“La objetividad macroeconómica generó la presunción de que un país de “economía sana” se decidió a impulsar reformas estructurales como la privatización de muchos servicios públicos sin importar sus graves consecuencias sociales. La irracionalidad de dicho modelo se funda en que los beneficios obtenidos de tales inversiones y privatizaciones no han permitido crear un Estado eficiente ni moderno. La gestión de libre mercado no ayudó a aliviar las carencias públicas primordiales ni a resolver la muchas veces ineficiente gestión de fondos públicos –cuando no se infiltran en pequeñas o gigantescas operaciones de corrupción–. Muy por el contrario, el Estado suele ofrecer servicios públicos de bajísima calidad, operativamente ineficientes y de poco impacto en la población. Eso aviva la necesidad de una maquinaria “privada” paralela que impulsa un discurso a favor de la “salud individual”, vulnerando y desdibujando el concepto de “salud pública” y promoviendo la desigualdad social. Esta chata visión economista y de management promueve la idea de adaptar modelos de otros países sin considerar aspectos de importancia como la cultura y la historia, sobre todo en el Perú, que tiene una configuración de valores y actitudes sociales, étnicos y lingüísticos complejos y variados”.
MEMORIA COVID-19
José Carlos Mariátegui
https://drive.google.com/file/d/1xWZJ8gPE8A74C-zQuInJ3nCyhG1GUfvr/view
El
texto transcrito, que forma parte del segundo volumen del libro “Ensayos desde la pandemia para
imaginar el Perú Bicentenario”, publicado por El Proyecto Especial
Bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros, define de alguna
manera, la filosofía nacional de elaboración de las políticas públicas.
En
este contexto, nos encontramos con un sector pesquero injustamente relegado por
la ausencia de políticas de Estado y de agendas, ni siquiera de corto plazo.
Venimos asistiendo demasiado tiempo a la
improvisación y a la atención del día a día, a la actitud reactiva ante
conflictos o reclamos gremiales sin ninguna idea de futuro ni de país.
Es
así que ya transcurrieron ocho meses desde que promulgó un decreto de urgencia
declarando la reestructuración del Instituto del Mar, con un mandato perentorio
de 30 días para elaborar un nuevo reglamento de organización y funciones, sin
que hasta la fecha se tenga noticias del mismo. La entidad está siendo dirigida
por un Consejo Directivo, de alguna forma ilegítimo, puesto que el propio
Decreto de Urgencia dispone su reconformación sin que se haya hecho nada al
respecto. Pero más grave es que se inició un investigación por presuntos actos
de corrupción que daño honras y personas sin que se conozca los resultados de la
misma. Personas inocentes fueron perjudicadas por efectos colaterales de esta
situación y pareciera ser que este Gobierno terminará sin haber resuelto la
situación creada en enero de 2020. Que se sepa, públicamente no hay resultados
de dichas investigaciones ni sanciones a ninguno de los investigados hasta el
día de hoy.
Esta
administración ha heredado, además, otros pendientes que reflejan y evidencian
el daño que sufre el sector por la continua rotación de funcionarios y la
ausencia de agenda. Ocurre que una administración proyecta unas normas, esta
sale del cargo y quien la sucede la ignora o no la procesa. En esta nota
menciono proyectos que competen a dos aspectos importantes y trascendentes para
el sector: la pesca artesanal y los derechos de pesca.
Se
trata de proyectos de normas, que pueden ser emblemáticas, que fueron pre
publicadas en algún momento y que hasta la fecha siguen sin promulgarse:
DERECHOS DE PESCA
Lo
sensible del tema es que esta tasa, al provenir de la explotación de un recurso
natural que es propiedad de todos los peruanos, debería favorecer a todos. En
este contexto, la modificación de los derechos de pesca, sin revisar y
modificar la normatividad vigente sobre el uso de dichos recursos financieros,
resultaría una medida incompleta.
Racionalizar
los derechos de pesca implica subir aquellos que deban ser subidos; modificar
la normativa asignando pago de derechos de pesca a todas las especies, o a las
que contribuyen a la exportación en forma significativa (por lo menos);
eliminar los sobrecostos existentes en la industria; modificar la ley del canon
y/o la metodología de elaboración de los índices de distribución del canon
pesquero.
Esta
problemática no forma parte de ninguna agenda sectorial. Apenas si se toca el
borde del problema pretendiendo subir la tasa de algunos recursos, pero como
una medida aislada, tal como se aprecia en las siguientes pre publicaciones:
Resolución
Ministerial N° 494-2019-PRODUCE del 16 noviembre 2019
Dispone
la publicación del proyecto de norma mediante el cual se establece un nuevo
factor de cálculo del derecho de pesca por tonelada extraída del recurso anguila.
Resolución
Ministerial N° 495-2019-PRODUCE del 15 de noviembre de 2019
Dispone
la publicación del proyecto de norma mediante el cual se establece un nuevo
factor de cálculo del derecho de pesca por tonelada extraída del recurso merluza.
Resolución
Ministerial N° 044-2019-PRODUCE del 14 de febrero de 2019
Dispone
la publicación de proyecto de Decreto Supremo que establece un nuevo factor de
cálculo del derecho de pesca correspondiente al concepto de extracción del
recurso hidrobiológico anchoveta para CHD.
