LA BASE LEGAL DEL ORDENAMIENTO PESQUERO EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

La línea de trabajo de la Revista Pesca y su blog, ha sido y es, exponer temas y problemas referidos a la pesca en el Perú. La acuicultura no es materia sobre la cual trate la Revista Pesca.

Se exponen ideas y también hechos, con una visión de país y no de parte, a fin de que la colectividad disponga de insumos para analizar, formarse opinión propia y actuar en consecuencia, si es que corresponde.

Se procura tratar temas de fondo sin menoscabo de las personas ni de las instituciones. Sin embargo, algunos personajes, interpretan incorrectamente este propósito, como es en el caso del ROF del IMARPE. Hay quienes consideran un ataque a la institución, el hecho de denunciar que autoridades del sector no aprueban hasta ahora el nuevo ROF, que es un mandato legal. Es la exposición de un hecho concreto, real y verificable, que los directivos responsables no están cumpliendo el mandato dispuesto en el DL 1677 y en el DS 015-2025/PRODUCE, sin que medie explicación alguna. Nadie puede estar por encima de la ley.

Una denuncia de actos ilegales de los responsable de la dirección de la institución, no es una agresión al IMARPE ni a ninguna otra entidad. Las instituciones no son responsables de lo que hacen sus jefes de turno. Se cuestiona al responsable, al infractor de la norma. Exponemos un hecho concreto que no puede ser ocultado o disfrazado con otros comentarios ni tampoco minimizado.

No es la intención ni la línea de Pesca entrar en debates ni discusiones, sino que los lectores analicen y formen sus propias opiniones.

En este contexto no podremos hablar debidamente de ordenamiento pesquero si las normas y leyes no se cumplen. Quienes defienden la violación de ley con argumentos inexistentes, tratando de desviar la atención sembrando la idea de que se está atacando a la institucionalidad del IMARPE, están equivocados, o no admiten que la ley, por dura que sea, es la ley.

Si se permite que la pesquería sea administrada sin respetar una sola norma o ley, entonces puede replicarse su incumplimiento en muchas más situaciones y la administración se volvería anárquica.

La ciencia es ciencia y no debe estar dirigida por funcionarios que pretenden disimular el incumplimiento de la ley solo porque a alguien no le ha gustado la norma. Hay mecanismos para resolverlo, pero en ningún caso la rebeldía de la propia autoridad.

La Ley General de Pesca tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. La misma menciona que son patrimonio de la Nación los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú.

En consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés nacional.

Los recursos pesqueros pertenecen a la Nación, legítimamente representada por sus autoridades. Los artículos 66 a 68 de la Constitución Política del Perú, establecen que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado promover su uso sostenible; y conservación de la diversidad biológica. Es en ese contexto que el Estado otorga permisos de pesca para la extracción de recursos naturales, renovables en el caso de los hidrobiológicos. Por tanto, no son los pescadores ni la industria los propietarios del recurso.

Los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley Nº 26821, establecen que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales, mediante el aprovechamiento sostenible de estos, a través de las leyes especiales sobre la materia y las políticas del desarrollo sostenible, entre otras acciones. Del mismo modo, el artículo 20 de la referida ley, dispone que el aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. Todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales, es absolutamente indiscutible.

En este marco jurídico, el Estado no interviene nada más que dando el marco regulatorio dirigido a cumplir metas de control biológico y de protección. 

Los ciudadanos peruanos, legítimos propietarios de los recursos naturales, debieran orientar sus demandas a una mayor y mejor participación en los beneficios que otorga la pesca. Los recursos pesqueros son de todos los peruanos y no solo de unos cuantos.

La administración pesquera adecuada a la realidad nacional, debiera ser la suma de normas y acciones conducentes al logro de cuatro objetivos principales:

·      Asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

·      Alcanzar la Seguridad alimentaria con creciente consumo de productos abundantes, especialmente en zonas de extrema pobreza.

·      Elevar la calidad de los productos hidrobiológicos y el nivel de la pesca artesanal a través de la capacitación.

