En el Perú los peces son gratis, o cuestan muy poco. Es uno de los elementos que convierten a la pesquería en un negocio altamente lucrativo y que atrae a todo tipo de inversionistas e interesados. En ediciones anteriores se ha detallado que los llamados “derechos de pesca” constituyen una tasa muy baja en relación al lucro que genera el negocio pesquero, cuya recaudación y empleo por otro lado, es desconocida. La pesca artesanal no es sujeto de pago alguno por la extracción.
Lo que constituye la cereza del postre es la producción de harina de pescado. En promedio, los días efectivos de pesca no superan los 6 meses al año por efecto de la veda reproductiva del recurso. Esto supone una calidad de empleo inestable, discontínua y aleatoria. Sin embargo la rentabilidad del negocio es tan alta que la presión por ingresar al negocio de la harina y por mantener un status de privilegio es enorme. Si no fuese así no habría tanta reacción contra cualquier tipo de intento de ordenamiento. El problema es que son muy pocos los favorecidos con este lucro y muchos menos los que viven de él o sobreviven gracias a él en proporción a la población nacional.
Probablemente no existe negocio en el mundo que, con un promedio de seis meses anuales de producción, facture un promedio de 1, 500 millones de dólares anuales (tomando los últimos 8 años como promedio) con una contribución tan baja de impuesto a la renta.
Durante décadas, el país ha asistido indiferente y silente ante un manejo normativo laxo y altamente favorable a la industria, generándose un status privilegiado, que a su vez a creado todo un sistema de corrupción en el sector el cual ha sido objeto de múltiples denuncias periodísticas.
El actual gobierno es el primero en mucho tiempo que, salvo por el interregno entre el ex ministro Burneo y la ministra Triveño, pretende imponer orden en el sector pesquero.
Las reacciones son visibles. Por todos lados se ataca a la gestión del Estado y se le intimida con demostraciones de fuerza, que al igual que en oportunidades anteriores y que en otros sectores, deben tener autores intelectuales y financiamiento que Estado debería investigar a fin de determinar cuál es el verdadero origen de una protesta que pretende intimidar al Estado creando anarquía, desorden, caos y conflicto.
Aún quedan unos años de gestión para observar no solo como se defiende el Estado, sino cómo introduce las reformas que beneficien al país y no a unos cuantos.
La reforma de fondo radica en colocar un precio justo a los peces, que reduzca el atractivo para seguir incrementando el esfuerzo pesquero. El resultado será un justa participación del país en el negocio y una apropiada reducción de la extracción en beneficio de la sostenibilidad de todos los recursos pesqueros.
La Ley General de Pesca es promotora de mayor extracción e inversión, lo cual fue válido probablemente en el tiempo que se promulgó. Hoy en día tal vez es necesario modificarla quitándole el sesgo promotor para reemplazarlo por criterios ecosistémicos y de reducción del esfuerzo pesquero en beneficio de asegurar sostenibilidad de las pesquerías.
Marcos Kisner Bueno