REFLEXIONES
SOBRE LA PESCA EN PERU
Se
publicita el tamaño de las exportaciones pesqueras, alrededor del cual surgen
datos colaterales. Abrimos los ojos ante las cifras, nos asombramos y nos
sentimos orgullosos de ser el país que alcanza estos niveles de producción y
ventas por encima de los demás.
Los
medios y los analistas difunden las cifras de captura y exportación, resaltando
el gran y positivo impacto que tienen las mismas sobre el empleo, el ingreso de
divisas al país, el crecimiento del PBI y la economía en general, lo cual
constituye una buena noticia para el Perú.
El
análisis se detiene ahí y no llegamos a conocer cuánto realmente ganó el país y
sus ciudadanos.
El
dinero de las ventas, como en cualquier otro negocio, pertenece al propietario
(s) de la empresa. De acuerdo a su estructura de costos y presupuesto, parte de
ese dinero se destina cubrir los gastos operativos y administrativos y
finalmente se obtiene una utilidad bruta sobre la cual se paga el impuesto a la
renta. Más adelante el Estado devuelve algunos impuestos internos como el IGV
por efecto de las exportaciones.
Al
país, o sea a los ciudadanos propietarios del recurso natural, solo se les
distribuye el impuesto a la renta que se paga sobre la utilidad bruta al final
del ejercicio y los derechos de pesca que forman parte de la estructura de
costos y que se paga antes de impuestos. Son estas cifras las que nunca se
informan, creándose una distorsión informativa por cuanto la ciudadanía es
inducida a creer que somos buenos solo porque pescamos mucho y vendemos mucho.
Pero no nos dicen cuánto hemos ganado como país.
Solamente
los derechos de pesca y el impuesto a la renta son los que se trasladan al
Estado y se aplican para beneficio de la gente, de los peruanos, a través del
presupuesto fiscal y del canon pesquero. El resto no es dinero del país.
Tampoco
debiera detenerse ni centrarse el análisis sólo en cómo se afecta la industria
con sobrecostos y la presión tributaria, sino y quizá más importante, qué es lo
que hace el Estado con el dinero que recauda.
Tampoco
se informa cuánto ganó la industria, tan solo nos informan de cuánto pescó,
cuánto exportó y cuánto pagaron por tasas y contribuciones que afectan sus
utilidades. En ese contexto ¿La contribución será justa, equitativa y adecuada?
¿compensará los impactos que causa?
Estas
consideraciones aplican a toda la pesca industrial, tanto en la parte
extractiva como procesadora. Sin embargo no aplican a la pesca artesanal, ya
que está exonerada del pago de derechos de pesca y, dado que gran parte de la
misma es informal, tampoco contribuirían con impuesto a la renta. Debe
entenderse que el hecho de obtener un permiso de pesca no necesariamente
formaliza tributariamente a la embarcación artesanal o de menor escala, ya que
se puede tenerlo sin RUC y sin él no hay tributación. El tripulante de una
embarcación pesquera, el pescador, trabaja para un patrón de lancha que a su
vez trabaja para un armador que es el propietario de la embarcación. Esta,
constituye una unidad de negocios y por tanto debe tener a sus empleados en una
planilla, pagar lo que la ley ordena y dar a sus empleados cobertura de
seguridad social y salud. Para ello requiere tener RUC. ¿Lo tienen? En todo
caso ¿cuántos tiene RUC y a los pescadores en planilla y cuántos no? Los
pescadores no debieran estar sin cobertura de salud y pensiones, por tanto ¿de
quién es la responsabilidad?
La
industria de CHD, que es un importante sector exportador, utiliza una materia
prima que no paga derechos de pesca por ser capturada por embarcaciones
artesanales. La norma así lo impone. La pota es uno de dichos recursos no afectos
y uno de los principales recursos de exportación del CHD.
Significa
que la pesquería de CHD más importante del Perú no paga derechos de pesca a
diferencia de la harina producida por la anchoveta, que sí paga derechos de
pesca.
Todas
las capturas efectuadas por la pesca artesanal, bien sean dirigidas a los
mercados o a las plantas congeladoras, conserveras o de curado, no están
afectas a derechos de pesca. Este es un asunto que en algún momento debiera
enfrentarse con lógica y visión de país.