·      Optimizar el ordenamiento del sector.

A la fecha, los ROPS (Reglamento de Ordenamiento Pesquero) que existen, están diseñados recurso por recurso y no con enfoque ecosistémico. La gran mayoría de especies no tienen reglamento. Es necesario aplicar a nuestra pesquería el concepto y los principios del manejo ecosistémico; diversificar el esfuerzo pesquero y propiciar iniciativas que redunden en el consumo humano de nuestros recursos.

Ello exige contar con información científica para asegurar la sostenibilidad de los recursos y evaluar factores económicos y sociales que inciden directa o indirectamente en la actividad pesquera. Y

complementariamente se requiere acciones educativas y de capacitación.

Los pescadores artesanales, que antes capturaban sus especies a poca distancia de sus poblaciones hoy se han visto obligados por la necesidad, a convertirse en pescadores de altura y se aventuran a veces hasta más allá de las 200 millas en busca de especies sustitutas a su pesquería tradicional, como el perico y la pota, por ejemplo. Sin embargo, no gozan de mayor interés ni apoyo por parte de las administraciones de la pesquería, en especial en temas educativos y de capacitación.

El ordenamiento pesquero debe fijar la sostenibilidad como el criterio fundamental para el manejo de los recursos renovables, respetando la base legal y la normatividad existente. Esta sola afirmación, por simple que parezca, podría convertirse en el único objetivo por cuanto implica múltiples acciones complementarias y colaterales que abarcan casi toda la problemática pesquera.

El objetivo central del gobierno debe ser sencillo y estable en el tiempo: “Promover el desarrollo eficiente y sostenible de nuestras principales pesquerías”. En otras palabras, regular la pesca de tal manera que no se agoten los recursos pesqueros.

 

LA EDUCACIÓN Y LA CAPACITACIÓN EN PESCA EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

La extracción de los recursos pesqueros debe considerar una visión de manejo responsable y adecuado que aseguren su sostenibilidad.

En ese sentido, en la orientación para crear conciencia de responsabilidad en la extracción, no existe un Plan Nacional de Capacitación para los pescadores artesanales ni para los operadores de la cadena productiva del consumo humano directo. Tampoco existe un Plan Educativo para las poblaciones costeras y ribereñas orientado a la protección de los recursos hidrobiológicos y del ambiente marino, fluvial y lacustre.

La capacitación es fundamental dentro de cualquier estrategia de desarrollo para este sector. Pero también la educación al poblador y al consumidor.

Sin embargo, hoy en día se encuentra dispersa, no tiene una visión ni responde a las necesidades ni a la realidad actuales. Muchas instituciones del sector dan capacitación en base a sus propios planes y procedimientos, los que no están debidamente articulados ni coordinados. Lo mejor que se tenía en cuanto a la capacitación era el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita, destruido por una indebida fusión con el FONDEPES y actualmente en un lamentable estado, muy alejado de sus mejores momentos.

Para este propósito se requiere elaborar una estrategia nacional de capacitación, que genere un plan integral detallado y de largo plazo para la educación y capacitación de los trabajadores de las cadenas productivas y de comercialización del consumo humano directo.

La visión de largo plazo de la pesquería peruana debería orientar, no solo la actividad regulatoria del Estado, sino modelar una estrategia educativa nacional integral, que facilite la conservación del ambiente, la inocuidad de los recursos capturados, la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos de todo el país y la provisión de proteína barata a la población nacional.

El Estado debe prestar mayor atención a la educación de la población sobre las posibilidades de capturas de productos hidrobiológicos y el estado de las pesquerías. Debe propiciar que los conceptos de ecosistema, seguridad y soberanía alimentarias, cambio climático, fenómeno El Niño y sostenibilidad sean conocidos por la ciudadanía.

La educación y capacitación del pescador artesanal y demás operadores de la cadena productiva del consumo humano directo, deben considerarse primordiales debido a las exigencias de calidad que vienen incrementando los países importadores de nuestros productos, así como de nuestro propio mercado, que no puede ser tratado como de segundo orden. Los peruanos merecemos la misma calidad que lo se exporta. Las plantas procesadoras de productos congelados, enlatados y curados se abastecen exclusivamente de esta cadena productiva, por lo cual requieren de altos niveles de calidad y sanidad.

