El diseño de una
política pesquera debe hacerse por consenso, a la luz de lo que la historia
reciente nos ha enseñado.
La industria y el
Produce se enfrascaron en una guerra insensata derivada del DS 005, en el cual
solamente se perdió tiempo en detrimento del crecimiento y la ordenación
pesquera.
En los últimos meses
la industria pesquera evitó seguir en la guerra mediática y optó por defender
sus propuestas y reclamos a través de elementos técnicos.
De tal forma que la
SNP concluyó en un conversatorio en el cual la consultora Macroconsult presentó
un informe que combate técnicamente al DS 005, con éxito. Los argumentos
esgrimidos no han sido refutados por una autoridad de pesquería que ni se
presentó al conversatorio ni rebate las conclusiones del informe.
Siempre he sostenido
en mis artículos y editoriales que no se puede administrar ni regular lo que no
se conoce. En el caso de la pesca no se conocía el número de pescadores
artesanales. Ahora ya se conoce pero no he visto documento técnico alguno que
muestre cual es la capacidad de esfuerzo pesquero total que puede desarrollar
la flota artesanal e industrial. ¿Cuántas toneladas de cada especie pueden
extraer en su máximo esfuerzo? ¿Cuánta anchoveta como forraje necesita el resto
de especies de la cadena trófica para mantener un stock saludable?
Tampoco conozco
documento alguno que muestre cual es el volumen de las biomasas de todas las
especies del dominio maritimo peruano, cuál es su estado de salud y cuál es el
límite máximo de captura permisible para mantener saludable el ecosistema.
Todos hablamos hace
tiempo del enfoque ecosistémico; pero no hay documentos científicos que sirvan
como base técnica para una regulación efectiva en dicho sentido. Lo racional
sería conocer cuantas toneladas de anchoveta existen; cuantas toneladas de cada
una de las otras especies existen; y cuantas Tm de anchoveta requieren como
alimento para mantener sus biomasas saludables. De esa información se deriva la
cuota anual de captura de cada especie, la cual debería ser repartida entre la
flota existente. Si hay un exceso de flota para la cuota permisible, deberá
reducirse. Esto implica la existencia de información científica que no existe a
la fecha, así como un plan de reducción del esfuerzo pesquero, si fuese el
caso, porque no es posible extraer más recursos de los que la ciencia indica
que se debe extraer. El ineludible problema social que esto podría acarrear
obliga a una negociación entre las partes.
Por lo tanto una sola
expresión del último informe de Macroconsult resumen la razón de los reclamos
de la industria pesquera y pone el dedo en la llaga:
“No hay evidencia de
efectos negativos de la pesca de anchoveta sobre otras especies, ni afectación
a la pesca artesanal. Sin embargo, esta
última habría mostrado un crecimiento significativo de su esfuerzo pesquero”
Este simple
enunciado es determinante. Produce no ha replicado. La Administración no ha hecho su tarea, las
organizaciones civiles tampoco. El enfoque ecosistémico permanece como tema
académico sin evidencia real que pueda refutar a lo dicho por la industria a
través de Macroconsult.
Por más correcta que
sea la tesis ¿cómo puede Produce defender técnicamente y con pruebas el enfoque ecosistémico? Los escasos recursos
para la investigación de todas las especies del dominio marítimo del Perú no lo
permiten; pero si así es ¿porqué no se recaudan mayores ingresos o se
privilegia el mar peruano por sobre la investigación antártica?
Un segundo enunciado
que pone sobre el tapete la otra debilidad de los argumentos del Estado es el
siguiente:
“La exclusividad de
franja para embarcaciones de menor escala habría incrementado el sub reporte de
desembarque de anchoveta, poniendo en riesgo el recurso”
La industria está
imponiendo sus criterios con habilidad, calidad y tecnicismo, que superan con
mucho a la capacidad del Estado para normar, regular y responder. Para que una
norma no pueda ser rebatida ni objeto de conflicto requiere de un sustento
científico impecable y además de un consenso. Hacer lo contrario nos ha llevado
a un imperdonable entrampamiento que ha perjudicado al sector.
A la larga será
derogado el DS 005 y las cosas volverán a su estatus anterior.
Esto debería
terminar si logra implementarse la recomendación del CEPLAN. Pero dicha
comisión debe incluir no solamente al Estado y a los administrados de la
pesquería sino a un representante de la ciudadanía peruana, que es en última
instancia la propietaria del recurso.
Marcos Kisner Bueno