En
algún momento se tuvo la intención de incrementar en algo, los derechos de
pesca que pagan la anchoveta para CHD, la merluza y la anguila; pero pese a la
pre publicación del proyecto de norma, quedaron en el aire y no se ha tomado
ninguna decisión hasta la fecha.
PESCA ARTESANAL
La
problemática de la pesca artesanal es amplia y variada; pero tampoco constituye
parte de una agenda detallada, orgánica y de largo plazo.
En
este contexto, la administración de los DPAs constituye un problema que
pretendió ser resuelto mediante normas que, además de haber sido objetadas por
algunos gremios artesanales, no forman parte de una solución integral a las
necesidades de la pesca artesanal. En ese sentido se pre publicaron los
siguientes proyectos:
11/10/2019 R.M. N° 421-2019-PRODUCE que dispone la publicación en el
portal del Ministerio del proyecto de Resolución Ministerial que aprueba los
Lineamientos para el proceso de selección de la organización social de
pescadores artesanales que se encargue de la gestión administrativa de una
infraestructura pesquera artesanal no transferida
11/10/2019 R.M. N° 422-2019-PRODUCE , que dispone la publicación en el
portal del Ministerio del proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el
modelo de Convenio de Gestión Administrativa de las Infraestructuras Pesqueras
Artesanales entre el Ministerio de la Producción o Gobierno Regional el Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero y la Organización Social de Pescadores
Artesanales
11/10/2019 R.M. N° 423-2019-PRODUCE, que dispone la publicación del
proyecto de Resolución Ministerial que Aprueba el Manual de Administración de
Infraestructuras Pesqueras Artesanales en el Portal Institucional del
Ministerio
12/10/2019 R.M. N° 424-2019-PRODUCE, que dispone la publicación de
proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento de Supervisión de
la Gestión Administrativa de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales - IPAS
en el Portal Institucional del Ministerio
12/10/2019 R.M. N° 426-2019-PRODUCE, que dispone la
publicación de proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento que
establece los criterios para la determinación de tarifas aplicables a los
servicios que se brindan en las infraestructuras pesqueras artesanales en el
Portal Institucional del Ministerio
Otro
elemento importante de la problemática es la formalización del sector. Hasta la
fecha solo se han hecho programas para otorgar permiso de pesca a los armadores
y a eso le han denominado formalización lo cual no es exacto porque no los
convierte en sujetos tributarios ni tampoco en empleadores que brinde acceso a
la salud y seguridad social a sus tripulantes pescadores que tienen el derecho
y la necesidad, lo cual resolvería las demandas de los pescadores por acceder a
estos servicios.
La
formalización en la pesca requiere entender primero, que no es lo mismo el
armador pesquero que el tripulante o pescador embarcado. El primero es el dueño
de la embarcación, o sea el empresario y responsable de que esté en perfectas
condiciones para navegar, con todos los equipos, avituallamiento y demás
material necesario para su correcto funcionamiento.
El
armador y el patrón pueden ser la misma persona, pero no necesariamente. El
primero puede contratar a un patrón, que a su vez contrata o embarca a sus
tripulantes, que son pescadores embarcados. El barco o embarcación es una
unidad de negocio, por lo tanto se tipifica como una empresa. El tripulante es,
finalmente el empleado con que cada embarcación realiza la labor de pesca, la
cual genera ingresos y requiere de capital de trabajo, pero es muy diferente
del pescador o tripulante.
Entendidas
las diferencias entre armadores, patrones y tripulantes y, conocida la
problemática que tiene más de una década sin poder resolverse, cabe distinguir,
en cuanto al término formalización, las diferencias entre tener un permiso de
pesca y ser “formal”.
Luego,
de acuerdo a las diferencias entre embarcación artesanal y de menor escala,
proceder a regularlas debidamente de acuerdo a las competencias de los
gobiernos regionales y del ministerio.
El
armador tendría que contratar debidamente a los pescadores, ponerlos en
planilla y declarar mensualmente a través del PDT. Este solo hecho les daría
automáticamente derecho a ESSALUD y a pensión, sea ONP o AFP, resolviendo así
esta constante y justa reclamación de los pescadores. Simultáneamente se
generaría una base de datos de pescadores embarcados que hasta ahora no existe.
Hasta
ahora los reclamos por seguridad social se pretenden solucionar con
improvisaciones u ofreciendo las alternativas de salud que existen en el
mercado a través del MINSA o ESSALUD a fin de que puedan acceder a estas
prestaciones. Pero nada en cuanto a pensiones.
La
verdad es que no ha funcionado.
¿A
dónde va Palacio de Gobierno en materia pesquera? Es de allí de donde deberían
salir las directivas para un trabajo integrado entre los sectores responsables
que conduzcan a definir una agenda sectorial que nos brinde una visión de futuro
con una pesquería ordenada, inclusiva y sostenible. Nada de esto será posible,
en tanto no haya una voluntad política clara por ordenar la actividad pesquera
dentro de un marco establecido por una política con visión de largo plazo. Si
no se despoja de politiquería a la administración de la pesca peruana,
seguiremos hablando de los mismos problemas gobierno tras gobierno.