuneraciones de la gente que tiene la obligación de implementar políticas y controlar la pesca ilegal.
Lograr que se incremente la contribución de la industria no sería una medida suficiente mientras no se mejoren los índices de la ejecución del presupuesto.
Mejores remuneraciones debieran resultar en mayor eficiencia y motivación para el desarrollo de una labor más ágil en beneficio de la sostenibilidad de los recursos pesqueros, lo que implica mayor investigación e inversión en infraestructura, particularmente en aquellas áreas en las cuales no se aprecia interés de inversión privada.
Los cada vez más altos índices de exportaciones mejoran los ratios macroeconómicos pero no se aprecia un mejoramiento de los presupuestos ni de los salarios, ni de las inversiones del Estado.
El reto que tienen las administraciones de pesquería que asuman la responsabilidad durante el presente gobierno, son de tal magnitud que, de lo que hagan o dejen de hacer, dependerá el futuro de la pesquería peruana en una situación de alta complejidad derivada del cambio climático y del agotamiento de las poblaciones ícticas.
El sector requiere de reformas estructurales tanto en sus aspectos normativos como en sus aspectos internos. La reciente reestructuración sufrida por PRODUCE podría ser insuficiente si no corrige detalles como los mencionados. Las cifras indican que pareciera que la nueva organización ha omitido detalles de tipo ejecución presupuestal como la creación de Direcciones que carecen de espacio físico y de metas presupuestales. El cambio interno podría ir en perjuicio del cambio estructural que el sector requiere.
Es improbable que una administración poco versada en el tema pesquero, cuya permanencia en el cargo es temporal y precaria, asuma una firme defensa de los intereses medioambientales y de la sociedad a largo plazo. Más aún con administrados que harán lo necesario para defender sus intereses. Por tanto es la sociedad civil, la gran mayoría y la legítima propietaria de los recursos pesqueros, la obligada a organizarse para defender sus derechos a un medio ambiente sano y a pesquerías sostenibles para las próximas generaciones.
Marcos Kisner Bueno
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