Ante la situación actual del estado de las poblaciones de los recursos pesqueros y la incertidumbre sobre los efectos del cambio climático, no es recomendable seguir formando nuevos tripulantes de embarcaciones pesqueras ya que, además de incrementar la presión por realizar mayor esfuerzo pesquero, que es lo que se debe evitar, crea pescadores sin ocupación, desilusionados por la falta de empleo y/o de recursos para extraer así como una competencia por ocupar puestos de trabajo que presiona sobre los ya existentes. Sin embargo sí pueden presentarse posibilidades de empleo en la generación de valor agregado a las capturas.

No existe información y difusión orientados a contribuir a la conversión de los actuales armadores informales en pequeños o medianos empresarios pesqueros debidamente entrenados, con permiso de pesca, con RUC y como propietarios de micro empresas que contraten apropiadamente a sus tripulantes, lo que les asegura, a estos últimos,  cobertura de salud, seguridad social y pensión. También el acceso a fuentes de financiamiento. Estas unidades económicas, eficientes y rentables generarían bienestar a los pescadores y adecuados productos pesqueros para la población.

Existe una gran demanda y presión por parte del sector de tripulantes de embarcaciones artesanales y también de menor escala para acceder a seguridad social y pensiones. Se han ensayado varias fórmulas sin éxito, cuando la solución más simple es que sus empleadores se formalicen y los coloquen en una planilla formal para que accedan, como el resto del sector laboral formal, a estos servicios.

La formalización también facilita el acceso a todo tipo de seguros que se requiera para proteger la embarcación.

Las posibilidades de extracción tienen límites naturales, lo que obliga a dirigir el esfuerzo hacia el valor agregado, escalando lo máximo posible. Siendo necesaria la generación de valor agregado a fin de poder alcanzar mejores niveles de rentabilidad en beneficio del pescador, del trabajador del sector, del consumidor y del Estado, es importante diseñar mecanismos de creación de capacidades.

Para la mayoría de los pescadores artesanales, uno de los haberes más preciados es su capital intelectual, el cual se encuentra representado por un conocimiento detallado del caladero y el comportamiento de las poblaciones de peces. Es precisamente este conocimiento específico el que lo ayuda a sobrevivir en la competencia con las embarcaciones más grandes y poseedoras de una mayor tecnología. Sin embargo,  su supervivencia solo mejorará en función de la capacitación contínua a la que acceda y a la inversión en tecnología que ejecute.

En este sentido, la educación es responsabilidad del Estado, quien debe diseñar una política educativa para el sector.

La Universidad y la academia peruanas también tienen espacio para crear programas educativos que conduzcan al mismo objetivo: mejorar la respuesta de las poblaciones costeras y ribereñas ante los impactos del cambio climático y la conservación de las especies dentro de límites adecuados de sostenibilidad.

LA PESQUERIA: EL MARCO GENERAL EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

"El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas".

Paul Greenberg

Se puede leer los planes de gobierno de todos los partidos. Algunos ofrecen algo para la pesca, otros no. Que en su momento se cumplan o no, es otra cosa. Pero...¿Cuáles son las propuestas para la pesca de los candidatos al senado? ¿Y cuáles son las propuestas de los candidatos a diputados? Ellos no tienen que hacer un plan de gobierno porque no es de su competencia, ¿pero qué ofrecen hacer desde sus cargos elegidos?

No se puede gobernar, administrar o regular lo que no se conoce. La administración desconoce el volumen real de la biomasa de todas las especies del ecosistema marino de Humboldt y del ecosistema fluvial y lacustre.

En el caso de la extracción, recién desde los censos del 2012 y 2013 y de la ENEPA IV realizada entre el 2022 y 2023, se conoce el número de pescadores y embarcaciones artesanales existentes. Pero no se puede determinar con precisión la capacidad de extracción que tiene la flota artesanal y de menor escala, ni el impacto que viene teniendo sobre las poblaciones de peces que extrae.

