La protección de nuestros recursos pesqueros solo puede materializarse a partir de la existencia de un poder político que establezca políticas de largo plazo y optimice el funcionamiento del aparato estatal que administra y regula la pesquería.
En un sistema en el cual dar leyes
requiere mucho tiempo y en el cual los funcionarios del sector no duran el
tiempo suficiente para hacer algo significativo, probablemente no sea posible
efectuar los cambios de fondo que el sector necesita. Ello se agrava ante el
hecho de que la autoridad de pesquería, y los partidos políticos, nunca han
presentado una agenda de largo plazo o un proyecto de políticas de Estado para
la pesquería, que sugiera reformas estructurales.
En este contexto, solo sería posible pensar en pocos objetivos de corto plazo que puedan formar parte de una política de gobierno y que se puedan ejecutarse en el tiempo que dura un gobierno, en la medida que exista voluntad política de hacerlo.
Necesitamos conservar nuestros recursos pesqueros y su productividad para las futuras generaciones, asegurando la alimentación nacional como primera prioridad. Esto requiere regulación y control; pero también compromiso en un medio en el cual nadie puede controlar efectivamente el cumplimiento de las normas, lo que hace que el manejo sectorial sea complicado. Obliga, por tanto, a mejorar la educación de los operadores y actores de las cadenas productivas de la pesca a fin de introducir un manejo auténticamente responsable. La introducción de un modelo educativo para el sector es una necesidad.
Este modelo debe ir más allá del mero
entrenamiento técnico para los pescadores y tripulantes. Debe ampliar su radio
de acción a toda la cadena de valor de la pesquería de consumo humano directo,
a todas las comunidades de pescadores marítimos y continentales y a las
poblaciones costeras y aledañas a ríos y lagos. Debe ir más allá de lo
tradicional para ampliarse a temas de protección al ambiente y a los recursos
pesqueros; debe incursionar en temas que tengan por objeto crear conciencia
sobre la necesidad y responsabilidad de proteger los ecosistemas y el futuro de
los peces, como elemento clave para garantizar la seguridad y la soberanía
alimentaria.
La pesquería
sigue siendo conceptuada como fuente de riqueza vía exportación, negándonos a
aceptar que primero debe ser fuente de alimentación nacional. Si aspiramos a la
soberanía y seguridad alimentarias se necesita una pesquería que produzca, en
primer lugar, alimentos variados, sanos y accesibles para su población y, en
segundo lugar, para las oportunidades del mercado externo.
El interés
nacional, entendido como la defensa del bien común, impone políticas que puedan,
además de cuidar los recursos pesqueros para las generaciones futuras, que le den a la sociedad una adecuada
participación en las ganancias que obtienen quienes se ven beneficiados por una
concesión de explotación de un bien común, patrimonio de toda la nación; y finalmente
alimentos de precio accesible para toda la población, de la misma calidad de
los que se exporta.
Sin embargo,
ningún cambio ni mejora alguna serán posibles mientras no se establezcan un
mínimo de objetivos estratégicos debidamente consensuados y luego
apropiadamente convertidos en documentos de gestión que presenten acciones y
actividades concretas, susceptibles de ser medidas a través de indicadores.
La definición de objetivos
estratégicos y su inclusión en un plan de gobierno o política de gobierno o de
Estado, es vital, pero apenas constituye el primer paso. Es una declaración de
intenciones, es el inicio del camino; pero en términos prácticos, los cambios o
reformas estructurales se activan únicamente a través de los instrumentos de
gestión apropiados, los cuales son una ley, decreto supremo, resolución suprema
o resolución ministerial. Mientras una política o un objetivo estratégico no aterricen
en cualquiera de estos documentos de gestión, no deja de ser una declaración
lírica que muestra voluntad política; pero no es una decisión política con
efectos reales.
Estos documentos de gestión, que provienen de una decisión política, requieren de un informe técnico que los sustente. Esto requiere funcionarios capaces de entender el problema, la propuesta y convertirla en un documento. Este hecho constituye el punto crítico de la situación en la medida que no todos los responsables tienen la debida capacidad, y/o la voluntad para comprender el rol que juegan en la administración de la pesquería. Muchas normas urgentes o importantes se demoran por la parsimonia y desidia de algunos funcionarios que carecen de alma pesquera.
La cifra de 21 ministros en 18 años, desde la creación del Ministerio de la Producción, podría ser una de las causas de que la gestión del sector pesca durante el período sea inadecuada e improductiva para las necesidades de la pesquería. Si se suman el corto tiempo que cada Ministro permanece en el cargo, la inexperiencia de cada uno, la rotación constante de funcionarios de todo nivel, derivada del cambio del titular del pliego, podemos entender por qué el sector está en la situación actual: La precariedad y temporalidad del cargo genera ausencia de compromiso e indolencia antes problemas que desconocen. No basta la buena voluntad, o la capacidad personal, sin conocimiento y experiencia en pesca.
En la administración del sector, ha primado la ausencia de hechos efectivos, reales y prácticos para la pesca peruana. Muchas promesas que son difíciles de cumplir y un inapropiado manejo político y administrativo, se convirtieron en árboles que impidieron ver al bosque de necesidades y problemas que atender.
“Que los ministros cambien a menudo es un mal; pero hay uno peor, y es cuando un ministro malo no cambia nunca”. Pelet de la Lozere