La
industria de CHI tiene tasas y contribuciones distintas que la del CHD, tanto
en los derechos de pesca por los recursos que captura, como por las
contribuciones laborales. La del CHI tiene más costos laborales y costos
adicionales por el pago del Programa de Control y Vigilancia, derivados del DL
1084. Esta es una situación que debiera enfrentarse y racionalizarse, también.
Los
principales productos de la pesca son exportados y generan el movimiento
descrito anteriormente. Deberíamos conocer con la misma precisión cuánto se
destina al mercado nacional para consumo de los peruanos, tanto en volumen,
modalidad, valor de venta y público objetivo. ¿Quiénes compran productos
hidrobiológicos? ¿a qué precio, en qué volumen y cuál es el impacto que causa
para mitigar la anemia y la desnutrición en el Perú? ¿Qué mercados o lugares
del país son los que no los consumen y cuáles son los que más lo hacen?
Los temas de fondo en la pesquería para analizar y enfrentar, son muchos. No se aprecia voluntad ni decisión políticas del Estado para hacerlo.
Adicionalmente,
se observa resistencia del PRODUCE a dar cumplimiento a normas con rango de ley
como el DU 015-2020 que dispone la reestructuración del IMARPE y una demora en
la reglamentación de la Ley 31749 que raya en incumplimiento de su mandato.
A
los ciudadanos peruanos que no trabajan directa ni indirectamente en la pesca
no les interesa mayormente el asunto, como poco les interesa también la
política. Esta indiferencia y desinterés, probablemente debida a que cada uno
vive inmerso en sus propios problemas, y al hastío causado por la política
peruana, es lo que permite que unos cuantos dominen la economía, los medios y
orienten a la opinión pública de forma indebida o incompleta.
Todo
el aparato mediático, publicitario e informativo del modelo está diseñado y
estructurado para generar una imagen favorable a la industria. El asunto es que
esta es una actividad económica de la cual solo se informa de sus resultados al
país en forma parcial y/o los que convienen o favorecen a los intereses de la
industria, a su imagen y a los defensores del crecimiento del PBI en bruto y se
omiten aspectos colaterales e impactos que pudiesen ser considerados no tan
positivos.
La
difusión de información sesgada pareciera que tiene la intención de dirigir a
la opinión pública hacia una comprensión parcial del tema. Esta direccionalidad
apunta a resaltar los logros de la industria y su favorable impacto en la
macroeconomía nacional.
Por
ejemplo, las siguientes notas difunden información distinta entre ellas, no
mencionan la fuente ni la sustentan, en cuanto al empleo:
Felizmente,
el viceministro de Pesca y Acuicultura, en la siguiente nota de Andina ha
expresado lo siguiente: "el sector pesquero genera empleo para 90,000
personas, entre embarcados y no embarcados". Es la primera vez que un
funcionario del Ministerio ofrece una cifra del empleo pesquero que es
coherente con la información oficial existente en el Anuario Estadístico de
Pesca y Acuicultura. Hemos estado o estamos acostumbrados a que diversas
fuentes suelten cifras que no tienen sustento ni ofrecen la fuente, llegando
algunos a mencionar cifras de hasta 750 mil empleos. Hay que resaltar y saludar
esta información del viceministro.
LO QUE NO SE DICE
Sin
embargo, no se dice, no sabemos y además probablemente a poca gente le
interese, es que hay otras cifras y otra información que no se le transmite a
la opinión pública y que posiblemente sea más relevante que publicitar logros y/o
quejas. Esta consiste en lo siguiente:
ü ¿Cuánto genera de impuesto
a la renta de tercera categoría el movimiento económico derivado de la industria
pesquera?
ü Cuánto genera por pago de
derechos de pesca la captura de anchoveta y las otras especies afectas?
ü De ambas recaudaciones se
puede estimar el canon pesquero, ya que el 50% de los derechos de pesca y el
50% del impuesto a la renta se transfieren al canon. ¿Cómo se distribuye ese
canon, a qué gobiernos locales y regionales se destina y finalmente en qué se
emplea ese dinero? ¿A qué sectores de la población beneficia y en qué forma?
ü ¿Cuánto se les ha devuelto
a los exportadores por concepto de IGV, drawback donde y si corresponda y/o
tributos internos?
ü ¿Cuánto empleo directo
genera? Pero con cifras que tengan sustento oficial, ¿cuántos tripulantes han
empleado y cuántos trabajadores de las plantas de procesamiento y oficinas
administrativas y comerciales ha generado? ¿Cuáles han sido los sueldos
promedio? ¿Cuántos días efectivos han laborado y a qué se dedican cuanto
termina la temporada?
ü ¿Cuánto empleo indirecto
ha generado y por cuánto tiempo?