Para una adecuada administración de la pesquería se necesita fundamentalmente dos cosas: Primero, conocer cuántos administrados tiene, a todo nivel, pescadores, armadores, artesanales, industriales, embarcaciones y plantas de proceso. Segundo, se requiere información científica sobre los recursos hidrobiológicos. De esta manera se puede establecer cuál es la capacidad de extracción que soporta el ecosistema y cuál es la capacidad de realizar esfuerzo pesquero existente. Correlacionando ambos datos recién se puede determinar cuanta biomasa puede capturarse a fin de regularla debidamente y por otro lado, saber si hay un excedente de embarcaciones, lo que permitiría establecer si es posible otorgar nuevos permisos de pesca y/o reducir los existentes.

Sin esa data ¿puede un funcionario que además no conozca de pesca, administrar correctamente el sector, en especial en tiempos de crisis como los actuales? La respuesta es NO. Sin embargo así se viene haciendo. No hay información científica suficiente que permita sustentar que los volúmenes de extracción de la pesca artesanal son sostenibles. Solo se posee información sobre el jurel, caballa, pota, merluza y anchoveta en forma constante debido a los cruceros que todos los años se realizan para determinar sus cuotas anuales de extracción. Pero los recursos objetivos de la pesca artesanal carecen de reglamentos de ordenamiento y no disponen de la asignación de un límite de captura que asegure su sostenibilidad.

La promoción de nuevas pesquerías, el incremento del consumo de pescado y/o el aumento del esfuerzo pesquero deben estar fundamentados en una sólida base de conocimiento científico. La investigación científica es pieza clave para regular y administrar cuotas, vedas y límites máximos de captura, así como número máximo de embarcaciones permisibles en torno al manejo adecuado del dominio marítimo, de las zonas costeras ríos y espejos de agua.

Se requiere realizar un nuevo censo y mayor investigación científica y estadística para disponer de la información mínima necesaria que permita asegurar la sostenibilidad de las pesquerías y darles el ordenamiento adecuado.

Un ecosistema en equilibrio natural es una realidad que primó hasta el pasado reciente. Las más diversas especies existían en abundancia y en equilibrio regidas bajo la regla presa-predador. Las especies se sirven unas de otras como alimento. La demanda del hombre costero por pescado estaba satisfecha y no irrogaba desequilibrio.

Un ecosistema en desequilibrio por actividad pesquera constituye la realidad actual. Está provocado por la mecanización y masificación de la captura de especies marinas, por la deficiente regulación y la ausencia de difusión de la realidad pesquera. Ello conduce a desórdenes de orden económico y social, al empobrecimiento del mar y a la frustración de los actores de la pesquería.

Un ecosistema en equilibrio con actividad pesquera debe ser el objetivo principal de la Administración Pesquera, que autoriza la extracción racional de una porción de biomasa de cada nivel trófico, privilegiando la cautela de ciertas especies y el sacrificio de otras en beneficio del hombre.

Deberá tenerse en cuenta que el marco del modelo económico en aplicación en el país, que estimula la libertad de empresa; así como la necesidad de mejoras tecnológicas en flota y fabricas que se requieren para mantener una industria competitiva, pueden inducir a un crecimiento de la capacidad de pesca. Esta situación se hace compleja cuando se tiene en cuenta las dificultades técnicas existentes para determinar cuál debe ser la capacidad de extracción y procesamiento adecuada y para establecer el marco regulador del acceso que mantenga en situación sostenible, en el largo plazo, a la actividad pesquera.

¿Qué se ofrece hacer por el sector, desde el Congreso de la República?

LA PESQUERIA PERUANA: EL PROBLEMA DE FONDO EN LA COYUNTURA ELECTORAL 2026

 

La actividad pesquera existe en función de la disponibilidad de recursos hidrobiológicos. Especies extinguidas por sobre pesca o sobre explotación, no podrían ser reguladas ni mucho menos utilizadas. La pesca tiene que ser regulada.

La regulación de las pesquería requiere de investigación científica en niveles no existentes a la fecha, lo que implica la necesidad de un reordenamiento del IMARPE.

Alcanzar pesquerías sostenibles y socialmente responsables no puede ser producto únicamente de leyes o normas, sino, además, de una adecuada capacitación y educación que facilitará el cumplimiento de la normativa en toda la cadena de valor de la pesca artesanal.

El principal objetivo estratégico para el sector pesquero, debe ser: Asegurar la sostenibilidad, sino de todas, por lo menos de las principales especies dedicadas al Consumo Humano Directo.

La protección de nuestros recursos pesqueros solo puede materializarse a partir de la existencia de un poder político que establezca políticas de largo plazo y optimice el funcionamiento del aparato estatal que administra y regula la pesquería.

En un sistema en el cual dar leyes requiere mucho tiempo y en el cual los funcionarios del sector no duran el tiempo suficiente para hacer algo significativo, probablemente no sea posible efectuar todos los cambios de fondo que el sector necesita en un solo gobierno. Por lo tanto, solo sería eficiente pensar en pocos objetivos fundamentales de corto plazo que puedan formar parte de una política que se pueda ejecutar en el tiempo que dura un gobierno, sin menoscabo de proponer medidas de largo plazo como una política nacional de pesca y acuicultura que mejore la recientemente aprobada y una nueva ley general de pesca.

Necesitamos conservar nuestros recursos pesqueros y su productividad para las futuras generaciones, asegurando la alimentación nacional como primera prioridad. Esto requiere regulación y control; pero también compromiso en un medio en el cual nadie puede controlar efectivamente el cumplimiento de las normas, lo que hace que el manejo sectorial sea complicado. Obliga, por tanto,  a mejorar la educación de los operadores y actores de las cadenas productivas de la pesca a fin de introducir un manejo auténticamente responsable. La introducción de un modelo educativo para el sector es una necesidad.

Este modelo debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para los pescadores y tripulantes. Debe ampliar su radio de acción a toda la cadena de valor de la pesquería de consumo humano directo, a todas las comunidades de pescadores marítimos y continentales y a las poblaciones costeras y aledañas a ríos y lagos. Debe ir más allá de lo tradicional para ampliarse a temas de protección al ambiente y a los recursos pesqueros; debe incursionar en temas que tengan por objeto crear conciencia sobre la necesidad y responsabilidad de proteger los ecosistemas y el futuro de los peces, como elemento clave para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.

El interés nacional requiere políticas que puedan, además de cuidar los recursos pesqueros para las generaciones futuras, darle a la sociedad una adecuada participación en las ganancias que obtienen quienes se ven beneficiados por una concesión de explotación de un bien común, patrimonio de toda la nación. Alimentos de precio accesible para toda la población, con la misma calidad de los que se exporta.

La definición de objetivos estratégicos y su inclusión en un plan de gobierno o política de gobierno o de Estado, es vital, pero apenas constituyen el primer paso. Es una declaración de intenciones. En términos prácticos, los cambios o reformas estructurales se activan únicamente a través de los instrumentos de gestión apropiados, los cuales son una ley, decreto supremo, resolución suprema o resolución ministerial. Mientras una política o un objetivo estratégico no aterricen en cualquiera de estos documentos de gestión, no deja de ser una declaración lírica que muestra voluntad política; pero no necesariamente implica efectos reales. Los planes de gobierno no pueden ser tomados como un hecho que se materializará al inicio del nuevo gobierno.

Estos documentos de gestión, que provienen de una decisión política, requieren de un informe técnico que los sustente. Esto requiere funcionarios capaces de entender el problema, la propuesta y convertirla en un documento. Este hecho constituye el punto crítico de la situación en la medida que no todos los responsables tienen la debida capacidad, y/o la voluntad para comprender el rol que juegan en la administración de la pesquería. Muchas normas urgentes o importantes se demoran por la parsimonia y desidia de algunos funcionarios que carecen de compromiso con el sector.