ü ¿Qué pasivos ambientales ha generado la actividad? ¿Cuál
es el nivel de contaminación atmosférica y marina que han generado tanto la
flota pesquera como las plantas? ¿Hay alguna forma de medirlo y/o se mide?
ü ¿Han pagado derechos de
pesca todos los obligados a hacerlo? Si no, ¿Quiénes son los deudores y cuánto
deben?
ü ¿Cuántas embarcaciones
pesqueras artesanales, de menor escala y de mayor escala existen a la fecha?
¿Cuál es su capacidad de captura por especie? ¿Hay relación adecuada entre las
biomasas de los diferentes recursos y la capacidad extractiva de la flota, que
garanticen pesquerías sostenibles?
ü ¿Cuánto cuesta el kilo de
pescado más barato en el mercado nacional y quienes pueden comprarlo? ¿Es
accesible a las mayorías o solo a los pocos que puedan pagarlo?
ü ¿Se puede promocionar un
mayor consumo de pescado? ¿Hay estudios científicos que señalen los límites
máximos de captura por especie o principales especies? ¿Sabemos cuánto más se
puede pescar sin afectar la sostenibilidad?
ü ¿La tasa de consumo de
pescado per cápita qué significa? ¿Que es el promedio de consumo de todos los
peruanos o de aquellos que pueden comprarlo? Si es solamente de los sectores de
la población que lo pueden pagar, ¿qué es lo que busca la promoción del
consumo? ¿Beneficiar a los menos solamente? ¿Qué nivel de acceso al pescado
tienen las mayorías?
La
narrativa no puede ni debe detenerse solamente en la sostenibilidad del
recurso, en el aporte de las exportaciones y la pesca al PBI, en la
investigación científica (que es relativa y selectiva), sino en aquellos otros
aspectos que nadie toca, ni comenta, como los enumerados anteriormente y
fundamentalmente:
¿Cuánto
gana la pesquería, tanto del CHI como del CHD; cuánto gana el país y cuánto
ganan los peruanos; cuánto y cómo contribuye a la reducción de la desnutrición,
la anemia y el hambre en el país?
¿Cuál
es la agenda del sector para el corto, mediano y largo plazo?
Porque
al final de cuentas, el recurso pesquero es patrimonio de todos los peruanos,
pertenecen a la Nación y no son propiedad de los pescadores ni de la industria
pesquera. El Estado otorga permisos de pesca para la extracción de recursos
naturales; pero no otorga derechos de propiedad sobre los mismos.
Alguna
vez hay que reflexionar sobre el asunto y, por lo menos, despertar el interés
por saber las cifras completas y conocer el funcionamiento de la pesquería
peruana en forma más integral.
Más
información en los siguientes links:
https://app.box.com/file/1472777689217?s=hj59lvx1vgbf997mgk9evxxhtk95ahhc
https://app.box.com/file/1371037699000?s=x6xqkf62somwiks5i09wvnbm51zm6yck
https://revistapesca.blogspot.com/2024/05/pescadores-empleo-estadisticas-y-el.html
https://revistapesca.blogspot.com/2024/03/peru-pesca-y-alimentacion-en-2024.html
https://revistapesca.blogspot.com/2024/02/la-gestion-publica-y-la-pesqueria.html
https://revistapesca.blogspot.com/2024/01/cifras-oficiales-de-la-pota.html
https://revistapesca.blogspot.com/2024/01/la-pota-una-noticia-incompleta.html
https://revistapesca.blogspot.com/2023/11/peru-y-la-contribucion-de-la-pesqueria.html
https://revistapesca.blogspot.com/2023/11/las-matematicas-en-la-pesca.html
“Los recursos marinos son un bien
público, no un recurso privado. Por tanto, el derecho de explotar esos recursos
debe asignarse con arreglo a criterios que garanticen que la pesca contribuya
lo máximo posible al interés público”
“…En tal sentido, cuando la generación
lucrativa de ciertas empresas pesqueras entra en conflicto con el bienestar
colectivo o la defensa de los bienes que resultan indispensables para que la
vida humana siga desarrollándose, la interpretación que de la Constitución se
haga debe preferir el bienestar de todos y la preservación de toda clase de
vida, toda vez que la Economía Social de Mercado condiciona la participación de
los grupos económicos al respeto del bien común y del interés general,
estableciendo límites para que la democracia constitucional no sea un espacio
donde se impongan las posiciones de los más poderosos económicamente en
detrimento de los demás bienes jurídicos protegidos constitucionalmente”.
